La violencia institucional irrumpe en la agenda política gracias a Sí Podemos Canarias

María José Belda, consejera insular y portavoz de Sí Podemos Canarias en la corporación, afirma que “hasta ahora, las administraciones públicas se han ocupado en desarrollar las necesarias políticas que hagan desaparecer la violencia ejercida hacia las mujeres en la sociedad y en el ámbito de la pareja y familiar; pero creemos que si algo está fallando es que son las propias instituciones las que tienen que llevar a cabo estas acciones desde dentro, para que no nos volvamos a encontrar con casos como el cuestionamiento sobre la víctima cuando es violada, como ya ocurrió públicamente con el caso de la manada; así como también sucedió con el vídeo en el que un juez y una fiscal se mofan de una víctima de violencia machista; o cualquiera de las situaciones que se viven a diario cuando se va a denunciar una agresión, violación o cualquier tipo de violencia hacia las mujeres”. “Estos casos que nombramos son la punta del iceberg, ya que detrás hay muchos más casos de violencia institucional que quedan ocultos de la exposición pública y que son la realidad con la que se encuentran muchas mujeres que acuden buscando amparo ante los recursos públicos, los cuales tienen la obligación de prestárselo desde el buen trato”. Belda afirma que “estamos hablando de una mala praxis que se ha normalizado dentro de las administraciones”. Con este acuerdo, Belda anuncia que el Cabildo de Tenerife se compromete a “realizar las ‘Primeras Jornadas sobre Concienciación y Erradicación de la Violencia Institucional de Tenerife’, lo que contribuirá a que la violencia institucional irrumpa en la agenda política”. Entre los acuerdos, también se plantea que “en coordinación con las diferentes administraciones, se ofertarán formaciones específicas dirigidas a las trabajadoras y trabajadores de la administración pública, para identificar, prevenir y solventar situaciones de Violencia Institucional en diferentes estamentos, tanto de ámbito municipal, como insular, autonómico o estatal”. Por otro lado, se ha acordado “instar al gobierno del Estado a elevar a las Cortes Generales la necesidad de incluir en el Estatuto Básico del Empleado Público como falta grave, el ejercicio de cualquier tipo de violencia institucional que se pudiera ejercer contra la mujer, dentro del marco de tratamiento y atención a la Violencia de Género; e incluir dicha conducta, asimismo, como falta muy grave, cuando el victimario tenga formación específica sobre la materia”. En este sentido, Belda afirma que “al no estar recogidas en este estatuto, nos tememos que estas acciones, hasta ahora, han quedado impunes”. Belda declara que con esta aprobación también se “muestra públicamente desde el Cabildo de Tenerife el absoluto rechazo y denuncia de cualquier práctica dentro del marco de la Violencia Institucional”. Uno de los acuerdos contempla que el Cabildo de Tenerife “inste al gobierno del Estado a que se inicie expediente para que se amplíe el ámbito de aplicación de la Ley de Violencia de Género y se incluya la Violencia Institucional como una de las violencias ejercidas hacia las mujeres”. La portavoz insular de Sí Podemos Canarias detalla que también “hemos incorporado en el acuerdo una aportación de otro grupo político, en el que se insta al gobierno de Canarias a iniciar, a través del Instituto Canario de Igualdad, la regulación pertinente para que la Violencia Institucional se recoja en la Ley de Violencia de Género de esta comunidad autónoma, en aras de reforzar la ley actual y avanzar así la protección integral de las mujeres víctimas de Violencia de Género”. María José Belda destaca que “existe una cierta perversidad en el hecho de que, desde las instituciones públicas, se lleve trabajando desde hace años por combatir la violencia hacia las mujeres, a través de grandes inversiones de dinero público para el desarrollo de políticas específicas, pero no se haya puesto solución a este grave problema”. Por último, Belda declara que “esta moción surge con la intención de darle respuesta a todas aquellas mujeres que cuando necesitan acercarse a la administración para presentar una denuncia por ser víctimas de las violencias ejercidas contra ellas, se encuentran con situaciones que empeoran su ya dura realidad, lo que hace que la mayoría opte por no buscar el amparo de la misma”.