Críticos denuncia a Ciudadanos ante Anticorrupción por posible financiación ilegal

Ciudadanos se ha encontrado con un nuevo obstáculo. La Plataforma por las Garantías Ciudadanas, una asociación que aglutina a afiliados y ex militantes críticos del partido, ha puesto una denuncia -con fecha de entrada del 2 de marzo- ante la Fiscalía Anticorrupción “por si pudieran existir indicios de la existencia de una financiación ilegal u otro tipo de delito contra la administración pública”. De acuerdo a esta plataforma, esta acción legal se produce porque consideran que la carta ética y financiera que Ciudadanos obliga a firmar a todos sus candidatos pudiera suponer una “posible ilegalidad sobre la forma de financiación del partido”, según publica el diario El Mundo. “Se está llevando a cabo esa posible financiación a través de las asignaciones públicas a los grupos políticos de los Ayuntamientos, Diputaciones y Parlamentos Autonómicos”, dicen. Los juristas de esta asociación consideran que podría llegar a suponer una “contradicción con la Ley Orgánica 8/2007 de financiación de los partidos políticos”. Si bien Ciudadanos fiscaliza todos los ingresos de sus cargos públicos para que financien el partido, el foco de la polémica es una cláusula contenida en su carta ética y financiera sobre ”dedicar los ingresos que se pudieran obtener para los grupos parlamentarios o municipales, al pago de los créditos que el partido hubiera podido contraer para hacer frente a los gastos de sus respectivas campañas electores”. La Plataforma considera que el fin de las aportaciones públicas para los grupos políticos municipales son para “atender sus gastos de funcionamiento”. Según el mencionado diario, la asociación de críticos estima que “difícilmente tendría encaje legal” en el articulado de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local y de la Ley de financiación de partidos “el destinar esas asignaciones a la financiación de un partido, como establece la carta ética y financiera de Ciudadanos”. Fuentes de Ciudadanos defienden, tras leer la denuncia y mostrar su sorpresa, que “no se denuncia ningún hecho en concreto, no expone ejemplos ni casos prácticos, por lo que no se denuncia nada, porque no existe ningún hecho ilegal. Además, la carta ética y financiera es algo que desde siempre se ha obligado a firmar a los candidatos, no a los grupos parlamentarios. La carta la firman los candidatos, no la firma ningún grupo municipal ni ningún cargo público”.