Las abuelitas canarias: la esperanza con premisas falsas

María Teresa Cruz Oval (*)

Han sido tres presidentes de gobiernos socialistas los que han garantizado más protección social a las personas que no han cotizado a la Seguridad Social o no lo han hecho suficientemente. Primero fue Felipe González, con quien se aprobó la Ley 26/1990 de 20 de diciembre, que permitía que las personas con especiales necesidades que no hubieran cotizado a la Seguridad Social o no lo hubiesen hecho suficientemente pudieran tener una pensión del sistema público de pensiones. Posteriormente, con José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó la Ley 4/2005, de 22 de abril, sobre efectos en las pensiones no contributivas de los complementos otorgados por las comunidades, que permitía a las regiones que lo estimasen oportuno incrementar las pensiones mínimas. Finalmente, ha sido otro Gobierno presidido por un socialista, Pedro Sánchez, el que ha subido las pensiones no contributivas un 3% desde enero de 2019.

En abril de 1995, se suscribió un acuerdo en el Congreso de los Diputados (Pacto de Toledo) con la intención de mantener a lo largo del tiempo un sistema de Seguridad Social en España público, solidario, de reparto, basado en la contributividad y en la separación de la naturaleza de las prestaciones según se consideren contributivas o no contributivas.

Durante las últimas dos décadas, varias comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias estatutarias, han concedido complementos económicos a las pensiones no contributivas. Esta práctica sufrió un varapalo con la aprobación por parte del Partido Popular de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas de Seguridad Social, que impidió que las comunidades autónomas pudieran complementar las pensiones mínimas. Por este motivo, con la llegada en el año 2004 del Partido Socialista al poder, se garantizó a las comunidades autónomas el pleno ejercicio de las competencias para determinar complementos de las pensiones no contributivas a través de la Ley 4/2005, de 22 de abril, sobre efectos en las pensiones no contributivas de los complementos otorgados por las comunidades autónomas.

Dirigentes de CC y sus voceros: no se trata de que las comunidades autónomas asuman las competencias del Estado en esta materia, pensiones. De lo que se trata es de facilitar, permitir que aquellas regiones que quieran ofertar más protección social a las personas, para evitar la exclusión social, para que puedan vivir dignamente en todas las etapas de su vida, puedan establecer complementos para incrementar las pensiones mínimas.

En estos momentos preelectorales es de sentido común que los políticos contribuyamos a que la ciudadanía se forme su opinión a través de informaciones ciertas. Es muy peligroso continuar en la senda de generar esperanzas a la población que está desesperada con datos falsos; ejemplos nos sobran en los últimos años: situación de Cataluña, Brexit, Trump...

Lo digo a cuenta de “la abuelita canaria”, esa que, a diferencia de las abuelas de otras partes del territorio nacional, dejan de comer para que coman sus nietos, cuando en realidad, el instinto de una abuelita es el mismo en Canarias que en cualquier parte del mundo: la protección de su progenie. Lo que intenta eludir esta falsa información es la desprotección, el atropello al que somete CC a nuestras abuelitas en el último cuarto de siglo, que cuentan con cinco veces menos posibilidades de contar con una prestación de dependencia que el resto del territorio nacional, que están a la cola de cola de contar con una ayuda a domicilio que les permita permanecer en su casa en la última etapa de su vida y hacerlo en condiciones dignas.

Tienen que permanecer las abuelitas de las que habla Oramas, muchos meses, incluso años, en un hospital a la espera de contar con una plaza residencial pública. En el peor momento de la crisis, nuestras abuelitas dejaron de comprar sus medicamentos, de alimentarse correctamente para poder ayudar a sus descendientes ante la falta de respuesta del Gobierno de Canarias para luchar contra la pobreza y exclusión social.

Eso y solo eso es lo que diferencia a las abuelitas canarias de las otras abuelitas: contar con un Gobierno de Canarias que no ha estado a la altura de las necesidades y demandas de la ciudadanía en general y, en particular, de nuestras abuelitas, esas que lo han dado todo por sacar esta tierra adelante, ante la mirada pasiva de los gobernantes de CC.

Es vergonzoso leer o escuchar a dichos dirigentes, que afirman que los demás partidos nos olvidamos a nivel nacional de las pensiones no contributivas porque no son muchas a nivel nacional, ya que en Canarias la cifra es tres veces mayor. Todo ello para evitar responsabilidades, como si en este incremento de la cifra mayor de personas que en Canarias perciben la pensión no contributiva los gobernantes no tuvieran nada que ver, como si el modelo productivo y económico de esta tierra no condicionara esta circunstancia.

Este modelo productivo y económico que llevan 25 años cambiando nos ha llevado a contar con una pobreza estructural galopante que nos coloca a la cabeza del Estado en tasa de pobreza y exclusión social, con un 40,6% para quienes el Gobierno de Canarias no ha destinado en los presupuesto de 2019 ni un solo euro. Tampoco ha considerado necesario impulsar un plan que luche contra la pobreza, el principal problema social que tiene esta comunidad autónoma.

Nunca han sido una prioridad las pensiones no contributivas para los dirigentes nacionalistas, al igual que no lo ha sido luchar contra la pobreza y la exclusión social, y para muestra un botón: cuando el voto de CC era imprescindible para aprobar los presupuestos de 2017 y 2018, nunca incluyeron entre las medidas subir las pensiones no contributivas de todo el Estado, ni las de los canarios ni las canarias, por supuesto. Las cosas se demuestran con hechos y no con palabras, muy a pesar de lo que manifiesta en estos días la señora Oramas, a la que no se escuchó en aquellos momentos reivindicar ninguna subida de las pensiones. Debe ser que el habla canaria en Madrid para algunos solo es importante en momentos electorales.

Para evitar las falsas informaciones que nos llevan a que la población las acepte como buenas, es necesario combatir con datos ciertos: en España hay 9.483 personas que perciben una pensión, siendo la media de la pensión mínima del régimen contributivo de 677,40 euros, es decir 222,06 euros menos que el salario mínimo interprofesional. En Canarias existen 322.316 pensionistas, de los cuales 80.240 son por viudedad (régimen contributivo) que apenas alcanzan una cuantía medida de 677,26 euros, es decir 222,74 euros menos que el salario mínimo interprofesional. Asimismo, cuenta con 43.291 personas que perciben una pensión no contributiva, de las que 19.410 lo hacen en la modalidad de pensión no contributiva de invalidez con una media de 427,14 euros mensuales y 23.881 personas con pensión no contributiva de jubilación con una media de pensión de 390,68.

El sistema de pensiones es un derecho de las personas en España, un derecho concebido para reparar desigualdades. Sin embargo, en esta carrera electoral, en el que cada uno es capaz de ver en el otro el populismo pero no el suyo, nos podemos encontrar con partidos como CC que solicitan que las pensiones no contributivas suban hasta el salario mínimo interprofesional (900 euros).

Ana Oramas olvida -quiero pensar que no se olvida interesadamente, porque si no estamos hablando de otra cosa mucho peor- que en el régimen contributivo de las pensiones, esas personas que han cotizado lo suficiente para poder contar con una pensión, tenemos a un colectivo importantísimo: las viudas canarias, que suponen unas 66.599 personas (83%) que perciben pensiones inferiores al salario mínimo interprofesional.

Podemos seguir mencionando más colectivos en la misma situación, por ejemplo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: de las 15.013 personas que cuentan con una pensión por incapacidad permanente, tienen una pensión media de 875,37 euros al mes, es decir 24, 63 euros menos que el salario mínimo interprofesional.

Señora Oramas y compañía: les pido un poco de respeto a la ciudadanía canaria, entre la que incluyo a todas esas abuelitas de las que habla en sus discursos electoralistas. No se merecen tanta mentira. Reclaman que se luche por tener condiciones de vida digna en todas las etapas de su vida, incluida la recta final, en la que son especialmente vulnerables.

(*) Portavoz de Políticas Sociales del Grupo Parlamentario Socialista Canario