La ministra de Transición Ecológica quiere destruir a las industrias y negocios del litoral

La mala gestión en Costas no solo alcanza a Hugo Morán, sino a su superiora jerárquica

EDDC.NET / Madrid

La polémica Ley de Costas no está zanjada. Quienes tienen una concesión en un terreno público marítimo-terrestre (industrias, negocios) se han encontrado recientemente con una sorpresa.

A finales de marzo, el gobierno inició los trámites para modificar el reglamento que desarrolla la ley. La novedad: que las prórrogas concedidas para continuar en estas zonas de litoral, de hasta 75 años según la modificación que se introdujo en 2013, computen desde 1988, cuando se redactó la primera norma, y no desde que se solicitó la prórroga. A efectos prácticos supone tener hasta 30 años menos de plazo en las concesiones.

Para el ministerio ahora hay «dos normas incoherentes entre sí en vigor», la ley de 2013, que incluía la extensión de los plazos, y la del reglamento de 2014, que la desarrollaba con «una interpretación incorrecta». Por tanto, aseguran, «hay una situación de inseguridad». Sin embargo, fuentes jurídicas apuntan a que «no es cierto» que haya «incongruencias», ya que la ley de 2013 habla de plazos «desde que se solicitan» las prórrogas. «No pueden decir que estamos leyendo mal. Por eso lo modifican, sino no haría falta».

Críticas

De hecho, la decisión de iniciar el trámite está levantando una gran polémica. No solo porque el texto estuvo diez días en información pública y los afectados apenas tuvieron tiempo de presentar alegaciones, sino porque ha generado una gran incertidumbre. «Es una modificación de calado. Afecta a todas las concesiones en territorio público marítimo-terrestre. Industrias, negocios, hoteles… de todo».

Tras las quejas de buena parte del sector industria-mar, fuentes ministeriales insisten en que la modificación no afecta a la acuicultura, a depuradoras de marisco, astilleros, como tampoco a chiringuitos o clubs de vela. En concreto, aseguran que solo hay una treintena de industrias en toda España que pueden desarrollar su actividad fuera del territorio marítimo terrestre en el que se encuentran en la actualidad.

Ambigüedad

Por ahora, el texto publicado no es definitivo y el procedimiento puede tardar de semanas a años en salir adelante, además de que tendrá que ser aprobado por el Consejo de Estado, aunque Transición Ecológica ha manifestado su intención de revisar las prórrogas que se han concedido y ajustar las que estén pendientes a los criterios de la Abogacía del Estado.