Silvia Peixoto denuncia a Marcial Morales ante el defensor del pueblo por veto a la información
Se niega a dar información sobre las consejerías del Territorio, Turismo y Aguas
EDDC.NET / Las Palmas de Gran Canaria
La consejera del Cabildo de Fuerteventura Silvia Peixoto presentó queja ante el Defensor del Pueblo en Canarias Rafael Yañez Mesa poniendo de manifiesto el veto a la información por parte del grupo de gobierno formado por Coalición Canaria y PSOE.
La denuncia presentada el pasado mes de abril consta de 82 folios en los que Peixoto presenta varios registros dirigidos al presidente del Cabildo Marcial Morales de Coalición Canaria, algunos con una antigüedad de más de 7 meses. La legislación " estipula un plazo máximo de cinco días para responder a la información solicitada". A pesar de las continuadas solicitudes tanto por registro de entrada, como en diferentes sesiones plenarias y a falta de un mes escaso para la finalización de la legislatura, las preguntas de la consejera de la oposición no han sido respondidas hasta la fecha.
La solicitud de información no proporcionada por el Cabildo afecta fundamentalmente a las consejerías de Turismo y Ordenación del Territorio y la consejería de Aguas, cuyos consejeros delegados son Blas Acosta y Andrés Díaz Matoso respectivamente.
Peixoto muestra su especial preocupación por la negativa por parte del Cabildo de Fuerteventura a entregarle los decretos de nombramientos de jefes/as de servicio o de sección asignados de forma provisional o interina referidos al personal del Cabildo y al personal de las empresas adscritas al mismo: Parque Tecnológico, CAAF y patronato de turismo.
No es la primera vez que la consejera denuncia públicamente las presuntas irregularidades en la gestión de recursos humanos referente a los procesos selectivos, en un intento de poner fin al nepotismo y enchufismo tan alarmante en las instituciones majoreras y a garantizar a todos los ciudadanos el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos.
Lo anteriormente denunciado imposibilita la labor de oposición de una consejera elegida democráticamente con el objeto de representar y defender los derechos de los ciudadanos majoreros.
