Afectados por la Ley de Costas muestran su insatisfacción por la falta de información del gobierno de Canarias a la asociación
Pcalc consigue que la consejería de Política Territorial cambie esta actitud
EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife
El presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas (Pcalc), José Luis Langa González, mostró su insatisfacción porque el gobierno de Canarias haya iniciado una ronda de reuniones técnicas con los responsables de Costas de Canarias y del Estado para estudiar la situación actual de los núcleos afectados, sin que se le haya hecho partícipe ni informado.
Así se puso en conocimiento en una reunión que mantuvo el pasado 8 de mayo en la consejería de Política Territorial, en la que el presidente estuvo acompañado de la vicepresidenta de la plataforma, Doris Martínez, y de la secretaria, Eva González.
En la primera reunión que ha llevado a cabo el gobierno canario, y que tuvo lugar el 28 de abril, no estuvo representada la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas, que sí espera poder formar parte de los siguientes encuentros, toda vez que ha sido dicha asociación la que lleva más de diez años defendiendo a los ciudadanos de Canarias afectados por Costas y porque, tal y como indicó Langa Gonzalez, “somos los que más cerca estamos no solo de los ciudadanos afectados, sino de las instituciones públicas”.
Además, insistió, se creó una Comisión Mixta a dichos efectos entre la consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, y la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de costas, firmada en abril de 2016, en virtud de la cual las acciones que se lleven a cabo, tanto a nivel regional como estatal, deben ser coordinadas conjuntamente por ambas partes.
Por último, a la vista de lo expuesto por el presidente de la Plataforma, desde la consejería de Política Territorial se indicó que, en lo sucesivo, dicha Plataforma estará informada de cuantas actuaciones se hagan al respecto, y que se contará con su participación para representar los intereses de más de 150.000 personas que se estiman que están afectadas en el archipiélago canario.
