La ACP pide un servicio de asesoramiento legal gratuito para personas usuarias de Bienestar Social
Este recurso fue eliminado hace años a causa de los recortes municipales
EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife
La Asamblea Ciudadana Portuense reclama la implantación de un servicio de asesoramiento legal gratuito a las personas usuarias del área municipal de Bienestar Social, que les permita recibir orientación especializada sobre procesos de desahucio, cláusulas hipotecarias, divorcios o permisos de residencia. A su juicio, este recurso de asesoramiento jurídico resulta esencial para darle un carácter integral a la intervención social municipal y hacerla realmente efectiva.
La formación asamblearia considera que el Ayuntamiento portuense debe trabajar para ofrecer a la ciudadanía portuense los derechos y servicios de los que gozaban antes del estallido de la crisis económica. En este sentido, recuerda que el asesoramiento legal gratuito era uno de los recursos ofrecidos por el departamento municipal de Bienestar Social antes de ser eliminado con la llegada de los recortes.
Para la ACP, en tiempos de dificultades económicas no se puede pedir a las personas que están en exclusión social o en riesgo de padecerla que paguen a un asesor legal para resolver problemas burocráticos cuando muchas veces ni siquiera tienen para cubrir sus necesidades básicas. Así, estas personas que no pueden acceder este recurso debido a razones económicas empiezan a ver lesionados su derechos y a incumplir sus obligaciones administrativas por desconocimiento, lo que revierte en un empeoramiento de su situación.
Por ello, la Asamblea Ciudadana Portuense ha presentado una propuesta, que se debatirá en el próximo pleno, para que el Ayuntamiento reimplante esta herramienta gratuita estudiando la fórmula que mejor convenga, ya sea como recurso propio o como servicio externalizado al que los técnicos municipales deriven a las personas usuarias del área de Bienestar Social. Una vez establecido, el servicio sería publicitado y difundido a través de los propios trabajadores sociales de base y en lugares de interés para el colectivo afectado, como las unidades de trabajo social (UTS) de los barrios o las asociaciones de vecinos.
En la propuesta se especifican algunas de las materias que debe incluir el servicio de asesoramiento, tales como procesos de desahucio; cláusulas hipotecarias y alquileres; separaciones, divorcios, custodias y herencias; tramitación y asesoramiento de discapacidades; permisos de residencia y asilo político; e informes sociales y escritos que deben presentarse en procesos judiciales, entre otros.
