Unid@s Se Puede solicita que se incorporen criterios sociales en las contrataciones

Municipios como Madrid, Barcelona, Sevilla, Santa Cruz o el propio Cabildo de Tenerife ya lo aplican. Unid@s se puede, la segunda fuerza en la corporación lagunera, llevará al pleno de este mes de Febrero una moción para que el municipio de Aguere incluya, las llamadas cláusulas sociales, en las contrataciones públicas que realice esta administración. El objetivo de esta medida, según este grupo, es primar a aquellas empresas que se comprometen a aplicar políticas de inserción laboral, de género, medioambientales, de calidad de empleo o de comercio justo. La formación lagunera esgrime que según los datos del Observatorio de Contratación Pública, el estado español invierte anualmente el 18,5% del PIB en los contratos de las administraciones públicas, lo que supone unos 185.000 millones de euros al año. Por este motivo varios expertos en derecho y otras disciplinan relevantes en la contratación pública han concluido que la incorporación de criterios sociales en los contratos públicas es una oportunidad imperdonable para que desde las administraciones públicas se abogue por las políticas de inserción. Según comenta la concejal de Unid@s se puede que presenta esta moción, Idaira Afonso,”la propuesta consiste en que a la hora de incorporar al personal en alguna contratación se haga asegurando la inclusión de personas en riesgo de exclusión social, victimas de violencia de género, personas con discapacidad”. Afonso defiende que “la contratación que realiza el Ayuntamiento de La Laguna puede, y debe ser, una técnica que permita conseguir ciertos objetivos sociales ya que a través de la contratación pública, las administraciones realizan una política de intervención en la vida económica y social”. La edil asegura que esta propuesta se basa en normas contempladas cada vez en más instituciones, como la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo, el Consejo de 31 de marzo de 2004 y la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contrato del Sector Público, que señalan la posibilidad de incorporar cláusulas con consideraciones de tipo social o ambiental en los contratos públicos de las administraciones. Con la aprobación de esta moción, el municipio no solo pasaría a aplicar estas cláusulas  a los nuevos pliegos de contratación de importantes servicios municipales, sino que además se introducirían modificaciones en las renovaciones o prorrogas de los contratos ya existentes.