Pedirán el recargo del IBI a viviendas vacías de bancos y grandes tenedores de vivienda

Fátima González, concejala de Unid@s se puede en el Ayuntamiento lagunero, defenderá una moción en la que solicita que se ponga en marcha un recargo del IBI a las viviendas vacías de entidades bancarias y grandes tenedores de vivienda. La iniciativa parte del reconocimiento que se hace del derecho a la vivienda en numerosas leyes, sentencias y acuerdos estatales e internacionales. Por ejemplo, la Declaración Universal de DDHH en su artículo 25 o el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en artículo 11, también reconoce, “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados…”. También forma parte del contenido de la Constitución española, que en su artículo 47 hace referencia explícita a que la ciudadanía tiene “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”; añadiendo enseguida: “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. La edil recuerda que el acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas que tenemos en el momento actual, donde según los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial se han realizado más de 600 mil ejecuciones hipotecarias en el Estado español entre 2007 y 2014, de las que se estima que un 53% corresponden a viviendas habituales de particulares: una cifra demoledora de más de 320 mil ejecuciones sobre vivienda habitual en 8 años; en Canarias, solo en el periodo 2008-2012, más de 10.000 familias canarias han sufrido el lanzamiento judicial de sus viviendas. A esto hay que sumar “el problema de muchas familias para hacer frente al pago de la renta de su vivienda, en nuestro archipiélago se produjeron en 2015, que no ha sido el año más duro, más 2000 lanzamientos derivados de la ley de arrendamientos urbanos (alquileres), lo que supone más de cinco familias desahuciadas de pisos de alquiler al día en nuestra tierra”. En Canarias el gobierno autónomo ha estimado en más de 130.000 inmuebles los que se encuentran vacíos, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas efectiva para promover que estas viviendas formen parte de un parque de vivienda pública o privada de alquiler, a precios asequibles a las familias, para hacer frente a la enorme demanda existente y evitar prácticas especulativas. “En La Laguna la propia Gerencia de Urbanismo habla en sus documentos para el Plan General de 2013 de más de 15.000 viviendas vacías solo en nuestro municipio, muchas ellas en manos de bancos y grandes promotoras, que podrían servir para cubrir la demanda existente entre muchas familias laguneras”, asegura. González manifiesta que la Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda, donde textualmente se propone “el desarrollo de acciones para evitar la situación de desocupación de las viviendas, con potestad y un procedimiento para la declaración de vivienda vacía, elaboración de un censo de vivienda vacía y de un sistema de inspección y sanción para estas situaciones”. En este sentido cree que “el ordenamiento existente permite que nuestro Ayuntamiento tome la iniciativa y proteja el interés público de la vivienda, aunque desde el gobierno del PP se haya hecho todo lo necesario para evitar que estas normativas se apliquen”. Recientemente una proposición no de ley aprobada en la Comisión de Hacienda y Función Pública, instaba al gobierno a la desarrollar reglamentariamente la definición de vivienda vacía para permitir a los ayuntamientos que así lo deseen hacer el recargo del IBI a las mismas. “Por esto es importante que nuestro ayuntamiento contemple ya la modificación de la ordenanza del IBI para poder hacer uso de este recargo una vez se haya producido ese desarrollo legislativo”, manifiesta. La moción propone medidas que “entendemos que mejorarán el acceso a la vivienda de miles de personas”, exigiendo entre otras cosas que el gobierno municipal desarrolle un censo de vivienda vacía, a través de Muvisa, como primer paso de un diagnóstico de vivienda en el municipio.