El Catastro insiste en los errores en La Bufona y la Fiscalía abre una investigación

Se inician diligencias por una nueva denuncia de Murillo a raíz de un informe del Catastro que insiste en un error sobre sus terrenos que ya fue resuelto por la Justicia

Saúl García (www.diariodelanzarote.com) / Arrecife

La dirección general del Catastro y los terrenos de La Bufona tienen un desencuentro difícil de explicar. Y de entender.

En 2008, la dirección provincial del Catastro cambió la titularidad de parte de esos terrenos a favor de los dueños de las 14 viviendas que están construidas parcialmente sobre suelo rústico en una franja de terreno que pertenece a la familia Murillo y por la que pleitea desde hace 21 años sin que hasta ahora se haya resuelto.

Ese suelo rústico está catastrado a nombre de Gonzalo Murillo y el Catastro lo cambió sin que nadie lo pidiera y sin dar audiencia al interesado. También cambió el nombre de la calle, que pasó de llamarse Chabusquillo a llamarse Chubasquillo.

El Tribunal Económico Administrativo, un órgano que depende del Ministerio de Economía, primero, y los tribunales ordinarios, después, dieron la razón a Murillo. El Ministerio destituyó al director del Catastro, Jesús Hernando, alegando que para ese cambio de titularidad no existía expediente y que “la Administración no puede actuar en el vacío, sin motivación y sin procedimiento”.

Desde hace años, la realidad documental y la realidad física de esas casas no coinciden. Las casas están escrituradas en parcelas de menos de 400 metros cuadrados y deberían ocupar una superficie edificada de unos cien metros, cuando en la realidad están en parcelas de más de 500 y miden más de 200 metros cuadrados de superficie.

En 2017 ocurrió lo mismo que en 2008. La Gerencia regional del Catastro volvió a cambiar la titularidad de los terrenos y a inscribir las casas en la calle Chubasquillo, otra vez sin dar audiencia a Murillo.

En esa ocasión, se inscribieron como suelo rústico de uso agrario, excepto la casa de la hoy alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, que figura en suelo rústico pero con uso residencial. Todo se hizo con un expediente que debía haber caducado. Tardó otros tres años en resolverse y de nuevo, en septiembre de 2020, le vuelven a dar la razón a Murillo.

Pero, dos meses después, la Gerencia del Catastro insiste y emite un informe que, según Murillo, es falso. “Lo que no puede hacer el Catastro es mentir”, señala. Por eso, lo ha vuelto a denunciar.

Tanto la Fiscalía de Las Palmas como la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Madrid han abierto diligencias de investigación por la posible comisión de delitos relacionados con la prevaricación administrativa y la falsedad en documento público en ese informe que comete “el enésimo error” al ubicar en la cartografía oficial una construcción que no existe dentro de sus terrenos.

El chalé no era ficticio. Existía, pero al otro lado de la carretera. Estaba duplicado. El error no es nuevo. Hace 23 años, cuando Murillo compró los terrenos y los fue a dar de alta, le dijeron que no podía porque había un chalé en ese suelo, “pero el solar estaba vacío”, recuerda. El Catastro envió a un funcionario a comprobar la zona y no vio ningún chalé. Le dieron la razón.

Hay que recodar que uno de los promotores de esa urbanización, que comenzó a construirse en 1999 y que acabó ocupando una franja de terrenos de Murillo, entre otros suelos ocupados que no les pertenecían, fue Francisco Carmona, ya fallecido, que compatibilizaba ese cargo con el de encargado municipal del Catastro.

Lo que denuncia Murillo ahora es que el error de ubicación, que realmente fue una duplicación, situando la misma construcción en dos lugares distintos y al mismo tiempo, “tuvo la aparente finalidad de causar un perjuicio, puesto que al situarse erróneamente la susodicha construcción ocupando el espacio físico del solar urbano del señor Murillo, impedía que el mencionado solar de 4.000 metros cuadrados con un valor de 2.352.000 euros, se pudiera dar de alta en el Catastro Inmobiliario, puesto que ambos inmuebles ocupaban el mismo espacio físico”.

Intencionalidad

Según el nuevo informe, los datos de esa construcción duplicada se reflejan correctamente en la parcela donde se ubica de forma definitiva a partir del 13 de julio de 1999, “pero esta afirmación queda desmentida en cartografía catastral oficial que demuestra que con fecha posterior al 13 de julio de 1999 sigue apareciendo un inmueble en una ubicación en la que jamás ha existido”, señala Murillo, que continúa denunciando que ha tenido que existir una doble base de datos catastral durante años.

También habría que recordar que catorce de las casas de La Bufona, que hoy tienen una orden de derribo parcial, estuvieron omitidas de la base de datos del catastro durante años, mientras que los propietarios de los terrenos continuaban pagando el Impuesto de Bienes Inmuebles.

Murillo dice que, ante la insistencia en los errores, “ya lo más razonable es que me dejaran a mí hacer lo mismo que a los propietarios de las casas, pero cuando pido eso, todos callan... Estoy harto del asunto”.

También destaca otra cosa en su denuncia. Señala que mientras la Comisión de Ordenación del Territorio de Canarias mantiene la delimitación del plan parcial La Bufona según el planeamiento original de 1981, el Catastro refleja en su cartografía la delimitación y el parcelario de la Modificación puntual del plan parcial La Bufona de 1998, que está anulada por sentencia del Tribunal Supremo.

Murillo dice que la finalidad del Catastro al insistir en el error es la de falsear sus bienes inmuebles “como si fueran de naturaleza rústica, cuando son de naturaleza urbana”, pero además “falsear el uso del suelo rústico ocupado por la vivienda de titularidad de la actual alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, que informan que está edificada sobre suelo rústico de uso residencial”, y también considera que podrían estar tratando de encubrir “que la promotora Brisa Inversiones ha cometido una manifiesta y patente estafa, al vender un suelo urbano”, que es de su titularidad y por tanto encubrir que se han construido viviendas sobre zona verde, sobre aparcamientos públicos y sobre un vial público.

Vista oral

Por otra parte, el pasado mes de diciembre finalizó la instrucción del que deberá ser el segundo juicio del caso La Bufona. En el primero se condenó al promotor y al constructor, Federico Echevarría y Antonio Caro, respectivamente, a dos meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y fueron condenados también al derribo de lo construido sin título habilitante, es decir una parte de las 14 casas construidas en suelo rústico de protección ecológica.

Sin embargo, la Audiencia Provincial obligó a que se repitiera parte de la instrucción y la vista oral porque no se había llamado a declarar en ningún momento, en 15 años de instrucción, a los propietarios de las casas, que salían perjudicados con la sentencia. Desde hace ocho meses, solo queda fijar una nueva fecha para el juicio.