Alberto Rodríguez insta al gobierno a abrir la Unidad de Madres del centro penitenciario de Tenerife II

Es la única para todo el archipiélago

EDDC.NET / Madrid

El grupo parlamentario de Unidos Podemos, a través de su diputado Albero Rodríguez, ha traslado al gobierno una pregunta para conocer si va a poner en funcionamiento la Unidad de Madres del centro penitenciario de Tenerife II, dotándola de plantilla.

Dicha Unidad, que se acabó de construir en 2012 con un coste de 5.5 millones de euros y que se encuentra cerrada actualmente, es la única para todo el archipiélago canario, y serviría para el cumplimiento de condenas de las mujeres con hijos menores de 3 años y embarazadas.

En la actualidad, tal y como señala el informe de CCOO sobre la situación del sistema penitenciario de 2016, si el Centro Penitenciario donde va a cumplir la interna no tiene Unidad de Madres o un Departamento de régimen cerrado o de primer grado para mujeres, ésta es trasladada a otros centros penitenciarios, afectando gravemente al arraigo familiar, con el agravante que ello supone para las reclusas canarias y sus familias en caso de traslado a la península.

La Unidad de Madres de Tenerife se acabó de construir en el año 2012 y está cerrada desde entonces por falta de personal. En su momento, la construcción de la misma le supuso al erario público algo más de 5.5 millones de euros. El mantenimiento de esta Unidad cerrada tiene un coste cada vez mayor, porque con el paso de los años, se va deteriorando.

Según la comparecencia del presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Penitenciarias (SIEP), André Roca Bassas, el 19 de agosto de 2015 en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, el presupuesto para el año 2016 en vigilancia y mantenimiento de las dos Unidades externas de Madres de Alicante y Tenerife, ambas cerradas, fue de 37.173 euros.

Rodríguez, desde Unidos Podemos reclama que “Canarias cuente ya con una Unidad de Madres, como cuestión de justicias para las internas y sus familias y como vía para lograr una política penitenciaria progresista y con perspectiva de género”.