El alcalde de Icod de Los Vinos, que dice ser ‘socialista’, se niega a dar información de los gastos en abogados para proteger a Francis González (CC)
El mandatario ‘desobedece’ incluso al Comisionado de Transparencia
EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife
El alcalde de Icod de los Vinos, José Ramón León Herrera, denegó la información relativa al pago de abogados escudándose en que la interventora accidental consideraba que no era adecuado que esa información se hiciera pública.
Según los documentos que el Comisionado de Transparencia de Canarias ha facilitado al reclamante, el alcalde denegó la información porque la interventora accidental Olga Beatriz García Fariña (propuesta a dedo para el cargo por el anterior alcalde y hoy director general de Patrimonio del Gobierno de Canarias) emitió un informe al respecto en el que manifestaba que “acorde con la Ley no considero adecuado dar traslado al interesado de otro tipo de documentación referida al tema”. Sin aclarar nunca si era legal o ilegal sino inadecuado, no aclarando para quien era inadecuado el facilitar una información que la Ley de Transparencia considera que se ajusta a lo establecido.
El tema al que se refería la interventora accidental era la solicitud para que el Ayuntamiento hiciese públicos los gastos efectuados en la contratación y pago de abogados en los últimos años. La solicitud esta debida a que el STAP tiene constancia de que se están produciendo discriminaciones adversas a los afiliados a este sindicato en la contratación de la defensa jurídica de los empleados municipales.
La interventora accidental no consideraba adecuado que la transparencia informativa fuera más allá de facilitar las cantidades globales gastadas cada año y propuso que se informara que se habían gastado 14.029 euros en 2011, con un gasto medio de más de 27.000 euros en los últimos cuatro años. Todo ello por unos servicios que el Cabildo presta a los Ayuntamientos de forma gratuita.
Según la Interventora accidental, la Ley de Transparencia no obliga a suministrar la información detallada que había pedido el solicitante y no consideraba “conveniente” facilitarla.
Pero el alcalde José Ramón León ( Moncho) fue todavía más lejos en su política de falta de transparencia y decidió no facilitar ni siquiera la escueta información que la Interventora había propuesto y decidió aplicar una censura informativa total, no respondiendo la solicitud y acudiendo a la vieja práctica prodemocrática del silencio administrativo.
Sin embargo, el Comisionado de Transparencia de Canarias desautorizó totalmente a la interventora (Olga Beatriz García Fariña) y al alcalde de Icod Moncho y afirma, en su Resolución del 20 de marzo de 2018, que el solicitante tiene derecho a la información que ha pedido.
El Comisionado dice que la información debe suministrarse previa la ocultación de los datos personales que pudieran resultar afectados, tal como ya había pedido el solicitante.
El Comisionado también recuerda al Alcalde de Icod de los Vinos su obligación de dictar resolución expresa, desautorizando la decisión del Alcalde de no responder a la solicitud.
El alcalde de Icod no sólo ha venido ocultando la información desde hace meses sino que además ahora se niega a cumplir la resolución del Comisionado de Transparencia del pasado 20 de marzo, que le obliga a facilitar la información solicitada.
STAP cree que tanto el Alcalde como la Interventora accidental saben que la información solicitada es pública y que tras la negativa a facilitarla se encuentra la ocultación de irregularidades en los contratos de defensa legal de los empleados del Ayuntamiento.
Esto explica, según el STAP, que el alcalde también se niegue a cumplir la Resolución del Comisionado de Transparencia de Canarias, de 20 de marzo de 2018, cuyo plazo de cumplimiento ha finalizado hace meses. Ya que la información que oculta puede probar que existen irregularidades que el Ayuntamiento ha venido cometiendo en el pago de abogados.
Mientras se niega a hacerse cargo de la defensa jurídica de un policía lesionado en acto de servicio, en otros casos se prorrogan contratos menores durante más de seis años o el pago de la defensa legal a un empleado acusado por agresión sexual. Para ello los servicios jurídicos del Ayuntamiento habrían tenido que considerar que los hechos por los que está acusado forman parte de las funciones legítimas de los empleados, lo que obviamente es una barbaridad.
