La destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff es un hecho
El último juicio político fue el que se inició contra Fernando Collor de Melo
EDDC.NET / Madrid
El Senado de Brasil cuenta con la mayoría necesaria para ratificar la apertura de un proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, que afronta sus últimas horas como mandataria, dijo el pasado miércoles el especialista argentino Patricio Talavera, según ha publicado la agencia de noticias Sputnik Mundo.
“Lo más probable es que estemos ante las semanas finales del gobierno de Rousseff”, destacó Talavera, investigador en el Observatorio de Brasil del Centro Argentino de Estudios Internacionales. El Senado de Brasil comienza a votar si ratifica o no la decisión de la Cámara de Diputados de iniciar un juicio político a la mandataria.
Para ello precisa el voto favorable del al menos 54 legisladores de los 81 que integran la Cámara Alta. “Si la oposición no ha alcanzado ese número, lo hará en los próximos días, si es que no lo superan”, señaló el historiador argentino. Todos los indicios apuntan a que “a más tardar en agosto, el actual vicepresidente Michel Temer sea el nuevo presidente de Brasil”, añadió.
Golpe encubierto
El último juicio político que destituyó a un presidente en Brasil fue el que se inició en 1992 contra Fernando Collor de Melo, “quien terminó completamente aislado”, recordó Talavera. En esta ocasión “hay una percepción de la sociedad de que este juicio es un golpe de Estado encubierto, y eso puede llegar a generar dificultades para que el nuevo Gobierno forme una base sólida en el Congreso, e incluso influir en los posicionamientos electorales de aquí a 2018 si es que antes no hay elecciones”, destacó.
Para Talavera, si la situación social no se radicaliza, el vicepresidente hará lo posible para evitar que se adelanten los comicios. “Su futuro Gobierno tendría una amplia concentración partidaria con la que intentará conducir una transición ordenada hasta 2018 para normalizar la economía y la política hasta enero de 2019, fecha pautada para la próxima asunción presidencial”, explicó.
Motivos de juicio
La fundamentación jurídica del Congreso brasileño para aceptar un juicio político contra Rouseff es cuestionable, afirmó Talavera. “Se argumenta el crimen de responsabilidad, que ni siquiera se ha vinculado a hechos de corrupción, porque el gobierno demoró el pago a proveedores mes a mes para disimular la falta de armonía entre ingresos y egresos del Estado”, explicó. Aunque la utilización de los recursos de organismos financieros estatales está prohibido por las leyes brasileñas, “tiene poco sustento que eso se transforme en un elemento para abrir un juicio político, porque ésta es una práctica de todas las administraciones”, añadió el historiador.
Miembros del Supremo Tribunal Federal han manifestado sus dudas de que este tipo de artilugios contables para evitar incurrir en un déficit fiscal mayor sean un argumento suficiente para la destitución de un presidente. El problema de fondo, adujo el investigador, son los límites para que un juicio político sea legítimo o se convierta es un mecanismo institucional para tumbar un gobierno. Los sistemas presidencialistas latinoamericanos, recordó, no tienen un mecanismo como la moción de censura, presente en varios países europeos, que permiten destituir un gobierno por falta de crédito político o apoyo parlamentario. Esos son argumentos que podrían fundamentar una moción de censura pero no un juicio político, destacó.
“Se rompió el consenso sobre lo que se puede enjuiciar políticamente y lo que no, ya no hay certidumbre de dónde comienza un golpe y dónde termina la institucionalidad”, sostuvo. Rousseff asumió por primera vez el 1 de enero de 2011, convirtiéndose en la primera mujer en ser elegida presidenta en Brasil. Fue reelegida para un segundo mandato consecutivo en las elecciones de 2013.
