Las 70 familias de Valterra exigen al Cabildo de Lanzarote el fin del "bloqueo burocrático" y la entrega inmediata de sus viviendas
Los afectados lamentan que el Área de Vivienda haya recurrido ahora a un nuevo informe jurídico externo
ELDIGITALDECANARIAS.NET/Lanzarote
A pesar de que el traspaso estatal se aprobó por ley en el 2022 y las casas ya figuran inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre del Cabildo de Lanzarote sigue demorando la regularización final de las escrituras.
Los afectados lamentan que el Área de Vivienda haya recurrido ahora a un nuevo informe jurídico externo, prolongando de forma innecesaria una angustia que dura ya décadas.
Las 70 familias residentes en las viviendas históricas del barrio de Valterra han alzado la voz de forma conjunta para exigir al Cabildo de Lanzarote que ponga fin a las demoras injustificadas y proceda, de una vez por todas, a formalizar la entrega de la titularidad de sus hogares. Los moradores, familias de origen humilde vinculadas históricamente al sector pesquero local, denuncian que se encuentran atrapadas en un bucle administrativo que perpetúa una situación de absoluta inseguridad jurídica.
El origen del conflicto se remonta a las casas construidas en 1955 por el Instituto Social de la Marina (ISM). Tras décadas de reivindicación histórica, la Ley 10/2022 de 14 de junio autorizó la donación estatal de estos inmuebles al Cabildo insular con el único propósito de que este los transmitiera definitivamente a sus legítimos moradores. Sin embargo, a pesar de que la corporación insular ya completó la inscripción de las casas a su nombre en el Registro de la Propiedad, los títulos individuales siguen sin llegar a manos de los vecinos.
Giro burocrático de última hora
El malestar vecinal se ha agravado tras conocerse que el Área de Vivienda del Cabildo ha contratado recientemente un dictamen jurídico externo para volver a estudiar los términos de la transmisión y dictaminar si los vecinos deben abonar alguna cantidad. Para los portavoces de los afectados, este movimiento supone una maniobra dilatoria innecesaria: "Es incomprensible que se siga auditando lo que ya fue ratificado por ley y por el propio pleno de la institución no somos nuevos adjudicatarios; somos los moradores históricos y legítimos que han abonado la totalidad del precio de las viviendas y que llevamos esperando este reconocimiento toda la vida", afirman.
Los retrasos acumulados han llevado a los vecinos a tener que sufragar asesoramiento jurídico privado para defender sus derechos e intentar romper el muro de silencio institucional.
