Un manifestante de “Canarias Tiene un Límite” se enfrenta a tres años de prisión y 5.000 euros de multa

Defender un futuro digno para Canarias no es un delito. Ninguna amenaza judicial hará que renunciemos a organizarnos y reclamar un cambio

 

 

El próximo miércoles 4 de noviembre se celebra el juicio contra un manifestante de Canarias Tiene un Límite, para quien se solicitan tres años de prisión y una multa de hasta 5.000 euros por unos hechos ocurridos durante la movilización celebrada el 20 de octubre de 2024 en el sur de Gran Canaria.

 

La protesta reclamaba un cambio de modelo turístico, exigiendo soluciones ante las crecientes dificultades de acceso a la vivienda, así como otras consecuencias sociales y ambientales de la presión turística.

 

Desde el grupo de apoyo surgido a raíz de este caso, denunciamos el amplio despliegue policial que acompañó la movilización, con agentes de la Policía Nacional custodiando incluso los accesos a grandes establecimientos hoteleros. La actuación estuvo marcada por una actitud agresiva, identificaciones indiscriminadas y episodios de tensión que contrastaban con el carácter pacífico de la convocatoria.

 

Durante el recorrido, una intervención policial hacia una manifestante derivó en momentos de tensión y en la detención arbitraria de la persona acusada. Por estos hechos, el compañero se enfrenta ahora a una petición de tres años de prisión y una multa que podría alcanzar los 5.000 euros.

 

A esta causa judicial se suma una sanción administrativa impuesta por la Delegación del Gobierno al colectivo por un supuesto incumplimiento de las condiciones comunicadas para la manifestación. Desde el grupo de apoyo sostenemos que el recorrido se desarrolló conforme a lo previsto y atribuimos los incidentes a una actuación policial desproporcionada e injustificada.

 

Este procedimiento se enmarca en un contexto de creciente contestación social a un modelo turístico que agrava las dificultades para acceder a una vivienda y profundiza los problemas sociales y ambientales del archipiélago. La movilización llevó estas reivindicaciones al corazón de una de las principales zonas turísticas de Gran Canaria, poniendo sobre la mesa la necesidad de cambios estructurales.

 

Desde el grupo de apoyo consideramos que esta petición de prisión constituye un intento de criminalizar la movilización ciudadana, especialmente cuando cuestiona los intereses de la industria turística y exige transformaciones profundas en el modelo económico de Canarias.

 

Asimismo, denunciamos el desgaste personal y emocional que supone afrontar un procedimiento judicial con una posible pena de prisión. La incertidumbre y la amenaza de una condena tienen consecuencias mucho antes de que exista una resolución judicial y pueden convertirse en un mecanismo de intimidación para quienes ejercen su derecho a la protesta.

 

Defender un nuevo modelo ecosocial para Canarias no puede convertirse en motivo de persecución. Frente a cualquier intento de intimidación, responderemos colectivamente: «Si nos tocan a una, nos tocan a todas».

 

Convocatoria a medios de comunicación: miércoles 4 de noviembre, a las 10:30 horas, en el exterior de la Torre 4 de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. El juicio está previsto para las 11:00 horas.