18 meses de prisión por una protesta climática: tres científicos a juicio en Barcelona por segunda vez, trás la detención improcedente de una de las encausadas que impidió la primera vista

Amnistía Internacional asistirá al juicio como observadora y ha trasladado a la Fiscalía su preocupación por la petición de penas de prisión, al considerar que podría vulnerar el derecho a la protesta pacífica

ELDIGITALDECANARIAS.NET/Barcelona

30 de octubre de 2026

Los activistas climáticos serán juzgados el 3 de noviembre por una protesta de desobediencia civil con la que denunciaban la inacción frente a la crisis climática. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos un año y medio de prisión y reclama un total de más de 12 mil euros por “daños”, supuestamente ocasionados tras arrojar zumo de remolacha a la fachada de la Delegación del Gobierno en Barcelona, en abril de 2023

La primera vista, prevista para el pasado 16 de julio,  no pudo celebrarse por la actuación de los juzgados y los Mossos, que detuvieron a una de las encausadas, la retuvieron mientras se tenía que celebrar la vista y la forzaron a firmar una declaración falsa para que la dejaran en libertad

Tres científicos vinculados a Rebelión Científica serán juzgados el próximo 3 de noviembre por su participación en una acción de desobediencia civil llevada a cabo en abril de 2023 frente a la Delegación del Gobierno en Barcelona. Durante la protesta arrojaron zumo de remolacha sobre la fachada del edificio para denunciar la insuficiente respuesta de las instituciones ante la crisis climática y la persecución judicial de otros activistas climáticos, investigados por una acción similar en el Congreso de los Diputados en 2022. La Fiscalía solicita para cada uno de los tres acusados una pena de año y medio de prisión y reclama en total más de 12.000 euros por daños.

"Mientras las consecuencias de la crisis climática son cada vez más visibles y mortales (calor extremo e inundaciones) resulta profundamente preocupante que quienes se sienten en el banquillo sean científicos que actuaron para alertar de esa emergencia. Este juicio plantea una cuestión democrática fundamental: si es legítimo criminalizar a quienes intentan prevenir una catástrofe inminente", señala una portavoz de Rebelión Científica.

La vista prevista para martes 3 de noviembre no representa, sin embargo, el primer capítulo de esta persecución judicial. 

El pasado 16 de julio, alrededor de las 8 de la mañana, una de las encausadas salió de su domicilio para dirigirse a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, donde estaba prevista la celebración de la primera vista de este juicio. A los pocos metros, una patrulla de los Mossos d’Esquadra la interceptó y la detuvo en cumplimiento de una orden de busca y captura vinculada a otro procedimiento penal. La activista les explicó que precisamente se dirigía a los juzgados, pero esto no impidió su detención.

La científica permaneció retenida un total de ocho horas entre la comisaría de Les Corts y el juzgado. Durante ese tiempo, sufrió un trato denigrante y se le negó la comunicación con su abogado. Finalmente, fue forzada a firmar un documento en el que se hacía constar que había sido asistida por una abogada de oficio que, según denuncia la encausada, nunca llegó a comparecer.
La detención y la retención de la activista impidieron su asistencia a la vista judicial y provocaron el aplazamiento de la sesión prevista para aquel día. La activista presentó una queja formal a la Direcció General de la Policia, al Consell General del Poder Judicial y al Síndic de greuges (Defensor del pueblo en Catalunya). 

Amnistía Internacional asistirá al juicio como observadora legal, al considerar que el caso plantea importantes implicaciones para los derechos humanos. La organización ha trasladado a la Fiscalía de Barcelona su preocupación por el hecho de que las conductas enjuiciadas se encuentran amparadas por los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Por ello, insta al Ministerio Fiscal a reconsiderar los cargos formulados y, especialmente, a retirar la petición de penas de prisión, por entender que resultan incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.