31 Jul 2026

NC denuncia que el Gobierno lleva a las universidades públicas “a la UCI y con respiración asistida”

Carmen Hernández.//Cedida
Política

Carmen Hernández respalda la firme oposición de los rectores, Lluis Serra y Francisco García, frente a un contrato programa que consolida la infrafinanciación

ELDIGITALDECANARIAS.NET/Canarias

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) expresó su respaldo al contundente rechazo manifestado por los rectores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluis Serra, y la Universidad de La Laguna, Francisco García, a la propuesta del Gobierno presidido por Fernando Clavijo para el contrato programa de 2027 a 2030. La portavoz del grupo parlamentario nacionalista progresista en la materia, Carmen Hernández, denunció que el Ejecutivo de las dos derechas (CC y el PP) condena a las dos instituciones académicas públicas “a la UCI y con respiración asistida”. Hernández mantuvo que “no estamos ante un problema de falta de recursos, sino ante una decisión política”.

La parlamentaria de NC-BC afirmó que la comparecencia de los rectores confirma "todo lo que venimos denunciando”, durante los últimos tres años. Se refería a que el gabinete de Clavijo “no cree en las universidades públicas, no apuesta por ellas y las está llevando a un proceso de debilitamiento que, en palabras de los propios rectores, pone en riesgo su sostenibilidad presente y futura.”

El documento conocido ahora "no responde a las necesidades reales” del sistema universitario canario", según Hernández. Dijo que el crecimiento de la financiación previsto para el periodo del 2027 a 2030 supone "apenas la mitad” de lo que establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), lo que evidencia el “escaso compromiso” de CC y el PP.

En base a los datos del Ejecutivo, aseguró que las universidades afrontarán ya en 2027 un déficit de unos 15 millones de euros para cubrir gastos estructurales como las nóminas, el mantenimiento de los campus, los suministros o los servicios básicos.

Es “incomprensible” que un Gobierno que ha dejado sin ejecutar 3.430 millones de euros en tres años (2023, 2024 y 2025), cerca de 1.100 millones solo en la última liquidación presupuestaria de 2025, “niegue ahora 15 millones a las universidades públicas para garantizar su funcionamiento,” criticó.

Para NC-BC, esta propuesta es una “renuncia” a la modernización de las infraestructuras universitarias ya que retrasa inversiones “necesarias” para adaptar los campus a las nuevas necesidades docentes, científicas y tecnológicas.

Pero, para Carmen Hernández, las consecuencias son más graves aún. Peligra, tal y como indicó, que puedan ampliar la oferta formativa, especialmente los másteres habilitantes para ejercer profesiones como la docencia o la psicología. Si la universidad pública no dispone de plazas suficientes, solo podrán acceder quienes puedan pagar hasta 10.000 euros en una universidad privada, avisó. De esta manera, CC y el PP “están impulsando dos Canarias: la de quienes pueden comprar su futuro y la de quienes quedan excluidos por falta de recursos".

Advirtió de que se compromete seriamente la igualdad de oportunidades y se puede provocar que, por primera vez en Canarias, determinadas profesiones dejen de estar al alcance del conjunto de la ciudadanía y pasen a depender de la mayor capacidad económica de las familias.

Asimismo, declaró que se impulsa el debilitamiento del sistema científico canario. Las entidades públicas concentran prácticamente toda la investigación, la innovación, los doctorados y la formación del personal investigador del Archipiélago, alertó.

Las decisiones del Gobierno de las dos derechas, para NC-BC, favorecen el crecimiento de la enseñanza universitaria privada.

Para la diputada además las formas empleadas por el Ejecutivo son “totalmente reprochables” al presentar un documento elaborado de manera unilateral y sin el consenso necesario con las universidades.

Los rectores, como subrayó, han dicho “claramente que 'así no', y tienen toda la razón”. Defienden no solo a las universidades públicas, sino también el derecho de las próximas generaciones de canarias y canarios a una educación superior de calidad, a la investigación y a un futuro basado en el conocimiento, “y no en las desigualdades,” según Carmen Hernández.

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