NC-BC propone con una ley 44.000 viviendas protegidas en cinco años y un derecho exigible a un hogar

Rebajas fiscales, un impuesto al gran tenedor, una inversión anual de 256 millones y cesiones temporales de inmuebles vacíos de fondos buitre y bancos

ELDIGITALDECANARIAS.NET/Canarias

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha registrado hoy, en el Parlamento, la Proposición de Ley (PPL) Canaria de Garantía del Derecho a la Vivienda Protegida y Asequible para hacer frente a la dimensión adquirida por la emergencia habitacional en el Archipiélago y erradicar el modelo especulativo y a favor de los más pudientes de las islas promovido por el Gobierno de las dos derechas canarias (CC y el PP). El grupo nacionalista progresista propone 44.000 viviendas protegidas en cinco años y que sea un derecho exigible por la ciudadanía al Ejecutivo canario con plenas competencias en estas políticas. La propuesta plantea rebajas fiscales para el alquiler y la compra del hogar habitual, un impuesto a los grandes tenedores, una inversión anual de 256 millones de euros y cesiones temporales de inmuebles vacíos de fondos buitres y entidades bancarias. La PPL ofrece la oportunidad de un cambio al impulsar un nuevo modelo basado en el refuerzo del parque público, el aumento de la vivienda protegida y la movilización de los pisos vacíos. 

La iniciativa fue hoy presentada por el secretario general y la vicesecretaria general de NC-BC, Luis Campos y Carmen Hernández, en su condición además de portavoz del grupo parlamentario y diputada responsable en la materia con el fin de responder a una lista de demandantes de vivienda protegida que ronda ya las 37.000 personas, unas 12.000 más que hace tres años.

La PPL, como explicó Hernández, fija un objetivo concreto, que Canarias alcance al menos 44.000 viviendas protegidas en el próximo quinquenio, hasta llegar al cuatro por ciento del parque residencial. Según los datos de la parlamentaria canarista, el Archipiélago cuenta hoy con unos 22.000 inmuebles protegidos, menos del dos por ciento de un parque residencial que supera los 1.1 millones de viviendas.

La dirigente de NC-BC defendió que la actual crisis de acceso a un hogar exige sustituir la actual ley canaria que tiene 23 años por un nuevo marco legal adaptado a la realidad de las islas. La proposición establece objetivos medibles, obligaciones, financiación e instrumentos que permitan convertir el derecho a la vivienda en un derecho efectivo.

Reclamación

Uno de los principales elementos de la propuesta es la incorporación del derecho subjetivo, es decir, que las canarias y canarios que cumplan con los requisitos para acceder a un piso protegido tengan el derecho a obtener una solución por parte del Gobierno de Canarias. En caso de incumplimiento por parte de la administración pública, podría ser reclamado por la vía judicial.

“El derecho a la vivienda tiene que ser exigible”, según la parlamentaria de Nueva Canarias. Cuestionó que la ciudadanía canaria permanezca años en una lista de espera para acceder a un derecho reconocido legalmente.

Para alcanzar los objetivos planteados, NC-BC propone que la política de vivienda disponga de una financiación estable equivalente, como mínimo, al 0,4% del PIB de Canarias. Con el PIB nominal de 2026 utilizado por la formación, esto supondría alrededor de 256 millones de euros anuales.

La propuesta pretende implicar en la construcción de vivienda protegida al Gobierno de Canarias, los cabildos, los ayuntamientos y la iniciativa privada. En este sentido, plantea aprovechar también la capacidad de las empresas públicas municipales y de los consorcios de vivienda para incrementar el ritmo de promoción.

La proposición de ley establece además una planificación territorializada mediante planes canarios, insulares y municipales de vivienda, acompañados de su correspondiente financiación.

Rebajas fiscales

La proposición incorpora un paquete específico de medidas fiscales destinado a facilitar el acceso a la vivienda habitual. En materia de alquiler, se propone elevar del 24% al 35% la deducción autonómica del IRPF por las cantidades satisfechas por el arrendamiento de la vivienda habitual con una serie de condiciones.

Para quienes accedan a un hogar habitual en propiedad se reduce del 5% al 3% el tipo del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para viviendas de segunda mano con un valor inferior a 200.000 euros y con otra serie de requisitos. Para la de nueva construcción, se plantea reducir del 3% al 1% el IGIC para contribuyentes menores de 40 años, siempre que el valor de la vivienda sea inferior a 200.000 euros.

Además, se crea un nuevo impuesto dirigido a los grandes tenedores, incluidos bancos, fondos y entidades inmobiliarias, cuando adquieran inmuebles con finalidad especulativa y las mantengan vacías.

Carmen Hernándesz, en la PPL, ha decidido recuperar el Plan Canario de Alquiler Seguro de NC-BC, con mecanismos destinados a proporcionar seguridad jurídica a los propietarios y favorecer la incorporación de viviendas actualmente vacías al alquiler.

Proyecto de vida

La portavoz sectorial de NC-BC defendió que esta ley no se limita a plantear la construcción de nuevas residencias ya que pretende cambiar la política de vivienda mediante una combinación de promoción pública, vivienda protegida, alquiler asequible, movilización de vivienda vacía, planificación territorial, regulación del mercado y protección de las familias más vulnerables.

Reivindicó que la vivienda debe abordarse como un elemento determinante del bienestar y de las posibilidades de emancipación de la población canaria. “La vivienda es nuestro proyecto de vida”, subrayó

La proposición de ley parte de las singularidades de Canarias, como la insularidad, la fragmentación territorial, la presión turística, las limitaciones de suelo, la vivienda vacacional, la movilidad y la realidad salarial; para plantear un marco propio para el Archipiélago.

Luis Campos añadió que, con esta iniciativa, Nueva Canarias-Bloque Canarista vuelve a situar la vivienda protegida y asequible como uno de los principales ejes de su acción parlamentaria, como así ha sido a lo largo de los tres años de legislatura transcurridos a pesar de que el Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo ha tumbado todas y cada una de las medidas presentadas.

Desde iniciativas para impulsar las zonas tensionadas a un plan de alquiler seguro en base a las 211.000 viviendas vacías existentes en las islas, una moratoria para el alquiler vacacional hasta la aprobación de la ley sectorial e incluso una petición para que el Gobierno de CC y el PP llevara al Parlamento una nueva ley.

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