NC-BC denuncia el electoralismo del Gobierno tras años de bloqueo de la zona tensionada de Las Palmas

Hernández recuerda que CC y el PP ya tumbaron en 2024 en el Parlamento una proposición no de ley de Esther González para impulsar este mecanismo

ELDIGITALDECANARIAS.NET/Canarias

15 de octubre de 2026

La parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Carmen Hernández denunció hoy que el Gobierno de las dos derechas canarias (CC y el PP) pretende convertir la declaración de Las Palmas de Gran Canaria como zona de mercado residencial tensionado en un anuncio electoralista, después de años de bloqueo a una medida que habría permitido poner límites a los precios abusivos del alquiler. Hernández cuestionó el repentino cambio de posición del Ejecutivo presidido por Fenando Clavijo y recordó que CC, PP, ASG y AHI tumbaron una proposición no de ley, en 2024, de la diputada de NC-BC Esther González, para impulsar la puesta en marcha de este mecanismo en el Archipiélago.

La portavoz del grupo nacionalista progresista en la materia, en comisión, reclamó al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, explicaciones sobre las razones han impedido culminar una tramitación necesaria para “aliviar la asfixia” económica de las familias. Carmen Hernández cuestionó que, en plena emergencia habitacional, el Ejecutivo de CC y el PP dejara transcurrir meses decisivos mientras los alquileres desorbitados expulsan a residentes de sus barrios y condenan a muchas personas a vivir con el temor permanente de no poder seguir pagando su vivienda.

Defendió que Las Palmas de Gran Canaria reúne las condiciones para activar este instrumento y que el Ayuntamiento realizó el trabajo necesario para fundamentar su solicitud. Expuso una cronología del expediente. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, según Hernández en base a los datos oficiales del Consistorio, anunció en mayo de 2024 la solicitud de declaración de zona tensionada. En enero de 2025, tras un requerimiento de ampliación documental del Gobierno, presentó documentación técnica adicional elaborada con la participación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, la Consejería no respondió hasta febrero de 2026, cuando volvió a solicitar más documentación.

Posteriormente, el 24 de septiembre de 2026, el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) emitió un informe para continuar la tramitación, siete meses después de la respuesta anterior, según la cronología detallada en la comisión.

“Ustedes se meten un año y siete meses para responder a esta situación”, censuró Hernández. Tiempos que, para NC-BC, son incompatibles con la urgencia de una emergencia habitacional.

La portavoz nacionalista puso el acento crítico en el momento en que el Ejecutivo ha comenzado a dar pasos en esta materia. Relacionó este cambio de las dos derechas canarias con la fuerte contestación social por la crisis de la vivienda (caso Mari Carmen) y con las denuncias de la ciudadanía canaria sobre la responsabilidad del Ejecutivo de Clavijo. Casualmente, afirmó Hernández, publican el expediente coincidiendo con este ambiente. El “tufo electoral” es innegable para NC-BC. Exigió que el anuncio no se quede en una mera operación de imagen. “Solo espero que esto no sea un anuncio electoralista», afirmó.

Aseguró que la tardanza del Gobierno tiene consecuencias reales en familias que han tenido que abandonar sus hogares, residentes expulsados de barrios como Guanarteme y hogares que continúan destinando una parte desproporcionada de sus ingresos a pagar el alquiler.

“Mucha gente no hubiera seguido viviendo asfixiada y no hubiera sido expulsada de sus casas” si la medida se hubiera impulsado con anterioridad, señaló. La diputada de NC-BC exigió al Ejecutivo de CC y el PP que acelere el procedimiento para evitar que más personas sufran las consecuencias de unos precios que consideran inasumibles.

Hernández criticó la posición del Gobierno de Canarias y los grupos que le apoyan en el Parlamento (CC, PP, ASG y la AHI) al votar, en 2024, en contra de una proposición no de ley de Esther González para impulsar la declaración de zonas tensionadas en el Archipiélago.

Concluido el debate, y al margen de la comisión, recordó además que, en la tramitación en el Congreso de los Diputados de la Ley Estatal de Vivienda aprobada en 2023, CC registró enmiendas para a eliminar la herramienta de la declaración de zonas tensionadas y la limitación del precio de los arrendamientos.

Sostuvo que el Estatuto atribuye competencias exclusivas en materia de vivienda para exigir a Pablo Rodríguez que asuma las obligaciones que le corresponden. exigencia inequívoca al Gobierno de Canarias: “Que esto no sea una patada para adelante para callar las voces que le señalan directamente, porque son los responsables en materia de vivienda, le guste o no le guste”.