El PSOE de Granadilla de Abona defiende su ordenanza sobre vivienda vacacional
Para Jennifer Miranda, la sentencia del TSJC válida el contenido regulatorio de la ordenanza
ELDIGITALDECANARIAS.NET/Granadilla de Abona
Miércoles, 11 de noviembre de 2026
Granadilla de Abona fue el primer municipio de Canarias, y uno de los primeros de España, en regular la vivienda vacacional en su municipio a través de una ordenanza provisional urbanística
Este instrumento venía a establecer una serie de condicionantes y limitaciones a la actividad de la vivienda vacacional a través de la regulación de la tipología de los inmuebles en los que sí se podría desarrollar esta actividad; viviendas unifamiliares, residenciales en primera planta con acceso independiente o plantas bajas alineadas a vial y con acceso directo desde la calle. Todo ello con el objetivo de evitar el uso extensivo de esta actividad, ponderando la concurrencia de intereses y primando, de esta manera, el uso residencial de la vivienda frente a otro tipo de usos distintos.
Para Jennifer Miranda, la sentencia de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que ha declarado nula la ordenanza, no invalida el contenido de la misma, sino que ha sentenciado que dicha ordenanza debió ser sometida, durante su proceso de tramitación, al procedimiento de evaluación ambiental estratégica a través del órgano ambiental competente.
En este sentido, tanto los servicios técnicos y jurídicos del ayuntamiento, como otros profesionales en la materia consultados con carácter previo a su elaboración, habían llegado a la conclusión de que la ordenanza reguladora de la vivienda vacacional no precisaba de informe de evaluación ambiental estratégica, dado que se trataba simplemente de regular los usos de edificaciones ya existentes en el territorio.
En cambio, el tribunal ha entendido que este criterio no puede ser adoptado por la propia administración que elabora la ordenanza, sino que es el órgano ambiental quien debe decidir si la ordenanza requiere o no un informe de evaluación ambiental. Todo ello, a pesar de reconocer en la propia sentencia que el impacto ambiental de la misma es “de escasa dimensión”.
Desde el Grupo Socialista en Granadilla de Abona, con Jennifer Miranda al frente, consideran que esta ordenanza, pionera en Canarias, ha sido un ejemplo a seguir para otras administraciones, y que el impacto que ha tenido a lo largo de su periodo de vigencia ha sido altamente positivo. En palabras de Miranda "durante el año y medio en que ha estado en vigor, las solicitudes de vivienda vacacional se han reducido exponencialmente, incrementando el número de viviendas disponibles en alquiler."
Por otro lado, la ex-alcaldesa de Granadilla de Abona, y actual líder de la oposición en Granadilla de Abona, exige al gobierno municipal, conformado por Coalición Canaria, VOX y un concejal del Partido Popular, que pongan ya en funcionamiento el cuerpo de inspectores de viviendas vacacionales puesto que, según Miranda, "ahora el gran reto es detectar y sacar del mercado a todas aquellas viviendas vacacionales que operan en la ilegalidad". Además, solicita al gobierno municipal que dé cuenta al pleno de los pasos a seguir para garantizar que la actividad de vivienda vacacional en Granadilla de Abona sea compatible y no perturbe ni distorsione el mercado de vivienda residencial en el municipio.
