Daniel Díaz exige la suspensión del “tasazo” de la basura por ilegal, y por castigar y machacar a familias y empresas

El 80% de la nueva tasa se ha repercutido en el empresariado de Tacoronte, al que no se le ha notificado, pese a los cambios significativos en importes o en los tipos de actividad respecto a 2025

ELDIGITALDECANARIAS.NET/Tacoronte

La aplicación de la nueva tasa de recogida, transporte y tratamiento de residuos de Tacoronte, aplicable a partir del mes de noviembre de 2026, representa no sólo un agravio para las familias, que deberán asumir un incremento del 36% (de 96 a 130 euros), sino para el sector empresarial, en el que figuran actividades y negocios que van a sufrir incrementos que superan el 1.600%, el 800% y una media para el resto de más de un 240% en sus recibos con relación a lo que pagaban hasta el ejercicio de 2025.

Ante esta nueva coyuntura, que está generando un ambiente de incertidumbre y de temor entre el sector productivo del municipio, donde muchos empresarios señalan que ante tan desproporcionada subida se verán obligados a cerrar su actividad, el portavoz de la formación mayoritaria en la oposición en el consistorio local, José Daniel Díaz Armas, ha anunciado que, entre otras medidas, presentará una moción en el próximo Pleno en la que solicitará “la revisión de las liquidaciones de la tasa en aquellos casos en los que se hayan producido cambios con respecto a 2025”. Díaz Armas aboga por “suspender de manera cautelar los recibos”, y ha señalado que “el proceso llevado a cabo por el Gobierno municipal (PSOE, CC y PP) se ha realizado mal, generando el desasosiego en los afectados, con el agravante de que todo el peso del “tasazo de la basura” recae en comercio, restaurantes, talleres, industrias y demás actividades radicadas en Tacoronte”.

Añadió que, esta actuación, “frente a la filosofía de la norma, que reza: quien contamina paga, no es precisamente así en este caso, pues se ha repercutido el 90% de la tasa de basura en los negocios, afectando gravemente a toda la actividad económica, cuando nuestros gobernantes, ni siquiera se han molestado en calcular quién contamina más”. 

Asimismo, dijo que “han asignado categorías y dimensiones inexistentes a estos negocios”, y adoptando medidas incongruentes como, por ejemplo, “el pago de la totalidad de la tasa de la basura de todo un año, independientemente del tiempo en ejercicio efectivo y legal se lleva a cabo una actividad”.

Además, dentro de lo que calificó como afán recaudador, José Daniel Díaz, ex alcalde de Tacoronte, ha puesto de manifiesto que “otro de los abusos que pretenden cometer es cobrar por locales que en la actualidad no cuentan con una actividad vigente”, aplicandoles una carga idéntica a la última que acogieron. En esta situación, se obliga a los propietarios de locales vacíos a pagar como si hubiera una actividad en marcha.

El responsable del grupo mayoritario en la oposición avanzó que las subidas que se pretenden aplicar son “muy desproporcionadas, pues hay casos de actividades que deberán soportar un 1.300 por ciento de subida, otros hacer frente a recibos un 1.000% más caros que en 2025 y, de media, se impondrá un 380% de más”.

Por todo ello, José Daniel Díaz anunció que, dentro de su faceta de abogado, a raíz de la preocupación que ha palpado entre muchos de los afectados, “llevaré al pleno una moción y he confeccionado unas alegaciones debido que se han cometido ilegalidades que vician de nulidad a cualquier liquidación y el procedimiento que se ha llevado a cabo”. Consideró que “se han vulnerado los derechos de los vecinos y vecinas, y de los empresarios como obligados tributarios, lo que deriva en unas actuaciones que son nulas y en la suspensión de la recaudación de los recibos hasta que cada uno de ellos reciba una notificación, la cual, hasta el día de hoy no les ha llegado”.

Otro de los aspecto en los que puso la atención, es que la acción de su formación está centrada en la suspensión del incremento que sufrirá el 12% del conjunto de afectados en mayor medida, que es donde se compromete y sustenta más del 88% de la tasa, a los que “se les ha incrementado de forma caprichosa y alterando los conceptos respecto a cómo se cuantificaba hasta ahora y, por lo tanto, con derecho de notificación de los afectados”.

En este sentido, remarcó que otros ayuntamientos, como son el caso de Santa Cruz, “están notificando, lo que deja claro que este ayuntamiento no ha sabido hacerlo, a pesar de que el concejal de Hacienda, Eduardo Dávila (CC) sabía esta circunstancia, pues se le advirtió en el pleno municipal en 2025, cuando aprobaron la tasa”.

El análisis realizado sobre los padrones de 2025 y 2026 ha permitido detectar más de 800 contribuyentes con indicios técnicos de cambios o reclasificaciones, fundamentalmente en actividades incluidas en las tarifas correspondientes a viviendas vacacionales, alojamientos, restauración, alimentación y otros establecimientos comerciales y de servicios. La moción plantea que estos casos sean examinados individualmente antes de considerar definitivamente correctas las cantidades exigidas.

“No estamos planteando que se anule indiscriminadamente la tasa ni cuestionando que el Ayuntamiento tenga que adaptar su ordenanza. Lo que pedimos es algo mucho más concreto: que cuando para calcular un recibo se haya cambiado la actividad, la superficie, las unidades o cualquier otro dato particular de un negocio, el afectado pueda saber qué se ha hecho, comprobarlo y alegar antes de que esa liquidación se dé definitivamente por correcta”. Dijo que, “una cosa es modificar una tarifa para todos y otra distinta decidir qué características tiene cada establecimiento y utilizar esos datos para determinar cuánto debe pagar. La moción pretende que esa segunda parte sea revisada con todas las garantías.”

“La forma en la que se ha actuado, implica que hay una ilegalidad manifiesta y con ánimo de machacar al vecino, pues pasamos de contar con seis recibos anuales a uno, de manera que antes había seis padrones, y solo se contribuía por el periodo de actividad realizado al año, y no como ahora, que obliga al abono de un sólo recibo anual, todo para que la Alcaldía y el área de Hacienda trabajen menos, mientras que en otros municipio, como El Sauzal, por ejemplo, mantiene sus seis recibos anuales y con sus fracciones.

Se trata de machacar y recaudar, evidentemente, para luego gastar en fiestas”.