Daniel Díaz denuncia la destitución de la coordinadora de Servicios Sociales por intereses electorales y persecución

El portavoz del grupo mayoritario de la oposición revela una operación a 7 meses de las elecciones locales, que se comunica a la trabajadora en plenas vacaciones, sin informe jurídico ni posibilidad de recurso, para poner al concejal José Caro al frente

ELDIGITALDECANARIAS.NET/Tacoronte

José Daniel Díaz, portavoz del grupo mayoritario en la oposición en el Ayuntamiento de Tacoronte, ha manifestado que por parte del grupo gobernante, conformado por PSOE, CC y PP, “se ha orquestado una operación intencionada” con el propósito de retirarle las competencias que venía desempeñando la coordinadora del área de Servicios Sociales, “una plaza que fue obtenida por medio de su concurrencia en una convocatoria pública específica para el cargo, y que ahora, pretenden hurtársela en base a la relación de Puestos de Trabajo (RPT)”, una reorganización que, aseveró, “está impugnada en la actualidad”.

Además, segura que, a esta trabajadora municipal, por parte de los actuales responsables de la corporación, “se le está intentando quitar sus derechos fundamentales a la defensa y a presentar alegaciones o judicializar la propia RPT”, con el agravante, denunció, de que sus funciones “la asumirá directamente, a solo siete meses de las elecciones, el concejal de Servicios Sociales, José Caro (PP)”.

Para Díaz Armas, “esta situación demuestra que, cuando es el concejal el que asume las competencias de la coordinadora apartada, que es quien ejercía la autoridad en la coordinación del personal y de las UTS, lo único que queda claro, es que lo que se pretende por quien emprende el proceso, es manipular ayudas y servicios sociales con un carácter estrictamente electoral”.

Asimismo, el ex alcalde de Tacoronte asevera que “llama mucho la atención que en el escrito en el que se le quita las competencias a la coordinadora, las firmas que ratifican esta decisión sean las de los concejales Eduardo Dávila (CC), José Caro (PP), Tarsis Morales (PSOE, y la alcaldesa, Sandra Izquierdo (PSOE)”, cuatro personas que, añadió, “nada tienen que ver, inicialmente, con el área de Recursos Humanos, salvo Izquierdo quien, “presuntamente, será la que habrá tomado la decisión”.

En este sentido, Díaz Armas añadió que en dicha comunicación no se le incluye a la trabajadora el pie de recurso y sin decreto, lo que representa que “esta notificación es jurídicamente insostenible, porque carece de informe, de expediente jurídico y se opta por una comunicación de tipo informal que se produce en medio del periodo de vacaciones de la trabajadora”.

“Esto ha sido una encerrona total, hecha con nocturnidad y alevosía, cuyo ánimo es absolutamente electoralista, con la intención de manipular una prestación pública de cara al proceso electoral, al que se enfrentan las tres formaciones que firman el escrito”, con el objeto de llevar a término una componenda que “pone a José Caro al frente de los Servicios Sociales, que desde el comienzo del mandato han intentado someter y que ahora han visto la oportunidad apartando a la coordinadora”, una persona que, añade José Daniel Díaz, “ganó su plaza en un proceso selectivo”.

El responsable político en la oposición argumentó que, al margen del interés político que hay detrás de esta operación, “también es evidente que hay una intención de venganza y persecución de los responsables públicos hacia los trabajadores o sindicatos que ha emprendido procesos de protesta y judicialización de la RPT, una organización de los puestos de trabajo que fue aprobada de manera unilateral y al margen de las asambleas de trabajadores”.

Esta situación, según Díaz Armas, ha provocado un gran descontento que, a priori, desembocará en movilizaciones del personal, a lo que se ha reaccionado como siempre: “con palos, golpes y hostigamiento por parte del grupo gobernante”, mientras que, añadió, en un servicio esencial como son los Servicios Sociales, se está llevando a cabo “un deterioro total por el interés político, a pesar del esfuerzo ingente de sus trabajadoras, que se ven afectadas por las injerencias políticas”.

Por último, expresó su deseo de que este controvertido proceso “acabe en breve a favor de la coordinadora de los Servicios Sociales, puesto que los argumentos jurídicos son insostenibles”, aunque teme que “todo se resuelva tarde y después de las elecciones, pues sus intenciones con esta manipulación es que llegue a mayo, con el agravante de que al frente de las decisiones está José Caro, que es un señor que no tiene ni idea de Servicios Sociales, pero que ha apartado a una trabajadora en su propio beneficio”.