Intersindical Canaria logra que Inspección de Trabajo requiera al Gobierno de Canarias por incumplir la prevención de riesgos tras la reforma judicial
La autoridad laboral constata graves deficiencias en materia de salud laboral tras la implantación de los Tribunales de Instancia y los servicios comunes
ELDIGITALDECANARIAS.NET/Santa Cruz de Tenerife
La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia (DGRAJ) no ha evaluado los riesgos psicosociales, la violencia externa ni ha actualizado los planes de emergencia
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife ha emitido un requerimiento formal contra la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia (DGRAJ) del Gobierno de Canarias tras estimar las denuncias presentadas por el sindicato Intersindical Canaria.
El informe, fechado el pasado 3 de noviembre, confirma que la Administración autonómica ha implantado la profunda reorganización derivada de la Ley Orgánica 1/2025 (de eficiencia del Servicio Público de Justicia) sin garantizar la seguridad y la salud de las plantillas de los juzgados y tribunales.
Tras investigar los hechos y reunirse con los responsables de la DGRAJ y del servicio de prevención, el inspector actuante ha constatado cuatro incumplimientos graves de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL):
1. Ausencia de evaluación de riesgos y planes de emergencia: A pesar de la creación de los Tribunales de Instancia, los servicios comunes y el cambio sustancial en las funciones y cargas de trabajo, la Administración no ha actualizado las evaluaciones de riesgos de las sedes judiciales afectadas ni dispone de la planificación preventiva obligatoria ni de medidas de emergencia adaptadas.
2. Falta de evaluación psicosocial y de violencia externa: La DGRAJ no ha evaluado el impacto psicosocial de los nuevos protocolos organizativos (sobrecarga de trabajo, definición de funciones, autonomía o clima laboral). Además, el informe subraya que las evaluaciones existentes son parciales y omiten un factor crítico en la Justicia: los riesgos derivados de la violencia externa.
3. Vulneración de los derechos sindicales: La Inspección señala que la Administración ha ocultado información y ha omitido la consulta preceptiva a los delegados de prevención sobre las reformas y modificaciones organizativas que alteran directamente las condiciones laborales del personal.
4. Falta de coordinación entre administraciones: No se ha acreditado ningún procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) para gestionar la prevención en unos centros donde conviven cuerpos de funcionarios dependientes de distintas administraciones (personal transferido a la Comunidad Autónoma y Letrados de la Administración de Justicia dependientes del Ministerio).
Desde Intersindical Canaria valoramos muy positivamente esta resolución, que viene a dar la razón a nuestras reiteradas advertencias. La modernización y reorganización de la Justicia no puede ejecutarse a costa de la salud física y mental de quienes sostienen el servicio público día a día.
El sindicato permanecerá vigilante para exigir el cumplimiento estricto e inmediato de las medidas correctoras impuestas por la Inspección de Trabajo y garantizar que se respete el derecho de participación de la representación legal de los trabajadores en todo el proceso.
