22 Nov 2026

La inmigración que viene a Canarias perjudica más a España que la que entró en julio de este año 2026 en Ceuta

Ventanas de Opinión

Bruno Perera (*)

La inmigración ilegal que llega a Canarias por vía marítima constituye un problema económico, social y administrativo para España que, a mi entender, tiene unas características y unas consecuencias mucho más prolongadas que las que tuvo la entrada masiva de inmigrantes que se produjo en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio de 2026.

No se trata solamente de contar cuántos inmigrantes entran ilegalmente en territorio español. Se trata de analizar qué sucede después de su llegada, cuánto tiempo permanecen en nuestro país, qué gastos ocasionan a las administraciones públicas y qué consecuencias tiene su distribución por el territorio nacional.

Para comprender esta diferencia conviene examinar los dos acontecimientos por separado.

La entrada masiva en Ceuta y una discrepancia en las cifras oficiales

Durante los días 30 y 31 de julio de 2026 con la venia del Gobierno marroquí, se produjo una entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos hacia Ceuta. Las estimaciones oficiales fueron cambiando durante los días posteriores. Inicialmente se habló de unas 49.000 entradas; posteriormente, el Ministerio del Interior manejó unas 72.000, mientras que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, llegó a hablar de 80.000. Por otra parte, un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras manejó una horquilla de entre 75.000 y 85.000 personas.

Aquella entrada provocó una situación extraordinaria para una ciudad autónoma de aproximadamente 18,5 km². Y cuya población ronda los 83.000 habitantes.

Sin embargo, una característica importante de aquel episodio fue que una gran parte de quienes entraron regresaron posteriormente a Marruecos.

El 6 de noviembre de 2026 se conoció que la Guardia Civil había remitido a la Audiencia Nacional un informe en el que estimaba que aproximadamente 88.146 personas habían regresado a Marruecos hasta el 27 de octubre.

Aquí surge una pregunta que las autoridades deberían responder con claridad: ¿cómo es posible que el número estimado de retornos sea superior al número de personas que, según las propias estimaciones oficiales, entraron en Ceuta?

Si el Gobierno calculó unas 72.000 entradas, o incluso aceptamos la estimación superior de 80.000, ¿cómo puede la Guardia Civil contabilizar 88.146 retornos?

¿Se han contabilizado personas individualizadas o movimientos de paso por la frontera? ¿Se han podido producir cruces repetidos de una misma persona? ¿Qué procedimiento estadístico se ha utilizado para obtener esa cifra?

No estamos ante una diferencia menor. Estamos ante una discrepancia de miles de registros en un asunto de enorme importancia para la seguridad fronteriza y la gestión migratoria española.

La propia Policía Nacional reconoció ante la Audiencia Nacional que no disponía de un recuento oficial del total de entradas, porque estas se produjeron por una zona bajo responsabilidad de la Guardia Civil. También explicó que sus cifras de retornos eran muy inferiores a las estimaciones globales de este último cuerpo.

Por tanto, considero necesario que el Gobierno publique un balance detallado que permita conocer cuántas personas entraron realmente, cuántas salieron, cuántas permanecían en Ceuta y qué método se empleó para calcular los movimientos fronterizos. (Y más cuando aún se cree que hay en Ceuta unos 15.000 inmigrantes ilegales entre ellos MENAs y adultos.)

La Administración tiene la obligación de ofrecer cifras comprensibles, verificables y coherentes. Cuando las estadísticas oficiales parecen contradecirse, los ciudadanos tienen derecho a conocer las razones.

Canarias: un flujo migratorio que se extiende por todo el territorio nacional

La situación de Canarias presenta características diferentes.

El archipiélago recibe embarcaciones procedentes de las costas africanas que, en ocasiones, transportan a decenas o incluso centenares de inmigrantes. Su llegada obliga a movilizar a Salvamento Marítimo, servicios sanitarios, fuerzas de seguridad, personal de emergencia y dispositivos de recepción y atención humanitaria.

Pero el problema no termina cuando las embarcaciones, pateras, zodiacs y cayucos llegan a puerto.

Una vez identificados y atendidos, muchos de estos inmigrantes son trasladados de una isla a otra y desde algunas islas a distintos puntos de la Península. De esta manera, parte de la presión inicial que soporta Canarias y sus servicios públicos se extiende posteriormente a otras comunidades autónomas. Pero la mayor parte de los inmigrantes se quedan en el archipiélago distribuidos entre cada una de las islas, sobre todo MENAs y en menor proporción adultos.

Según el balance correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2026, llegaron ilegalmente a Canarias por vía marítima 24.364 inmigrantes. En el mismo periodo de 2025 habían llegado 14.690. Esto representa un incremento del 65,9 %.

Además, solamente durante los primeros quince días de noviembre de 2026 llegaron 11.037 personas al archipiélago. Sobre todo más a El Hierro que a otras islas.

Son cifras que merecen una atención especial, particularmente por las consecuencias que tienen para unas islas que cuentan con una población limitada, un territorio reducido y unos servicios públicos que también deben atender las necesidades de sus residentes. (Y en todo esto no se debe olvidar contabilizar a los inmigrantes ilegales que entran por aeropuertos y fronteras terrestres, cuya cantidad, con la argucia de entrar como turista y después quedarse, suele ser superior a la que llega por mar).

El traslado a la península y el coste para el Estado

Uno de los aspectos que considero más importantes de este fenómeno es el traslado de inmigrantes desde Canarias hacia la Península.

El propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones informó de que durante 2025 se gestionó el traslado de 20.489 inmigrantes ilegales desde Canarias a la Península.

Este dato demuestra que la inmigración ilegal que llega al archipiélago no constituye exclusivamente un problema de las islas, sino que termina teniendo repercusiones sobre el conjunto del Estado.

Cada traslado requiere medios de transporte, identificación, tramitación administrativa y, cuando corresponde, alojamiento y asistencia dentro de los programas públicos de atención humanitaria.

El Gobierno también informó de que durante 2025 el Sistema de Acogida Estatal atendió a 124.170 personas y contó con 56.053 plazas de acogida, distribuidas entre los programas de protección internacional y atención humanitaria.

Estamos hablando de una estructura administrativa y asistencial que necesita financiación pública, instalaciones, trabajadores, recursos materiales y oenegés que no  necesitamos pero que están ahí entre los inmigrantes viviendo del cuento del eslogan: “pobrecitos inmigrantes”.

Y aquí aparece una cuestión que considero fundamental: ¿cuánto dinero está gastando realmente España en atender a los inmigrantes que llegan ilegalmente a través de Canarias y que una  parte de los mismos son posteriormente trasladados a la Península?

No basta con conocer el número de llegadas. Es necesario conocer el coste total de cada procedimiento, desde el rescate marítimo hasta la recepción, manutención, alojamiento, asistencia sanitaria, transporte y seguimiento administrativo.

¿Qué sucede con los inmigrantes adultos que no regresan a sus países?

Otro asunto que merece un análisis riguroso es la permanencia en España de los inmigrantes adultos que llegan ilegalmente.

No todos los inmigrantes que llegan a Canarias permanecen necesariamente en los centros de acogida. Algunos consiguen salir de ellos, otros solicitan protección internacional, otros encuentran empleo legal o ilegal, y otros continúan su situación administrativa por diferentes vías.

Pero también existe una cuestión que no puede ignorarse: cuando no se produce el retorno al país de origen, las necesidades de alojamiento, integración, documentación y atención pueden prolongarse durante años.

Esto acarrea consecuencias sobre el mercado y la subida del precio del alquiler de la vivienda, y mayores gastos en los servicios sanitarios, la asistencia social y las necesidades de empleo.

Por eso, para conocer el verdadero balance económico hay que comparar los gastos públicos con las cotizaciones, los impuestos y la actividad productiva que generan quienes consiguen incorporarse al mercado laboral.

Lo que no resulta razonable es que el Estado no publique una contabilidad suficientemente detallada que permita conocer ese balance.

Canarias no puede soportar indefinidamente esta situación

Canarias es un territorio insular, alejado geográficamente de la Península y situado frente a una de las principales rutas migratorias procedentes de África occidental.

Sus habitantes tienen derecho a disponer de unos servicios sanitarios, educativos, sociales y de vivienda adecuados, al igual que los ciudadanos de cualquier otra comunidad española.

La solidaridad con los inmigrantes que llegan en embarcaciones precarias y necesitan auxilio humanitario no debe confundirse con la obligación de aceptar indefinidamente cualquier volumen de llegadas ilegales sin que exista una política eficaz de control fronterizo y de deportación.

También es necesario que las administraciones públicas expliquen con transparencia cuánto cuesta esta política y cómo se distribuyen sus responsabilidades entre el Estado y las comunidades autónomas.

La atención humanitaria es una obligación, pero también lo es administrar responsablemente los recursos públicos y garantizar que los servicios esenciales no se vean desbordados.

Dos fenómenos diferentes y una misma obligación del estado

La entrada masiva en Ceuta durante julio de 2026 fue un acontecimiento extraordinario que puso a prueba la seguridad fronteriza española y provocó una situación humanitaria de enorme gravedad.

Sin embargo, los datos de los retornos a Marruecos muestran que se produjo un importante movimiento de regreso, aunque las cifras oficiales publicadas presentan discrepancias que todavía necesitan una explicación.

En Canarias, por el contrario, las llegadas marítimas forman parte de un flujo migratorio que requiere una estructura continuada de rescate, recepción, acogida y traslado hacia otras partes de España.

Por eso considero que, desde el punto de vista de los costes públicos acumulados y de las consecuencias territoriales a medio y largo plazo, la inmigración ilegal que llega a Canarias puede representar una carga económica más prolongada para el Estado que aquella entrada masiva en Ceuta.

No obstante, para demostrar cuánto mayor es esa carga sería necesario disponer de una comparación económica oficial que todavía no tenemos.

España necesita conocer el coste real de ambos fenómenos, el número de inmigrantes que permanecen en territorio nacional, el tiempo que reciben asistencia pública, los que trabajan y cotizan y los que regresan a sus países.

No se puede administrar correctamente un problema que no se mide con transparencia.

Y Canarias, por su situación geográfica y por la intensidad de las llegadas, necesita que el Gobierno de España deje de tratar esta cuestión como una sucesión de emergencias aisladas y establezca una política migratoria capaz de proteger las fronteras, atender a las personas que necesitan auxilio y garantizar que los recursos públicos se administren de forma responsable.

Fuentes documentales para acompañar la publicación:

·        Ministerio del Interior: Balance de inmigración irregular.

·        Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: Información sobre acogida y atención humanitaria.

Información de la investigación sobre las entradas y retornos en Ceuta publicada por EL PAÍS, RTVE y Cadena SER.

Nota final. Cuando algunas oenegés establecidas en Canarias y en la Península reclaman un mayor control de la ruta migratoria de pateras, zodiacs y cayucos procedentes de África, alegando las miles de muertes que se han producido en el Atlántico, conviene preguntarse cuáles son sus verdaderas motivaciones. ¿Lo hacen exclusivamente por razones humanitarias o también porque necesitan que continúe funcionando el sistema del que viven?

Desde mi punto de vista, detrás de esas reclamaciones existe una contradicción: se pide un mayor control y más medios de rescate para evitar muertes en el mar, pero, al mismo tiempo, se contribuye a mantener abierta una ruta que permite la llegada de cientos de miles de inmigrantes ilegales. Un fenómeno del que determinadas oenegés obtienen financiación, actividad y razón de ser.

Considero especialmente grave que se alimente entre los africanos más pobres la esperanza de que, si se lanzan al océano en embarcaciones precarias, siempre habrá alguien dispuesto a rescatarlos. Muchos terminan emprendiendo una travesía extremadamente peligrosa, confiando en que la Guardia Civil del Mar acudirá en su auxilio y actuará como una especie de ángel de la guarda en las aguas del Atlántico.

La verdadera ayuda humanitaria no debería consistir en facilitar que más personas se jueguen la vida en el océano, sino en evitar que tengan que hacerlo y combatir cualquier actividad que se aproveche de su pobreza, su desesperación y sus esperanzas de alcanzar una vida mejor.

(*) Articulista