Entre la ignominia y la pleitesía de España a Marruecos. Algunas claves del plan marroquí. Parte III
Carlos Gustavo Rivero Quintana (*)
España es un Estado democrático, de derecho y de bienestar, con una economía de mercado, cuya forma política es una monarquía parlamentaria. El sistema de gobierno se basa en la soberanía nacional, la división de poderes y un sistema parlamentario. Las ciudades autónomas de Melilla (territorio español desde 1497) y de Ceuta (territorio español desde 1580), son territorios españoles desde hace siglos.
Marruecos es una “monarquía parlamentaria”, aunque a efectos prácticos se asemeja más a un estado autocrático, donde el rey (jefe del Estado) ostenta el poder supremo, es el comandante de las fuerzas armadas reales, y la máxima autoridad religiosa del país bajo el título de “Amir al-Muminin” (Comendador de los creyentes), de modo que concentra el poder real y las decisiones clave del Estado, por encima del primer ministro al cual nombra y a los ministros a propuesta de este, pudiendo cesarlos o disolver el Parlamento. A nadie ha de sorprender (dado que no lo esconden) lo que desde el nacionalismo e irredentismo marroquí denominan la creación del Gran Marruecos (que incluiría el Sahara Occidental, las zonas occidentales de Argelia (provincias de Tinduf y Béchar, así como la región desértica del Tuat en el centro de Argelia), toda Mauritania, la zona norte de Malí, nuestras ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, e inclusive las islas Canarias por ser frontera natural y una región geográficamente africana). Estas pretensiones marroquís tienen su origen en la primera mitad del siglo XX, y que fue desarrollada por el político Allal el Fassi argumentado en razones religiosas, políticas e históricas (cimentadas en la influencia de pasadas dinastías norteafricanas).
Una de las primeras grandes acciones perpetradas por Marruecos data del 6 de noviembre de 1975 (con infame invasión del territorio español del Sahara Occidental, conocida también como “Marcha Verde” (orquestada por Estados Unidos y Francia según documentos desclasificados de la CIA, que planificaron el apoyo logístico y de inteligencia estratégica de la operación durante la Guerra Fría, financiada por capital de Arabia Saudí) materializada por Marruecos, ocupándola de manera ilegal). En ese entonces se practicó una política de apaciguamiento del gobierno español al marroquí, al igual que en marzo de 2022 (resolución 2797 el 31 de octubre de 2025 del Consejo de Seguridad de la ONU) impulsada por Estados Unidos (EE.UU.).
Es un parche legal impropio de las obligaciones históricas para la reparación del estado español con el pueblo saharaui, que en septiembre del año 2026 se lleve a las Cortes Españolas una proposición de Ley que reconozca el derecho a la nacionalidad por carta de naturaleza a los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental antes del 26 de febrero de 1976 (cuando el territorio estaba bajo la administración colonial española), sin exigir residencia legal previa en España. La dejación de nuestra responsabilidad como potencia administradora de facto, para la celebración de dicho referéndum (acordado en 1991 por la ONU, Marruecos y el Frente Polisario) con el censo español de los habitantes en 1974. Que en nuestro país se hable desde diferentes organizaciones políticas de “estar en el lado bueno de la historia” cuando se trata de política exterior, parece una broma cuando se trata de este asunto. Lo que anhelan el pueblo saharaui no es ser españoles sino simplemente decidir su destino mediante referéndum y optar por ser un país independiente o integrarse en Marruecos bajo la supervisión de la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental).
Con estos hechos parece aparente que Marruecos sigue una estrategia de seguridad fronteriza vinculada a la obtención europea de más recursos. La cuestión es hasta cuándo seguiremos tolerando que utilicen a los migrantes, víctimas de esta situación, como moneda de presión para obtener sus objetivos (expansionistas o de cualquier otra índole). Parece necesario que, ante la incapacidad de los sucesivos gobiernos españoles de frenar estos comportamientos beligerantes por parte de nuestro vecino, se impone una acción coordinada desde Europa en la que con contundencia se actúe contra la utilización de los migrantes como moneda de cambio, con medidas disuasorias, sobre todo a nivel económico para que episodios como los ocurridos en Ceuta no vuelvan a tener lugar. ¿Habrá alguien en Europa y España que le ponga coto o seguiremos tolerando la escalada de acciones de Marruecos hasta el punto de que esta se pueda llegar a transformar en una crisis diplomática o en el peor de los casos bélica?. Ya se verá.
Así lo he dicho y así queda.
(*) Ciudadano canario, español y europeo.
