Tres científicos a juicio por una protesta climática noviolenta
La Fiscalía pide 18 meses de prisión y Amnistía Internacional alerta de una posible vulneración del derecho a la protesta
ELDIGITALDECANARIAS.NET/Barcelona
7 de julio de 2026
Los activistas serán juzgados el 16 de julio por una acción de desobediencia civil noviolenta con la que denunciaban la inacción frente a la crisis climática y la criminalización de otros activistas ecologistas
La Fiscalía solicita para cada uno de ellos 18 meses de prisión y reclama un total de 8.100 euros por los daños ocasionados tras arrojar pintura lavable a la fachada de la Delegación del Gobierno en Barcelona, en abril de 2023
Amnistía Internacional asistirá al juicio como observadora y ha trasladado a la Fiscalía su preocupación por la petición de penas de prisión, al considerar que podría vulnerar el derecho a la protesta pacífica
Tres científicos vinculados a Rebelión Científica serán juzgados el próximo 16 de julio por su participación en una acción de protesta noviolenta llevada a cabo en abril de 2023 frente a la Delegación del Gobierno en Barcelona. Durante la protesta arrojaron pintura lavable sobre la fachada del edificio para denunciar la insuficiente respuesta de los gobiernos ante la crisis climática y la persecución judicial de otros activistas climáticos, investigados por una acción similar en el Congreso de los Diputados en 2022.
La Fiscalía solicita para cada uno de los tres acusados una pena de 18 meses de prisión y reclama un total de 8.100 euros en concepto de responsabilidad por los "daños ocasionados".
Rebelión Científica es un colectivo formado por personal investigador y científico que, ante la insuficiente respuesta institucional frente a la emergencia climática, decidió recurrir a la desobediencia civil noviolenta para alertar sobre las consecuencias cada vez más graves del cambio climático.
"Mientras las consecuencias de la crisis climática son cada vez más visibles y mortales, resulta profundamente preocupante que quienes se sienten en el banquillo sean científicos que actuaron para alertar de esa emergencia. Este juicio plantea una cuestión democrática fundamental: si es legítimo criminalizar a quienes intentan prevenir una catástrofe anunciada", señala una portavoz de Rebelión Científica.
La organización considera que este procedimiento se enmarca en un contexto internacional de creciente presión sobre el derecho a la protesta. En los últimos años, se han multiplicado, en distintos países europeos y en Estados Unidos, los procesos judiciales y las sanciones contra activistas climáticos y otros movimientos sociales.
En Inglaterra el mes pasado, activistas pro-palestinos fueron acusados de terrorismo y recibieron duras sentencias de prisión por un sabotaje a Elbit Systems, una empresa armamentística israelí. En España, la semana pasada, varios activistas ecologistas fueron detenidos por su presunta participación en una protesta de Revoltes de la Terra y posteriormente quedaron en libertad investigados por un presunto delito de pertenencia a grupo criminal.
"La protesta noviolenta es una herramienta esencial en cualquier democracia. Permite a la ciudadanía expresar sus preocupaciones y exigir responsabilidades cuando considera que las instituciones no están respondiendo a desafíos de enorme gravedad", añade la misma portavoz.
El juicio tendrá lugar en un contexto especialmente significativo. El verano ha comenzado con episodios de calor extremo que vuelven a poner de manifiesto los efectos cada vez más visibles del cambio climático. Según los datos difundidos por el Ministerio de Sanidad, las altas temperaturas se asocian ya a más de 1.200 muertes en España desde el inicio de 2026.
Amnistía Internacional asistirá al juicio como observadora legal, al considerar que el caso plantea importantes implicaciones para los derechos humanos. La organización ha trasladado a la Fiscalía de Barcelona su preocupación por el hecho de que las conductas enjuiciadas se encuentran amparadas por los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Por ello, insta al Ministerio Fiscal a reconsiderar los cargos formulados y, especialmente, a retirar la petición de penas de prisión, por entender que resultan incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.
Video de la acción:
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