Promovida tras décadas de lucha del movimiento asociativo, esta norma supuso un hito en el reconocimiento de los derechos lingüísticos y culturales de la comunidad sorda. “El 23 de octubre de 2007 cambió para siempre la historia de nuestra comunidad”, ha afirmado Roberto Suárez, presidente de la CNSE. “Ese día, el Estado reconoció que la lengua de signos forma parte del patrimonio común y que, comunicarnos en nuestra lengua, es un derecho fundamental”.

Durante estos 18 años de vigencia, la Ley 27/2007 ha fortalecido el marco legal a favor de la población sorda en España, si bien era necesario crear actos de aplicación específicos que asegurasen su cumplimiento”. Algo que llegó con la aprobación del Real Decreto 674/2023, que desarrolla la ley y establece las condiciones básicas para garantizar el uso y disfrute de la lengua de signos en todo el Estado. Un paso decisivo para su promoción y protección que, sin embargo, Suárez considera solo el comienzo: “Ahora toca pasar de las palabras a la acción”.

Y es que a pesar de los avances logrados, la aplicación plena y homogénea de la Ley 27/2007 sigue siendo un desafío. Uno de los principales problemas radica en la desigualdad territorial, ya que la implantación de servicios y recursos varía significativamente entre comunidades autónomas, lo que genera importantes inequidades en el acceso a la comunicación y a los servicios públicos. A ello se suma la falta de financiación estable, pues muchos programas dependen de subvenciones temporales o insuficientes que dificultan su continuidad y eficacia.

“El texto legal es claro, pero la realidad no lo es tanto”, advierte el presidente de la CNSE. “Hay personas sordas que, dependiendo del lugar donde vivan, no tienen garantizado su derecho a comunicarse en lengua de signos. Esa desigualdad es inaceptable y debe ser corregida”, ha manifestado.

Otro de los retos fundamentales es la escasez de intérpretes, tanto por la carencia de profesionales cualificados como por la ausencia de planes formativos oficiales que garanticen su preparación, lo que limita el acceso a la interpretación en ámbitos esenciales. También persisten carencias en el sistema educativo, donde aún existen obstáculos para garantizar una educación bilingüe de calidad en todas las etapas, con una presencia adecuada de profesorado sordo signante.

Finalmente, la escasa coordinación institucional constituye otro obstáculo relevante, ya que la falta de estrategias comunes entre ministerios, comunidades autónomas y entidades locales dificulta la implantación de políticas transversales y retrasa el cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos por la ley.

En este sentido, la entidad hace un llamamiento a las administraciones públicas para reforzar los recursos, garantizar la financiación, impulsar la formación y asegurar la accesibilidad comunicativa en todos los ámbitos. “Nuestro objetivo sigue siendo el mismo que hace 18 años: que todas las personas sordas podamos comunicarnos, decidir y vivir en libertad. Y eso requiere voluntad política, recursos estables y un compromiso institucional firme”, ha concluido su presidente.

La CNSE es una organización sin ánimo de lucro que atiende los intereses de las personas sordas y con discapacidad auditiva y de sus familias en España. Desde su creación, en 1936, la CNSE ha desarrollado una labor de reivindicación e incidencia política para lograr la plena ciudadanía de las personas sordas; así como del desarrollo de programas de atención y prestación de servicios a través de sus federaciones. Hoy la CNSE está integrada por 17 federaciones de personas sordas, que a su vez mantienen afiliadas a más de 120 asociaciones provinciales y locales de todo el Estado. No obstante, la CNSE atiende cualquier necesidad relacionada con el colectivo de personas sordas, estén o no afiliadas a su movimiento asociativo.