El sindicato Agrupación Reformista de Policías, solicita al ministerio del Interior, las máximas garantías jurídicas en materia de devolución de menores extranjeros
Solicita se informe a la sociedad “la duda técnica que haya surgido al ministerio del Interior”
EDDC.NET / Madrid
El ministro del Interior, Marlaska, debe atender en estos momentos al Defensor del Pueblo de España, al Ministerio de Derechos Sociales del propio gobierno actual, a la Audiencia Nacional, Unicef, al Comité de Derechos Humanos de la ONU, a las organizaciones políticas, profesionales de la abogacía, entre otros, son algunas de las instituciones, personas físicas jurídicas, discrepantes con estos procedimientos que se llevan a efecto en la Ciudad Autónoma de Ceuta, paralizadas por un juzgado, lo que nos obliga a ARP decir que estamos en el lugar adecuado, posición inequívoca que solicita se informe a la sociedad “la duda técnica que haya surgido al ministerio del Interior o a los responsables policiales de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, en estas devoluciones con menores, si las hubiera, lo que supone un serio problema que hay que atender desde el ejecutivo central y no solo a nivel policial.
La administración se fundamenta para la repatriación colectiva de estos menores en un convenio bilateral entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007 que entró en vigor el 2 de octubre de 2012, que origina serias dudas en su estricto cumplimiento a todas estas organizaciones y a este sindicato libre y autónomo, no sujeto a servidumbres políticas, alejado del corporativismo, lo que favorece seguir cumpliendo fielmente la creencia en unos valores y principios que contemplan nuestros estatutos, propuestas profesionales y cívicas que nos obliga a disentir ante cualquier actuación fuera del contexto legal de derechos y obligaciones que nos impone el derecho constitucional y las normas internacionales en materia de derechos humanos.
Induce pensar que la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía española, en su oposición a cómo se están materializando estas devoluciones, están trasladando un mensaje claro al conjunto de la sociedad y a los responsables policiales dependientes del Ministerio del Interior, incluido el actual Jefe Superior de Policía de Aragón, “impulsado” profesionalmente por el equipo actual de la dirección general de la Policía, por tanto, funcionario de confianza de la administración socialista, al que le place nombrar a ARP como sindicato residual, lo que indica que este cargo policial “sigue” con sumo interés nuestro proceder como sindicalistas defensores de los derechos humanos, es decir, las cosas bien hechas como se viene demostrando y avaladas por la judicatura.
No queremos dejar de recordar que el Parlamento Europeo condenó recientemente a Marruecos, el uso de menores para provocar la crisis existente con los denominado menas (menores extranjeros no acompañados), por tanto, cualquier acuerdo con ese país en materia de devolución requiere las máximas garantías jurídicas, en evitación de que el Cuerpo de Policía Nacional, sus miembros en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, puedan sufrir una condena social o judicial, por tratar estas devoluciones alejadas en este caso, de la opinión y recomendación expresa y mayoritaria de la Unión Europea, con respecto al país vecino.
