NC-BC propone blindar en la nueva ley canaria de la ciencia una financiación estable y creciente para la I+D+i
Carmen Hernández presenta 22 enmiendas parciales al proyecto de ley para situar a las universidades públicas en el centro del sistema científico de Canarias
ELDIGITALDECANARIAS.NET/Santa Cruz de Tenerife
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha propuesto blindar, con las 22 enmiendas parciales al Proyecto de Ley (PL) canario de la Ciencia, una financiación estable y creciente para la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) hasta alcanzar el 3,2 por ciento del gasto público en 2030. La diputada de NC-BC y autora de las iniciativas de mejora del PL del Gobierno de CC y el PP buscan situar a las universidades públicas en el centro del sistema científico canario, mejorar la gobernanza, simplificar la gestión administrativa y garantizar una financiación pública creciente y jurídicamente vinculante.
Carmen Hernández, en rueda de prensa, informó que las enmiendas parciales están estructuradas en 11 grandes ejes con el objetivo de “mejorar, reforzar y dotar coherencia” a una norma esencial para el futuro del Archipiélago.
La diputada del grupo nacionalista progresista recordó que el Archipiélago es un territorio “altamente” dependiente del monocultivo turístico y, en consecuencia, “vulnerable a los vaivenes” de la situación mundial. Por esta razón, en su opinión, apostar por la diversificación económica no es una opción voluntaria del gobierno de turno, sino una “obligación para garantizar un modelo económico sostenible”. Esa diversificación, subrayó Carmen Hernández, pasa “necesariamente” por la economía del conocimiento.
Afirmó que las 22 propuestas de mejora registradas por NC-BC han sido elaboradas con las dos universidades públicas, la de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna. Denunció que resulta “inaudito” que el Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo no requiriera la participación de estas dos instituciones académicas en la elaboración del texto legislativo.
Pero además calificó como “inasumible que las universidades públicas carezcan de un tratamiento singular” en la propuesta del Ejecutivo de las dos derechas. En esta norma, como defendió Hernández, tiene que haber un “título propio, específico” dedicado a ambas instituciones y es una de las mejoras recogidas en sus enmiendas. Son “ellas las que forman a la mayoría del personal investigador, las que forman a doctores y doctoras y las que sostienen una buena parte de la transferencia del conocimiento”, destacó.
De los 11 ejes Carmen Hernández dedicó también una mención singular a la financiación, que definió como el “corazón” de la nueva norma. Mostró su preocupación por que se vincula la misma al Producto Interior Bruto, pero “en función de la disponibilidad presupuestaria”.
Para Nueva Canarias, esa coletilla no es aceptable. Refirió que, en los últimos tres años pese al incremento global de 2.300 millones de euros de los presupuestos elaborados por el gabinete de Clavijo, se han recortado cerca de 13 millones de euros acumulados en I+D+i.
Propuso reforzar el carácter vinculante de la financiación pública en I+D+i mediante porcentajes claros y crecientes hasta alcanzar el 3,2 por ciento del gasto no financiero en 2030. “Esto es hablar de hechos y no de promesas; de compromisos legales realistas”, sostuvo.
Asimismo, defendió permitir el uso de los remanentes de tesorería de las universidades públicas para financiar investigación sin penalizaciones injustas, garantizando recursos estables incluso en contextos económicos adversos.
“Investigar no es un gasto, es una inversión estratégica para diversificar la economía canaria y ganar soberanía de cara al futuro”, insistió.
En el compromiso de NC-BC con una ley “realista, ambiciosa y coherente, que reconozca a quienes sostienen el sistema, que cuide a quienes investigan y que apueste de verdad por la ciencia como motor del desarrollo económico y social de esta tierra” se enmarcan el resto de los ejes de las enmiendas.
El tercero refuerza el papel vertebrador de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Acissi), el principal órgano gestor de la política científica en Canarias. Para la parlamentaria canarista, “no cuenta con un apartado específico en el texto, por lo que promueve consolidar su protagonismo y avanzar hacia una mayor autonomía funcional.
El cuarto apuesta por blindar la carrera investigadora basada en la estabilidad laboral, el mérito, la movilidad y la vinculación con el sector productivo. Carmen Hernández criticó que el PL hable de “atracción, retención y retorno del talento” sin concretar medidas eficaces. “Son palabras vacías si no se traducen en soluciones reales a la precariedad del personal investigador”, recriminó.
Entre las iniciativas de NC-BC también se incluye mejorar la representación de las universidades en el consejo canario asesor de ciencia, tecnología e innovación, mediante la incorporación además de los consejos sociales y fundaciones universitarias para reforzar el vínculo con la sociedad y el tejido productivo.
Otros ejes abordan el reconocimiento de la excelencia y del título de doctor, la definición clara de los agentes del sistema canario de ciencia, tecnología e innovación —incluyendo universidades públicas, fundaciones, oficinas de transferencia, parques tecnológicos y entidades de difusión científica— y la incorporación de un título específico sobre transferencia de conocimiento, entendida como una misión esencial al mismo nivel que la docencia y la investigación.
Las propuestas de mejora del PL también plantean que la estrategia canaria de ciencia, tecnología e innovación incluya todas las áreas del saber sin exclusiones, que se simplifiquen los procedimientos administrativos y de subvenciones, especialmente en la gestión de fondos europeos; y que se introduzca el principio de neutralidad tecnológica en relación con la inteligencia artificial, evitando que una ley marco quede anclada a una tecnología concreta.
