El personal de la oficina del Paro rechaza regresar porque los índices de gas radón quintuplican el máximo permitido

Después de dos años del cierre, las obras propuestas por la administración no garantizan la seguridad a los empleados y usuarios, que reclaman un nuevo local, tal y como propuso José Daniel Díaz en el Pleno

ELDIGITALDECANARIAS.NET/Tacoronte

Desde que en el año 2024 se adoptó la decisión de cerrar la Oficina del Paro en Tacoronte, por la presencia de gas radón en el inmueble donde se localizan el Servicio Canario de Empleo (SCE) y del SEPE, el Gobierno municipal (PSOE, PP y CC) no ha impulsado una medida rápida ni definitiva para evitar que miles de personas desempleadas del municipio tengan que realizar los trámites en las oficinas de otros municipios.

La presencia de este gas, considerado cancerígeno, aconsejaba realizar una serie de trabajos de acondicionamiento, algunos de ellos planteados en el Pleno municipal, y que el grupo que dirige la socialista Sandra Izquierdo ha ignorado, como las propuesta de Nueva Canarias, que llegó a ofrecer hasta tres alternativas de localización posibles, “pero han preferido reacondicionar la actual planta donde se prestaba esta asistencia, pero con medidas que en nada convencen a los trabajadores y sus representantes”.

El portavoz de Nueva Canarias, José Daniel Díaz Armas, ha manifestado, al conocer el malestar de los empleados de ambas administraciones ante la posibilidad de tener que trabajar de nuevo en un espacio insuficientemente tratado, que “este es un ejemplo más de la forma chapucera de actuar de este gobierno incapaz”, pues señalo que, “realizan el mismo método que ya han empleado con el derrumbe del puente de la calle Teobaldo Power o su proyecto fallido de instalar una desaladora en Mesa del Mar. Despistar y escurrir el bulto”.

En este sentido, Díaz Armas señala que “solo se mueven con apariencias estériles, simulando una especie de preocupación y conocimientos que, al final solo son bulos de un gobierno carente del más mínimo argumento para gestionar lo público”.

El responsable municipal ha tenido conocimiento del malestar del personal de esta oficina, entre el que se encuentran muchos de sus componentes que ansían volver a las oficinas y a un municipio al que están arraigados personal y profesionalmente, pero, precisa, “la nueva chapuza de este Gobierno les genera más temor por la falta de garantías a la hora de desarrollar su labor, así como para los usuarios que deben acudir para realizar los trámites habituales”.

Por otra parte, el sindicato UGT ha presentado un escrito ante el Ayuntamiento, en el que también pone de relieve el riesgo que corren estos trabajadores ante la posibilidad de trabajar en un lugar que consideran “peligroso”, pues señala que “estos empleados públicos no se encuentran seguros por las medidas adoptadas por la administración para la rehabilitación del local”.

Es más, según ha podido saber Díaz Armas, esta formación sindical advierte en su escrito que, “las mediciones de gas radón quintuplicaron el máximo permitido”.

Además, señalan que, a hilo de la información remitida por los propios trabajadores, las labores realizadas en el local “han consistido solo en una ventilación del espacio”, para lo que se ha adjudicado un contrato menor, medida que consideran, a todas luces, “insuficiente, dado que los indicadores de este gas tóxico son extraordinariamente altos”.

Según UGT, la mayoría del personal de SCE y del SEPE “están en contra de incorporarse a este local en estas condiciones y consideran prioritario unas nuevas instalaciones para desarrollar el servicio”.

Añaden los representantes sindicales de los empleados, que dicho edificio se encuentra “en un estado insalubre y consideramos esencial que se hagan unas obras de reestructuración más profundas o se encuentre un nuevo local”.

Exigen para los trabajadores un lugar más seguro y saludable, así como revisiones médicas y apoyo psicológico periódicos, y una evaluación de los puestos de trabajo de la oficina, teniendo en cuenta las condiciones que afecten a la seguridad y salud de los trabajadores, con una valoración psicosocial previa.

Ante esta valoración de la central sindical, José Daniel Díaz denunció que “este mal Gobierno, una vez más, nos ha tomado el pelo a los tacoronteros”, ya que, a su juicio, “durante dos años del cierre del local, apenas ha destinado 20.000 euros a este grave problema, una cifra que se gastan el PSOE, CC y PP en un brindis de los habituales y, todavía pretenden que trabajadores y usuarios se jueguen su salud por la desidia de estos incompetentes”.

El portavoz municipal del grupo mayoritario en la oposición señala que “nosotros presentamos hasta tres posibilidades para acoger esta oficina, pero este chiringuito conducido por la socialista Sandra izquierdo solo ha escurrido el bulto y ha preferido engañarnos a todos con una mentira, alegando que estaban trabajando en su alternativa, que no es otra que permitir que nuestros vecinos y empleados públicos se la jueguen con un índice de gas cancerígeno que da resultados cinco veces superiores a lo que se permite”.

Díaz Armas se pregunta a estas alturas, “por la posibilidad de que alguien dimita o sea destituido en este Gobierno de cartón piedra, que lo único que hace cada año es pulirse 800.000 euros y estar de fiesta en fiesta, quemando el dinero de los tacoronteros en voladores”.

Por ello, concluyó: “ya no se puede seguir bailando más, porque este tripartito está agotado y, lo peor, es que juegan con nosotros y hasta con nuestra salud”.