Ventanas de Opinión
En 1983 comenzaron a realizarse una serie de atentados en el sur de Francia, contra los etarras que se habían refugiado allí huyendo de la justicia española y que el gobierno francés, desconfiado de la policía española que conocía por el largo periplo de los métodos del franquismo, que se habían hecho públicos, se negaba a entregar a España, a pesar de los requerimientos de la Audiencia Nacional y de los juzgados de instrucción. Los crímenes se sucedían rápidamente en calles, centros de ocio y bares de las poblaciones francesas contra la población civil. Mensajes y carteles atribuían la autoría a unos desconocidos GAL, (Grupos antiterroristas de Liberación) y pronto se descubrió que muchas de las víctimas eran etarras huidos de España. Pero no todas, algunos de los tiroteados indiscriminadamente, eran civiles que se encontraban por casualidad en los espacios donde se reunían los comandos de ETA.
Cuando la policía francesa comenzó a investigar quienes eran los causantes, a instancias del gobierno francés, muy preocupado por aquella situación de violencia nueva con la que no había contado, la sospecha de que los criminales eran sicarios contratados por los servicios secretos españoles se difundió en los medios de comunicación.
Pronto quedó bastante evidente que los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) eran agrupaciones parapoliciales que practicaron lo que se ha denominado terrorismo de Estado o «guerra sucia» contra la organización terrorista (ETA) y su entorno. Estuvieron activos entre 1983 y 1987, durante los primeros años de los gobiernos de Felipe González, inmediatamente después de las elecciones que le habían otorgado el mejor éxito electoral de su historia. Durante el proceso judicial contra tal organización se probó que estaba financiada por altos funcionarios del Ministerio del Interior. Aunque combatían a ETA y «los intereses franceses en Europa», a estos últimos por responsabilizar a Francia de «acoger y permitir actuar a los terroristas en su territorio impunemente», también realizaron acciones indiscriminadas debido a las cuales fallecieron ciudadanos franceses sin adscripción política conocida.
Los GAL llevaron a cabo atentados, secuestros y asesinatos que resultaron con la muerte de 28 personas. Sus acciones no solo afectaron a miembros de ETA, sino también a personas sin relación con la banda, incluyendo ciudadanos franceses y refugiados vascos en Francia, donde operaban principalmente.
Se demostró judicialmente que los GAL fueron financiados con fondos reservados del Estado y dirigidos por altos cargos policiales y gubernamentales, lo que lo tipificó como terrorismo de Estado.Pronto se identificaron los sicarios contratados por el Ministerio del Interior, llamados Amedo y Domínguez, que realizaban los atentados o contrataban a otros asesinos para ello. La búsqueda de los autores intelectuales y organizadores de la secuencia de actos violentos llevó hasta el Ministerio del Interior del gobierno de Felipe González.
Periodistas de Diario16 y El Mundo, entre otros, jugaron un papel crucial en la investigación y revelación de la trama, lo que condujo a importantes procesos judiciales. Se descubrió así mismo, que aquellas operaciones se financiaban con los fondos reservados del Ministerio del Interior, del que cobraban los mencionados Amedo y Domínguez. Acudían personalmente al Ministerio a recibir la nómina. Cuando ya acabado los mandatos de Barrionuevo y Corcuera, Margarita Robles se hizo con el ministerio y Amedo se presentó a cobrar la paga, Robles dio orden fulminante de no entregarle cantidad alguna, lo que provocó que Amedo inmediatamente explicara en el juzgado la trama que se había organizado por las órdenes del gobierno. Sus declaraciones permitieron condenar a los ministros y al Secretario de Interior Rafael Vera a graves penas de prisión. Entre los condenados se encontraban altos funcionarios del Ministerio, como el exministro José Barrionuevo y el exsecretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, así como el ministro Corcuera que sucedió a Barrionuevo y mantuvo las actividades de los GAL.
El caso GAL supuso uno de los mayores escándalos políticos de la democracia española, poniendo de manifiesto la existencia de estructuras ilegales dentro del Estado para combatir el terrorismo.
Las investigaciones no pudieron, por la negativa a declarar de los más altos cargos del ministerio, alcanzar a todos los autores intelectuales y organizadores de los atentados. Durante tiempo se mantuvo la tesis de que Felipe González era el verdadero cerebro de la trama, y que se mencionaba en los periódicos como el señor X. Se filtró en algún medio que el Presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez le había aconsejado al presidente español que procediera a abatir a los terroristas de ETA como él había hecho con los guerrilleros en una época reciente del país. Pero la fidelidad de Barrionuevo mantuvo en secreto las órdenes o instrucciones que recibiera de González .
La primera investigación se desencadena con la desaparición de dos muchachos vascos que estaban exilados en Bayona, Lasa y Zabala. Iban a coger el coche con el que se trasladaban para reunirse con otros compañeros también refugiados allí, pero nunca llegaron al lugar de encuentro. Al cabo de varias horas de búsqueda los amigos presentaron la denuncia en la policía y dieron noticia de ello a la familia de los muchachos.
Las investigaciones no condujeron a ninguna pista. Incluso aunque en la radio de la Comunidad valenciana un colaborador anónimo aseguró que los habían matado y enterrado en un monte cercano a Alicante. La policía no puso mucho interés en encontrarlos vivos o muertos y hubieron de pasar varios meses hasta que el perro de un cazador arañando el suelo en un monte de la provincia de Alicante puso al descubierto unos esqueletos humanos. Los trasladaron a la comisaría de policía, que los archivó en un armario. Y varios años más tarde se presentaron en el juicio porque un policía de la comisaría, cuando se hablaba de la desaparición de los jóvenes recordó los restos que se guardaban en su oficina. El forense Francisco Etxebarría los identificó por el ADN de la familia.
El proceso judicial por la desaparición y asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, perpetrados por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) en 1983, culminó con la condena de altos mandos de la Guardia Civil y ex responsables de la seguridad del Estado español.
Cronología de los Hechos y el Proceso
15 de octubre de 1983: Los presuntos miembros de ETA, Lasa (20 años) y Zabala (21 años), fueron secuestrados en Bayona (Francia) por miembros de los GAL.
Los trasladaron ilegalmente a España, y los llevaron primero al cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo (San Sebastián) y posteriormente al Palacio de la Cumbre, donde fueron salvajemente torturados.
Finalmente, los asesinaron y enterraron en una fosa en el monte en la localidad alicantina de Busot, cubiertos con cal viva para dificultar su identificación.
1985: Sus cuerpos fueron hallados, pero no identificados formalmente hasta 1995 mediante pruebas de ADN, lo que reabrió y dio un impulso crucial al caso judicial.
Diciembre de 1999: Se inició el juicio en la Audiencia Nacional, 16 años después de los hechos.
Abril de 2000: La Audiencia Nacional dictó sentencia condenatoria para los principales implicados.
Julio de 2001: El Tribunal Supremo incrementó las condenas iniciales a los culpables.
Julio de 2002: El Tribunal Constitucional desestimó los recursos de amparo, confirmando las condenas.
Condenados
La sentencia consideró probada la implicación de mandos policiales y cargos públicos en los delitos de detención ilegal, lesiones graves, pertenencia a banda armada y asesinato. Los principales condenados fueron:
Enrique Rodríguez Galindo: General de la Guardia Civil y entonces jefe de la comandancia de Intxaurrondo. Condenado a penas que sumaron más de 70 años de cárcel (la petición inicial del fiscal fue de 92 años).
Julen Elgorriaga: Exgobernador civil de Guipúzcoa. Condenado a penas similares a las de Galindo.
Ángel Vaquero: Comandante de la Guardia Civil. También recibió una condena elevada.
Enrique Dorado y Felipe Bayo: Guardias civiles y autores materiales de los asesinatos. Sus condenas fueron de 90 años cada uno.
Rafael Vera: Exsecretario de Estado para la Seguridad. Fue condenado a dos años de prisión y 16 de inhabilitación por encubrimiento de los hechos.
El proceso por el caso Lasa y Zabala fue emblemático al demostrar la existencia de las «cloacas del Estado» y la implicación de altos funcionarios en el terrorismo de Estado de los GAL, marcando un hito en la justicia española.
Corcuera y Barrionuevo fueron los primeros ministros que entraban en prisión en toda la historia de la monarquía española, y cuando ya la democracia se había instalado en nuestro país superada la infame época de la dictadura.
Pero la casta política se dividió en su crítica del episodio. Jordi Pujol apoyó durante un tiempo al gobierno de Felipe González, justificando los atentados como la respuesta necesaria al terrorismo de ETA, y diciendo que este era un asunto de Estado que debía mantenerse secreto, como había hecho el Reino Unido en la persecución de los terroristas del IRA en Irlanda. Esta tesis se mantuvo un tiempo, hasta que ciertos medios y la crítica de los partidos políticos de la oposición, con la denuncia del gobierno francés y la resonancia del caso en los medios de comunicación internacionales llevaron a Jordi Pujol a retirarle el apoyo parlamentario a González. En las siguientes elecciones éste desistió de formar gobierno y lo cedió a Aznar.
Wikipedia asegura que el caso GAL supuso uno de los mayores escándalos políticos de la democracia española, poniendo de manifiesto la existencia de estructuras ilegales dentro del Estado para combatir el terrorismo. Que no solamente eran ilegales, lo más grave es que eran criminales. Pero tal escándalo no impidió que Jordi Pujol que lo había apoyado siguiera siendo President de la Generalitat.
Felipe González quedó al margen del proceso, ya que ninguno de los otros encausados lo mencionó y sólo pasará a la historia como señor X.
La investigación sobre los hechos mencionados me enseñó que estos episodios no se mencionan en los años siguientes transcurridos desde aquellos momentos, ni son objeto de denuncia ni controversia con el Partido Popular en sus numerosas y agrias críticas de los gobiernos socialistas. Tampoco crearon polémica en el seno del PSOE. Ni los dirigentes que sustituyeron a los creadores del GAL, ni los militantes y cuadros medios del partido exigieron a Felipe González y a los ministros de Interior explicaciones sobre tan infames hechos, y en ningún momento son mencionados en encuentros internos de los afiliados ni en las conversaciones y debates con otros partidos u organizaciones.
Durante un tiempo, breve, ciertos medios de comunicación los tuvieron en cuenta y sometieron a amables interrogatorios a los protagonistas, que no aclararon ni los hechos ni las intenciones de los ideólogos y organizadores del grupo criminal GAL, que hoy parece no haber existido.
ETA todavía se menciona en los debates y polémicas que inicia y mantiene el partido popular contra el PSOE, pero nunca hace referencia al GAL. Como si en el fondo el Partido Popular considerara, como Jordi Pujol, que había constituido un episodio obligado en la lucha contra el terrorismo, y que más vale no recordar por si en algún momento cuando los populares gobiernen se ven obligados a actuar de modo semejante. Tampoco otros partidos de la oposición de izquierdas nunca inciden en este tema.
Con seguridad la mayor parte de la población lo ha olvidado y las nuevas generaciones nunca lo han conocido, eliminado de la enseñanza en las escuelas, los institutos, la Universidad, los medios de comunicación.
La consigna oficial impuesta por la casta política a todos los medios de difusión es la de que la Transición fue el periodo más admirable y progresista de nuestra historia y la democracia que restauró, y de la que disfrutamos, perfecta para asegurar los derechos y libertades que nos garantiza la Constitución de 1978.
(*) Presidenta del Partido Feminista de España