El número dos de Hacienda canaria impone un arancel al chocolate extranjero que beneficia al negocio de su familia

Gabriel Megías ocultó ser consejero de La Isleña mientras asfixiaba con el AIEM al chocolate de los hoteles para favorecer a su familia

ELDIGITALDECANARIAS / Las Palmas de Gran Canarias

Gabriel Megías Martínez firmó una resolución vinculante para obligar a los hoteles a pagar el impuesto AIEM por importar bombones de cortesía. Lo que el alto cargo ocultó es que es miembro de la familia fundadora y es consejero de Andrtés Megías Mendoza, S.A (La Isleña), y que a su vez también poseen ‘La Candelaria’ que es una de las principales fábricas de chocolate de Canarias, según publica www.libertaddigital.com en su edición canaria y que firma Aday Moreno.

En la política y en los negocios, ser juez y parte es la línea roja que separa la gestión pública de la corrupción institucional. Esa línea se ha cruzado en la consejería de Hacienda del gobierno de Canarias. Gabriel Andrés Megías Martínez, actual viceconsejero de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, hizo uso de un escudo fiscal diseñado para proteger a la industria canaria, transformado en un arma para asfixiar a la competencia internacional y beneficiar a su propia familia.

Un impuesto a la cortesía turística

Los bombones de bienvenida de los hoteles de cinco estrellas en Maspalomas y Meloneras son el escenario de una trama de corrupción. Las grandes cadenas hoteleras operan con centrales de compras únicas. Si un hotel de lujo en Gran Canaria quiere ofrecer a sus clientes una chocolatina de cortesía con una receta, diseño y envase específicos dictados por su franquicia global, no puede encargarla a una fábrica local. Está contractualmente obligado a importarla.

Sin embargo, al llegar al puerto de Las Palmas, estas chocolatinas chocan contra el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM). Ante la imposibilidad de comprar estos amenities en las islas, una cadena hotelera presentó una consulta vinculante a la Consejería de Hacienda preguntando si debían pagar este peaje (Consulta nº 2.331).

La respuesta llegó el 3 de agosto de 2026. La firma del documento sentenciaba que las cláusulas privadas de las cadenas no importaban: el impuesto debía pagarse inexorablemente para proteger a la industria canaria. ¿Quién firmó esa condena tributaria? El viceconsejero Gabriel Megías Martínez.

El conflicto de intereses: el juez y el chocolatero

Lo que la resolución administrativa no cuenta es el árbol genealógico de quien empuña el bolígrafo. Gabriel Andrés Megías Martínez no es un mero burócrata. Es hijo de Andrés Megías Mendoza, el histórico director y figura clave de La Isleña, la emblemática industria fundada en Arucas, famosa precisamente por sus pastas y, de forma crucial en esta historia, sus chocolates.

Gabriel es familiar directo, de padre, del actual consejero delegado de La Isleña, Andrés Megías Pombo, quien tomó las riendas del imperio familiar tras el fallecimiento de su padre en 1986. Gabriel no solo pertenece a este núcleo familiar empresarial, sino que ha mantenido un vínculo formal innegable. Mientras en su ficha pública de transparencia declara no tener "actividad privada", firmó las cuentas anuales de 2024 como consejero de la sociedad.

Firma con la mano izquierda, cobra con la derecha

El problema no es la existencia del AIEM, un mecanismo legítimo para compensar la insularidad. El problema es la ética de quien lo aplica. Como señala de manera contundente el editorial de La Gaveta Económica de este mismo 17 de agosto, "estamos ante una actuación concreta, la firma de una consulta vinculante cuyo criterio tiene consecuencias económicas en un mercado en el que opera la empresa de cuyo consejo forma parte".

Megías tenía la obligación legal y moral de abstenerse. La Ley de Incompatibilidades y los más elementales códigos de buen gobierno exigen que un cargo público se aparte de cualquier decisión que afecte, directa o indirectamente, a los intereses de su entorno familiar de primer grado y de las empresas donde tiene participación. No lo hizo.

La red de influencias en la sombra

No obstante, las dimensiones de este escándalo superan la falta de ética individual para revelar un entramado de influencias arraigado en las instituciones de las islas, un fenómeno que en la ciencia política se conoce como la captura del regulador. La Asociación Industrial de Canarias (ASINCA), una patronal que gestiona unos 350.000 euros anuales de dinero público destinados a la defensa de la marca 'Elaborado en Canarias' y actúa como brazo de presión para mantener el AIEM.

La trayectoria laboral de Pedro Ortega representa el ejemplo de una puerta giratoria que difumina los límites entre lo público y lo privado en el archipiélago. Ortega es, de forma ininterrumpida desde enero de 1989 hasta el día de hoy, el Director General de La Isleña, sumando más de 37 años al servicio de la familia Megías. De manera simultánea a este cargo ejecutivo privado, presidió ASINCA entre 2005 y 2010, ejerció como tesorero de la Confederación Canaria de Empresarios durante una década y, en un movimiento definitivo, dio el salto a la política institucional al ser nombrado Consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias entre los años 2015 y 2019, teniendo que renunciar a su puesto empresarial durante esos 4 años. Tras abandonar el Ejecutivo regional, Ortega regresó de lleno a la primera línea patronal para asumir en julio de 2022 la presidencia de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), cargo que ostenta en la actualidad.

El significado real de este cruce rompe la credibilidad del sistema económico canario. El Director General de la empresa familiar del viceconsejero de Hacienda es, al mismo tiempo, el líder de la patronal más importante de las islas y un antiguo consejero del mismo departamento gubernamental que regula los impuestos industriales. Lo que demuestra que el blindaje del AIEM al chocolate de los hoteles no responde a una planificación técnica para el bien común, sino a un tablero de intereses perfectamente coordinados donde las personas que dictan las leyes, las que presionan para mantenerlas y las que se lucran de su aplicación comparten las mismas mesas de administración y despachos oficiales.

¿Infracción administrativa o delito penal? La lupa de la justicia

Los actos descritos en este escándalo van mucho más allá de un simple "desliz" ético o una falta de decoro político. Desde el punto de vista jurídico, la actuación de Gabriel Megías Martínez se adentra en un terreno pantanoso que podría desencadenar graves consecuencias legales, activando varios preceptos del Código Penal español y de las leyes de incompatibilidades administrativas.

Analizamos a continuación las figuras legales que estarían en juego y qué significan exactamente:

1. Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos (Art. 439 y ss. del Código Penal)
Este es, sin duda, el riesgo penal más evidente. El Código Penal castiga severamente a la autoridad o funcionario público que, debiendo informar o resolver en un asunto (en este caso, la exención de un arancel aduanero), participe en él teniendo un interés directo o indirecto, ya sea personal, familiar o societario.

Al firmar la Consulta nº 2.331, Megías está resolviendo una política fiscal que encarece el producto de su competencia directa (bombones importados), favoreciendo de manera indirecta el posicionamiento de la empresa chocolatera que dirige su familia y de cuyo consejo de administración él mismo forma parte. Firmar esa consulta, en lugar de inhibirse legalmente y pasar la firma a otro alto cargo, es la materialización de este ilícito.

Penas potenciales: Multas severas y, lo que es más grave, la inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de dos a seis años.

2. Prevaricación administrativa (Art. 404 del Código Penal)

La prevaricación ocurre cuando una autoridad dicta una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia.

Si bien defender el AIEM es una política del Gobierno, emitir una resolución vinculante que fuerza a un sector a pagar un impuesto sin margen de maniobra, estando motivado por intereses familiares y societarios, convierte un acto administrativo presuntamente técnico en una resolución viciada y arbitraria. La decisión deja de buscar el interés general para proteger un interés privado.
Esto tiene penas potenciales como la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.

3. Falsedad documental y vulneración de la Ley de Incompatibilidades (Ley 3/2015 y Ley de Transparencia)

La información pública revela que en la ficha del portal de transparencia de Megías consta que "no existe actividad privada". Sin embargo, su firma aparece estampada en las cuentas anuales presentadas en 2024 en el Registro Mercantil como consejero de la sociedad familiar.

Mentir, ocultar o falsear las declaraciones de bienes y actividades al asumir un cargo público destruye la presunción de imparcialidad. Para que el Estado controle los conflictos de interés, el cargo público debe declarar dónde tiene inversiones o puestos de responsabilidad. Ocultarlo no solo es una infracción gravísima de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos (que conlleva el cese automático), sino que podría rayar en la falsedad en documento oficial si se firmó una declaración jurada de incompatibilidad al tomar posesión del cargo.

¿Dimisión o cese? La única salida

La posición de Gabriel Megías Martínez es insostenible. En cualquier democracia madura, la mera revelación de este conflicto de intereses fulminaría la carrera del responsable en horas. Omitir actividad privada en el portal de transparencia mientras se firman cuentas como consejero mercantil es ya de por sí una infracción grave. Utilizar el poder del Estado para golpear a la competencia internacional del negocio de tu familia y de tu propio patrimonio roza el Código Penal bajo la sombra de la prevaricación administrativa y las negociaciones prohibidas.

Como advierte el sector económico insular, la confianza institucional no puede depender de actos de fe. Megías debe dimitir inmediatamente. Si se atrinchera en la costumbre española de la resistencia, apelando a que "la decisión técnica era correcta", el Gobierno de Canarias tiene la obligación de cesarlo hoy mismo. Mantenerlo en el cargo es ser cómplice del secuestro de la Hacienda Pública canaria por parte del cártel del chocolate.