El Colegio Oficial de Trabajo Social alerta de que el ‘Plan Renove’ puede dejar fuera a las familias canarias más vulnerables

Considera positiva la mejora de la eficiencia energética de los hogares, pero cuestiona el diseño de la medida en materia de vulnerabilidad, acceso, coordinación con los Servicios Sociales y protección de datos

ELDIGITALDECANARIAS.NET/Santa Cruz de Tenerife

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife considera positiva la puesta en marcha del Plan Renove de Electrodomésticos impulsado por la Consejería de Transición Ecológica y Energía como medida destinada a mejorar la eficiencia energética de los hogares y reducir el consumo, pero alerta de que el diseño del tramo dirigido a personas en situación de vulnerabilidad presenta carencias técnicas que comprometen tanto la equidad de la medida como el ejercicio profesional del Trabajo Social.

La organización profesional considera especialmente preocupante que el Plan incorpore un incremento de la ayuda para las personas vulnerables sin que, en la información pública disponible, exista un desarrollo suficientemente claro y homogéneo.

“Cambiar la nevera está bien. Poder cambiarla es otra cosa”, señala el Colegio, que considera que una política de transición energética con una dimensión social debe garantizar no solo que exista un descuento, sino que las personas a las que se pretende proteger puedan utilizarlo efectivamente.

Una medida económica-energética, no necesariamente una buena política social:

El sistema de descuento genera una barrera económica precisamente para las personas a las que pretende beneficiar. Tener derecho a una ayuda no significa necesariamente tener capacidad económica para utilizarla. Una familia puede tener un frigorífico antiguo y necesitar sustituirlo, pero encontrarse al mismo tiempo con dificultades para afrontar el alquiler, la alimentación, los suministros o cualquier otro gasto básico.

El Colegio advierte además de otras barreras como la falta de liquidez, la brecha digital en el procedimiento de registro, el desconocimiento del procedimiento o la dificultad para desplazarse a los comercios.

“Existe el riesgo de que la ayuda sea más accesible para quienes tienen capacidad de compra, tiempo, conexión a internet y recursos tecnológicos que para quienes se encuentran en situaciones de mayor exclusión”, señala la organización.

La solicitud telemática, la necesidad de actuar con rapidez ante una partida presupuestaria limitada y las posibles dificultades para conseguir documentación pueden favorecer a quienes disponen de mayor alfabetización digital, conectividad, tiempo y capacidad de gestión.

Mientras tanto, las personas con mayor vulnerabilidad pueden encontrar más obstáculos para acceder.

La vulnerabilidad social no puede ser “una casilla”:

El Colegio considera especialmente preocupante la exigencia de un “certificado o informe de vulnerabilidad” sin que, en la documentación pública disponible, se concrete suficientemente qué debe acreditar dicho documento. La vulnerabilidad social no puede reducirse a una cifra de ingresos ni a una respuesta binaria de “vulnerable o no vulnerable”. Una situación de vulnerabilidad puede estar relacionada con factores económicos, residenciales, familiares, laborales, de cuidados, dependencia, discapacidad, pobreza energética o exclusión social, entre otros.

“Un informe social, y los Servicios Sociales, no pueden convertirse en una ventanilla certificadora de pobreza. La valoración profesional implica análisis, diagnóstico, contexto, indicadores, contraste de fuentes, criterio profesional, finalidad y proporcionalidad”, recuerda el Colegio.

La organización profesional considera igualmente preocupante la ausencia de una comunicación y coordinación suficientemente clara con los Servicios Sociales municipales antes de la puesta en marcha de la medida.

Si los Servicios Sociales van a desempeñar un papel en la acreditación de la vulnerabilidad, no pueden ser incorporados al procedimiento únicamente cuando la ciudadanía llegue a sus oficinas solicitando un documento cuyo contenido, criterios y procedimiento no han sido previamente trasladados de manera homogénea.

Los Servicios Sociales municipales constituyen la red de proximidad del Sistema Público de Servicios Sociales y son quienes mantienen contacto directo con muchas de las familias que podrían encontrarse en situaciones de vulnerabilidad. Por ello, deberían haber participado en el diseño y despliegue del componente social del programa, y no quedar relegados a una función posterior de certificación.

“No se puede pedir a los Servicios Sociales que acrediten una situación de vulnerabilidad sin haberlos incorporado previamente al diseño, la coordinación y el procedimiento de la medida.”

A este respecto, señalan, un informe social no se elabora en un día "ni pulsando un botón”. Requiere citas, entrevistas, valoraciones… y, en muchos ayuntamientos,

semanas de lista de espera. Cualquier persona que dependa de ese informe para acceder al tramo reforzado corre el riesgo de perderlo por el simple hecho de que el trámite social no puede ir tan rápido como el trámite comercial.

Así mismo, plantean que la valoración social existe para situaciones complejas que requieren diagnóstico, criterio profesional y seguimiento, no para modular un descuento comercial.

Convertirlo en requisito de acceso a una ayuda de consumo la banaliza en un sentido y la sobrecarga en otro al pedir al Trabajo Social el rigor de una valoración técnica completa para decidir algo que podría resolverse con otros criterios objetivos.

Preocupación por la protección de datos sociales:

La organización profesional reclama igualmente información clara sobre el tratamiento de los datos derivados de la acreditación de la vulnerabilidad. Si una persona debe aportar un informe social, una resolución del Ingreso Mínimo Vital, documentación vinculada al bono social eléctrico u otra información relativa a su situación económica o social, es fundamental evitar que circule innecesariamente entre entidades o empresas que no necesitarían conocerla.

Una política social que no puede terminar en el descuento:

Para el Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, “cambiar la nevera está bien. Pero si una familia no puede pagar lo que queda después del descuento, tiene que elegir entre comprarla o pagar el alquiler y, además, no tiene recursos para llenar la nevera, el problema social sigue ahí.”

Ante esta situación, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife pone en cuestión que una medida pensada para aliviar el gasto energético de los hogares pueda, tal y como está diseñada, dejar fuera precisamente a quienes más lo necesitan.