El escándalo de la atención sociosanitaria en Canarias
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias
La continuidad de cuidados para pacientes crónicos, dependientes y personas con diversidad funcional, no puede estar en manos de empresas lucrativas privadas que buscan el máximo beneficio, a costa de la calidad de la atención prestada así como de las condiciones de trabajo de su personal.
Últimamente, hemos venido señalando desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) los problemas que afectan a las personas mayores con dependencia y situación de precariedad socioeconómica familiar que, sin alternativa a dónde dirigirse, les impide de hecho salir de nuestros hospitales viendo vulnerados sus derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social. La misma situación afecta a personas con enfermedad mental y discapacidad, personas adultas con enfermedades degenerativas, niños y niñas enfermos en situación de semi-abandono o mujeres que sufren malos tratos, así como a personas con enfermedad y sin hogar etc. en una situación de abandono y precariedad inadmisible para una sociedad civilizada.
Es obligación de la Atención Sociosanitaria el mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Canarias, como es habitual, está en los últimos lugares de todas las CCAA en recursos para Sanidad, Servicios Sociales y Dependencia, gracias a la falta de interés, priorización e inversión por parte de los gobiernos canarios que se han padecido desde hace décadas.
Para la consejería de Derechos Sociales del gobierno de Canarias, y para los Cabildos, las soluciones para la carencia de plazas sociosanitarias tienen la forma de contrataciones o conciertos con las entidades privadas del sector a imagen y semejanza de lo que se hace desde la consejería de Sanidad.
Por otro lado se “externalizan” los escasos servicios públicos existentes poniendo su gestión en manos de empresas lucrativas privadas que buscan el máximo beneficio a costa de la calidad de la atención prestada así como de las condiciones de trabajo del personal.
Es el caso del Centro Sociosanitario El Pino, en Gran Canaria, la UTE ICOT-INSURE S.L., es la empresa adjudicataria de la gestión de este centro público. Su personal va a la huelga indefinida en contra de las externalizaciones, por impago de la actualización salarial, retraso en el pago de salarios, mal estado de las herramientas e instalaciones de trabajo, excesiva carga de trabajo, turnos y jornadas abusivas que incumplen los descansos diarios y semanales obligatorios con claro riesgo psicosocial y de accidentes de trabajo. La huelga comenzará el 5 de diciembre a partir de las 23:59 horas y habrá manifestación el 6 de diciembre a las 11:00 horas que partirá desde el Paseo Tomas Morales hasta la sede del Cabildo.
También, recientemente se ha agudizado el conflicto en torno a esa “nave nodriza” de la asistencia privada en Tenerife que es el Hogar Santa Rita y su Fundación, puesto de manifiesto por tres de sus miembros fundadores ante la Fiscalía denunciando «administración fraudulenta de los medios económicos y aprovechamiento por parte de los administradores» en la mayor residencia de España, investigada tras hallar casos de desnutrición, sarna y deshidratación entre sus residentes.
Por todo ello, debemos exigir una Red Pública de Centros Socio-Sanitarios, dotación de centros socio-sanitarios y hospitales de crónicos, que deben estar correctamente coordinados con los servicios sanitarios, con los servicios sociales y con los dispositivos asistenciales municipales, para garantizar la continuidad de cuidados universales para pacientes crónicos, dependientes. y personas con diversidad funcional, particularmente cuando atraviesan situaciones de precariedad socioeconómica.
También son decisivas todo un conjunto de políticas no sanitarias aunque también de Salud, es decir de servicios sociales, de pensiones, de salarios, educativas, de empleo, de salud laboral, alimentarias, de vivienda, de igualdad, medioambientales, de consumo, culturales, etc.,
Se está hablando mucho del exceso de mortalidad por encima de los casos de covid-19 y está claro que su causa está en el empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, así como por las patologías que no tuvieron un diagnóstico y/o tratamiento adecuado durante la pandemia y que vieron por lo tanto agravada su situación clínica. En esto hay una diferencia importante del Estado español con otros países europeos, porque en nuestro caso, lejos de arreglarse, las demoras y los problemas de atención sanitaria no solo no se han resuelto, sino que han empeorado desde la pandemia. Y dentro del Estado español, aún son los pacientes de Canarias los terceros que más tiempo esperan. Se precisa un Plan de abordaje de las listas de espera con una utilización intensiva de los recursos de la Sanidad Pública y una inversión específica para conseguirlo. La Sanidad Pública sigue sin tener la necesaria inversión, como se puede comprobar en los presupuestos para 2023 (estatal y autonómico).
La Sanidad Pública requiere una mayor y más urgente atención para evitar una pesada y adicional carga para las familias y un factor que empeora las condiciones de vida de las poblaciones. Una situación a la que no ha dado respuesta el Gobierno central y tampoco el Gobierno de Canarias.