Jaque mate a la salud pública en Canarias
Patricia Domínguez (*)
El recién estrenado Decreto-Ley para la gestión de la pandemia de Covid-19 (Decreto-ley 11/2021), ha supuesto la modificación de la Ley 11/1994 de Ordenación Sanitaria de Canarias, por la que se regula la Autoridad Sanitaria, la cual llevaba sin modificarse en cuanto a este respecto, hace casi 30 años, hecho que ha puesto en jaque a la principal herramienta de prevención sanitaria en esta comunidad.
Mediante la citada modificación se desautoriza a los Técnicos Inspectores de Salud Pública del archipiélago, en plena crisis sanitaria, a realizar la principal función asociada a su cargo: la toma de medidas cautelares ante un riesgo inminente por requerirlo la protección de la salud colectiva.
Este insuficiente grupo de sanitarios compuesto por veterinarios y farmacéuticos, desarrolla múltiples actividades de vigilancia y control por razones de prevención y protección de la salud de la población, evitando la enfermedad, controlando las aguas que bebemos y en las que nos bañamos, los alimentos que consumimos, verificando el cumplimiento de las medidas frente a la Covid-19 entre otras muchas cuestiones de salud.
Este grupo de inspectores de salud pública lleva en lucha desde el pasado mes de mayo, reivindicando a lo largo de varios días de huelga una serie de mejoras laborales en este precario servicio, que repercuten directamente en la salud de todos los canarios. La administración, lejos de sentarse a negociar, dialogar y consensuar, ha hecho uso del tan exprimido “silencio administrativo”, dando la callada por respuesta. Vilipendiando con insolencia el derecho a la protección de la salud de todos los canarios, lo cual se pone una vez más de manifiesto con la modificación repentina de la citada ley, medida injustificada e ineficiente.
El carácter de autoridad sanitaria, el cual confiere la potestad para la realización de estas medidas preventivas ante situaciones de riesgo inminente para la salud, la tienen ahora exclusivamente altos cargos políticos, incluyéndose en esta modificación al director del Servicio Canario de la Salud y al director general de Salud Pública. Atribuyéndose en exclusiva a estos mandamases el carácter de autoridad sanitaria cuando carecen de cualquier autoridad moral. Asistimos con indignación, rechazo y vergüenza a la politización descarada de la salud pública en Canarias y quién sabe si a la antesala de la privatización de tan necesario servicio, al igual que han hecho con otros.
Claro es que esto último no debe sorprendernos, teniendo en cuenta que la característica principal de este gobierno es el travestismo político del que hace gala y cuyo mejor ejemplo fue, precisamente, el nombramiento del actual Director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, director del mismo servicio durante la pasada legislatura.
No puede ser que este tipo de decisiones y cuestiones sanitarias que nos afectan a todos estén en manos exclusivamente de este “club de amigachos" que conforman el Servicio Canario de la Salud. Porque desgraciadamente es en eso en lo que se ha convertido la sanidad pública en Canarias. En el ateneo de unos pocos socios, militantes, compañeros de partido o no, aliados, camaradas, poderosos y enchufados. Una gran logia o hermandad, endogamia empresarial político-administrativa de la que solo participan unos pocos, obnubilados por un ego de estratosféricas dimensiones, legislan a golpe de ocurrencia e interés particular, sin considerar que estas temerarias decisiones puedan tener un alcance sanitario sin precedentes.
Todavía atónitos por esta jugada que supone un avance grave y claro hacia la degradación, descomposición y extinción de la Salud Pública en Canarias, mermando una vez más nuestro tan pisoteado derecho a la salud, me pregunto, ¿cuál es el estado de salud de la Salud Pública en Canarias?. “Salud Pública, peligro de muerte”- reza la pancarta de estos inspectores en huelga desde hace meses. Esta voz que agoniza desde hace tiempo no ha querido ser oída, tampoco los vaticinios e infortunios a los que nos abocan sin remedio estos dirigentes, a los que se les olvida que con la salud pública no se juega, que sus pretendidas argucias no son inapelables y que “Torres” más altas han caído.
(*) Articulista