Manifestación concentración víctimas de la ocupación

La Plataforma #Leyantiocupas de Afectados por la Ocupación

La Plataforma #Leyantiocupas de Afectados por la Ocupación nace, por un lado, para  conseguir una modificación legislativa para que los agravios y perjuicios que  sufrimos las víctimas paren, y por otro, para revertir la situación de cada uno de los  afectados ante una ley injusta y un gobierno incapaz de proteger a las víctimas de un  delito. 

Somos muchos los afectados de los delitos de allanamiento y usurpación recogidos  en los artículos 202 y 245 del código penal, sin embargo, las consecuencias del delito  recaen sobre las víctimas, y no sobre los delincuentes, quienes tienen todos los  derechos y ninguna obligación. 

Pequeños propietarios, comunidades de vecinos, pueblos, barrios de la mayoría de  las ciudades españolas sufren esta lacra que ha creado una gran alarma social, de la  cual poca conciencia política tiene el gobierno actual. Por eso estamos aquí, para  reclamar nuestros derechos y exigir el amparo de una ley que nos proteja, y castigue  a aquellos que están vulnerando nuestros derechos (art. 33 y 47 CE). 

Ningún afectado por la ocupación se opone a que el gobierno, en uso de sus  facultades, legisle para proteger a aquellas personas calificadas como vulnerables,  pero lo que no podemos tolerar es que la carga recaiga sobre los propietarios. No  podemos permitir que ninguna persona, sea vulnerable, o no, abuse de las ventajas  que le otorga una ley, para aprovecharse de nuestro estado de bienestar y de unos  ciudadanos honrados y desamparados. 

No podemos aceptar una ley que ampare a los delincuentes y que agravie a las  víctimas. 

Somos muchos los afectados por esta falta de garantía legislativa y judicial: los  afectados directos, aquellos que han visto allanadas sus casas, sin apoyo policial, ni 

judicial, ni legislativo, con el agravio de costear grandes gastos derivados de la  vivienda ocupada, los abogados y procuradores en largos procesos judiciales, para  no siempre recuperar su propiedad, y lo más humillante: pagar los suministros de  quien ha violado su propiedad, cometiendo delito contra la propiedad  privada. ¿Por qué la víctima, a la que secuestran la casa, no solo la pierde sino que  tiene que asumir todos los costes derivados del delito cometido? ¿Quién repara el  daño psicológico, emocional, económico, material? ¿quién? ¿Cómo puede permitir  un estado de derecho que la víctima sea quien cumpla una condena mayor que los  delincuentes ocupas? 

Por otro lado, son muchos también, los afectados indirectos, aquellos que ni  siquiera tienen un régimen jurídico efectivo para poder defenderse de las  usurpaciones que, como vecinos también nos afecta al goce tranquilo de sus propias  casas, aquellos que tienen se ven resignados a soportar la inacción de algunos  bancos y fondos de inversión, pero también la aceptación social por parte de  algunos partidos políticos que blanquean esta ocupación sin considerar los daños de  quienes tienen que convivir con los ocupas, que en la mayoría de casos, no respetan  las normas de convivencia, que cargan sobre las víctimas indirectas los gastos de  comunidad, los enganches a los suministros, destrozos, ruidos, amenazas,  narcopisos y hasta violencia extrema. Esta situación deriva en trastornos del sueño,  ansiedad, depresión, problemas psicológicos, psiquiátricos, económicos, derivados  de una legislación nacional que no ampara a estos afectados. 

El fenómeno ocupa, lejos de remitir o desaparecer se readapta a nuevos marcos  legales, incluso más difíciles de identificar, pero que causan el mismo daño sobre las  víctimas, hablamos de la inquiocupación, un fenómeno ligado al descenso de los  allanamientos que lejos de ser reales se transforman en ocupas que, con o sin  contrato, dejan voluntariamente de pagar el alquiler y ni siquiera aparecen en los  recuentos de cifras de ocupación al existir, o no, un contrato de arrendamiento. 

Por tal motivo y en nombre de los afectados directos e indirectos, así como de los  afectados por la inquiocupación, exigimos: 

- Normativa e instrucciones claras para que los distintos cuerpos policiales  intervengan en todos los casos de allanamiento y usurpación sin excepción.  Pero también pedimos protección a las víctimas y la estricta aplicación de la  normativa municipal, autonómica o nacional para respetar la vigilia de los  vecinos, el nivel de ruido, las conductas antijurídicas en el vecindario, así como los menudeos, los enganches a suministros no autorizados y las  actividades ilícitas fuera y dentro de las viviendas ocupadas. Pero sobre todo  pedimos agilidad en los trámites y actuaciones. 

- Reunión urgente con miembros de los dos partidos de coalición del gobierno  para exponer nuestra situación y reivindicaciones, con la finalidad de  comenzar un cambio legislativo que nos ampare. 

- Revertir todos y cada uno de los agravios sufridos por las víctimas de  ocupación en todo el territorio nacional. 

Gracias a todos por venir, juntos lo conseguiremos, Leyantiocupas