Discurso toma de posesión

Juan Luis Lorenzo Bragado (*)

Tomar posesión como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias constituye para mí un gran honor y una no menor responsabilidad, algo que difícilmente podía imaginar cuando ingresé en la carrera judicial, allá por 1989.

Mi primer agradecimiento tiene que ser para el Consejo General del Poder Judicial, hoy representado aquí por su presidente, que nos honra con su asistencia. Espero no defraudar la confianza depositada en mí para afrontar los retos y desafíos que conlleva este cargo.

Mi gratitud también por los numerosos apoyos y felicitaciones que he recibido desde mi nombramiento.

No me puedo olvidar tampoco de los magníficos compañeros y profesionales con los que he compartido destino durante mi carrera, muy especialmente los de Santa Cruz de Tenerife, después de 20 años al frente del Decanato.

Estoy seguro de que también en esta nueva etapa, con la colaboración y plena implicación de los miembros de la Sala de Gobierno, de manera coordinada con su secretario, Carlos Rubio, me incorporo a un gran equipo, igual que en la Sala de lo Civil y Penal,  a la que, como saben, quedará adscrito mi predecesor, Antonio Doreste. Mi recuerdo afectuoso también a los demás presidentes desde que se constituyó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias: José Mateo, Manuel Alcaide, Fernando de Lorenzo, Antonio Castro y José Ramón Navarro.

Mi reconocimiento, así mismo, a los medios de comunicación. Su labor es fundamental para transmitir a la sociedad la actividad de los tribunales, que debe estar presidida siempre por la transparencia.  

Por último, y para concluir este apartado, no puedo dejar de expresar mi recuerdo emocionado y mi agradecimiento a mis padres y a mi familia.

Acabo de prestar juramento. Juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución, tal como se viene haciendo en nuestro país por quienes acceden a un cargo público desde 1978.  Tenemos, sin duda,  una Constitución ejemplar, la primera en toda la historia de España que nació de un verdadero consenso. Por eso y por los valores que encarna, lo que nos incumbe a todos, cada uno desde nuestro puesto, es cumplirla y hacer que se cumpla, con pleno convencimiento, sin reservas mentales.  Ese debe ser nuestro compromiso, el compromiso de todos los que creemos en el Estado de derecho, la democracia, la libertad, el pluralismo y  el respeto de los derechos fundamentales, y, entre ellos, de manera señalada, en lo que nos concierne directamente, la tutela judicial efectiva. Esa es la tarea que corresponde al  Poder Judicial y a ella deben orientadas también todas  las actuaciones de sus órganos de gobierno,  garantizando la independencia de la carrera judicial y procurando que quienes la integran cuenten con los medios necesarios para realizar de manera satisfactoria su trascendental labor constitucional.

En el ámbito de la comunidad autónoma, las principales competencias gubernativas corresponden a las salas de gobierno, siempre bajo la dependencia del Consejo General del Poder Judicial.  La Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a los presidentes de los tribunales superiores de justicia un poder que podríamos denominar “discreto”: el presidente convoca, dirige las deliberaciones, somete propuestas, cuida del cumplimiento de los acuerdos... En definitiva, es un modelo de gobierno no presidencialista. 

Sin embargo, la labor de dirección y organización que corresponde al presidente es fundamental para la buena marcha de la justicia. Y este debe ser, a mi juicio, el primero de los objetivos de la presidencia: lograr una buena gestión de la sala de gobierno en las competencias que le son propias. En segundo lugar,  y teniendo en cuenta que la gestión de los medios materiales y personales depende de las administraciones prestacionales (comunidades autónomas y Ministerio de Justicia), le corresponde identificar los problemas y proponer las soluciones más adecuadas para su toma en consideración por la sala de gobierno, encauzándolas a través de las comisiones mixtas, en nuestro caso, con el Gobierno de Canarias.

Para la detección de problemas es fundamental la estadística. Pero no solo. Hay que obtener el pulso de la realidad mediante el contacto frecuente con los jueces y magistrados, expresado a través de sus juntas y también de manera personal y directa.  Además, ha de tenerse en cuenta la opinión de los restantes operadores jurídicos: fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, forenses, abogados, procuradores, graduados sociales, sin olvidar a las  fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en cuanto asumen las tareas de policía judicial y, por supuesto, a los destinatarios últimos de nuestra actividad: los ciudadanos. En este sentido, uno de mis empeños fundamentales como decano ha sido siempre escuchar a los justiciables y controlar directamente las quejas: este es el verdadero termómetro que  permite conocer la realidad de los juzgados.

En una visión panorámica bien puede decirse que la situación de la justicia en Canarias es mejorable.

Tenemos la tasa de litigiosidad más alta de España durante los últimos 5 años. En 2020, 154 asuntos por cada 1.000 habitantes, muy por encima de la media nacional (116). Esta cifra se explica en parte por la elevada población de hecho, pero pone de manifiesto una preocupante tendencia en nuestra sociedad hacia la judicialización de los conflictos.

La evolución de otros indicadores en el último año tampoco arroja buenos resultados.  Así, la tasa de resolución ha disminuido un 3,9%, mientras aumentan las de congestión, casi un 9%, y sobre todo la de pendencia, que sube un 32,7%, afectando especialmente a la jurisdicción social, con un incremento del 45%. Este empeoramiento se debe, sin duda, a la pandemia, que mantuvo paralizada la actividad judicial durante un trimestre y que aún deja sentir sus efectos. Aprovecho aquí la ocasión para destacar el ejemplar comportamiento de todos los operadores jurídicos durante el estado de alarma y muy significadamente de quienes tuvieron que asumir la realización de tareas esenciales en el confinamiento.

¿Cuáles son los retos fundamentales que debe afrontar la Justicia en Canarias?

A mi juicio, los más importantes, son los siguientes:

• atender las jurisdicciones más afectadas por la pandemia: juzgados de lo social y mercantiles
• prestar especial atención a los partidos más colapsados: Granadilla de Abona, Puerto del Rosario, Arona y  San Bartolomé de Tirajana, en este último caso abordando la problemática derivada de la inmigración irregular
• impulsar la solución de los problemas de infraestructuras, acuciantes en el caso de  Santa Cruz de Tenerife y Puerto del Rosario
• contribuir a la implantación del expediente judicial electrónico y la consiguiente eliminación del papel
• abordar los nuevos modelos organizativos: nueva oficina judicial y tribunales de instancia, si, finalmente, se aprueban las reformas

Los problemas coyunturales –como pueden ser los derivados de la pandemia o los que afectan a ciertos órganos–, tendrán que ser afrontados a través planes específicos de actuación, proponiendo medidas de apoyo y de refuerzo. No podemos resignarnos a que ciertos órganos o partidos sistemáticamente acumulen retrasos. No puede haber una justicia de primera y una justicia de segunda, o incluso de tercera.

Los problemas estructurales resultan de más difícil solución, sobre todo por la concurrencia de múltiples competencias en  materia de justicia.

La solución más simplista es reclamar un incremento del gasto público. Y por supuesto que, dentro de las políticas de cualquier gobierno, la de justicia debe considerarse esencial y prioritaria. Sin embargo, la experiencia demuestra que no necesariamente cada euro gastado de más se traduce en una mejora significativa. En este sentido hay que destacar que Canarias es una de las comunidades que más invierte en justicia. Así, en el presupuesto para 2021 se destinan más de 168 millones de euros, unos 75 euros por habitante y año. Ha de reconocerse, pues, el esfuerzo inversor de la Comunidad, lo que no se traduce, sin embargo, en unos indicadores sobresalientes. Esto nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de buscar, además, otras soluciones.

Así sucede, por ejemplo, con la tasa de litigiosidad. Mejor que crear más juzgados será tener menos pleitos, y eso pasa por la necesidad de impulsar los medios alternativos de solución de conflictos: conciliación, mediación, arbitraje. Hay que trasladar a la sociedad el mensaje de que la mejor solución –porque es la que mejor se acepta–,   es la que se dan a sí mismas las partes. Para ello hay que concienciar, educar, cambiar mentalidades y, sin cuestionar el derecho que todo ciudadano tiene de acudir a los tribunales, hacer ver que esta  debe ser la última ratio, el último recurso.

Estamos a la espera de los nuevos modelos organizativos. Sin embargo, mientras llegan, deben crearse  más servicios comunes, como los de notificaciones y embargos, e impulsar otras iniciativas, ya contempladas por Sala de Gobierno, como la separación de jurisdicciones en todos aquellos partidos en que resulte viable, o la comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer, o la creación de juzgados especializados, como, por ejemplo, los dedicados a la protección de la infancia, por cierto, una experiencia pionera en España y que ha visto la luz en Las Palmas de Gran Canaria. En definitiva, medidas que, presididas por la eficiencia, consigan una mayor eficacia.

Lo mismo cabe predicar de los medios tecnológicos. El objetivo debe ser,  a corto plazo, el expediente digital, sin papel, pero siempre que sea un verdadero instrumento para una mejor administración de justicia; en definitiva, una herramienta útil al servicio del juez. Y en ese empeño debemos implicarnos plenamente, sin resistencias, pero siendo también exigentes en cuanto a las funcionalidades de las nuevas aplicaciones.

Y ahora toca pasar de las musas al teatro, es decir, trasladar esos principios e intenciones a la realidad. Para ello, con ilusión, comprometo todo mi esfuerzo y dedicación a fin de conseguir una justicia más eficaz, más próxima,  más accesible, más transparente.

Confío contar con la colaboración de todos.

(*) Presidente del Tribunal Superior de Justicia

Muchas gracias.