Empleados Públicos en situación de IT y contratados en fraude de ley en la Provincia de Las Palmas, no cobran pensión por incapacidad

Así lo ha determinado la dirección provincial del INSS, respaldada por la dirección general del Instituto de la Seguridad Social, resultando agravio comparativo con Tenerife

EDDC.NET / Las Palmas de Gran Canaria

Dentro de la consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, se encuentra un colectivo de aproximadamente 1500 trabajadores interinos-discontinuos, principalmente, el personal que presta servicios en los comedores escolares de los centros públicos de Canarias.

Este personal, por su condición de discontinuo, en los meses de julio y agosto cobran la prestación por desempleo, pero aquellos que se encuentran en situación de incapacidad temporal, pasarían a cobrar la prestación durante esos dos meses por el INSS. Hasta ahí todo bien y como marca la normativa vigente. El problema surge cuando el trabajador interino-discontinuo supera los 365 días en situación de IT y debe cobrar la prestación en los meses de verano.

La norma establece que una vez agotado el período de 365 días en la situación de IT, el INSS (o el ISM) será el único competente para:

-     Reconocer la situación de prórroga expresa con un límite de 180 días más.

-     Determinar la iniciación de un expediente de incapacidad permanente.

-     Emitir el alta médica. Y si el interesado no está conforme con el alta médica emitida por la Entidad gestora puede manifestar disconformidad en los términos legalmente establecidos.

A estos trabajadores, el INSS no los revisa para concederle o no la prórroga de los 180 días más que establece la norma, ni tan siquiera son llamados para una revisión. La Dirección Provincial del INSS en Las Palmas, les envía un sms o una carta a sus domicilios comunicándoles que son trabajadores que llevan concatenando contratos más de 3 años, por lo que se encuentran trabajando en fraude de ley y no cobrarán la prestación por IT en los meses de julio y agosto. Curiosamente, esto sucede solo en la provincia de Las Palmas. NO ocurre lo mismo en la de Tenerife, donde si son revisados y la cobran.

La administración autonómica está perjudicando con los contratos en fraude de ley a miles de trabajadores, incluso frente a otras administraciones. Esto demuestra que la huelga que mantienen desde hace ocho meses los empleados públicos en fraude de ley de la Administración General de la Comunidad Autónoma, incluido el personal de educación al que nos referimos, tiene razón de ser y pone al Gobierno de Canarias como “el mayor contratador” que incumple las leyes sobre trabajo y las normativas europeas. Tanto el PSOE como Nueva Canarias, desde Hacienda, han roto la baraja de estabilidad laboral y de mantenimiento de los servicios públicos.

El STEC-Intersindical Canaria, ante el aumento de casos de trabajadores enfermos que no cobran pensión por incapacidad, quedando desamparados ante la discriminación de la administración general y la ineptitud de la administración autonómica ha interpuesto denuncia ante la Inspección de Trabajo, a la vez que ha presentado distintas demandas ante los juzgados.