Expertos en Políticas Sociales señalan la burocratización como “el principal enemigo de los más vulnerables”
Investigadores y expertos coinciden que la crisis social y económica tras la Covid “ha cambiado el perfil y el rostro de la pobreza”
EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife
La Fundación Canarias Siglo XXI prosiguió el Campus de Verano 2021 con una segunda jornada dedicada de forma íntegra a ‘La Protección Social tras la Covid’. En una jornada que contó con la participación de expertos, investigadores, responsables de ONGs y responsables públicos se abordó desde distintas perspectivas el presente de las políticas sociales y la gestión tras la llegada de la pandemia.
Los ponentes coincidieron en señalar a la brecha digital y a la excesiva burocratización como “los principales enemigos de los más vulnerables”. En este contexto, el presidente de Cruz Roja Canarias, Antonio Rico, advirtió que “la pobreza tecnológica ha convivido con una administración pública que ha establecido la relación con la ciudadanía a través de las nuevas tecnologías básicamente”.
Asimismo, apuntaron que la crisis social y económica derivada de la pandemia “ha cambiado el perfil y el rostro de la pobreza” que sigue teniendo en la mujer la principal víctima, así como, avisan que “tener un puesto de trabajo no garantiza no estar en exclusión social”. En este sentido, señalaron a que la respuesta de las administraciones públicas, “no han estado a la altura por la falta de planificación, en este caso de una Ley Estatal de Servicios Sociales que ejerza como un paraguas de protección”, apuntó la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Candelaria Delgado.
Una ausencia de normativa que se suma a la ausencia del desarrollo de la Ley Canaria de Servicios Sociales aprobada en 2019 que “sigue sin desarrollar 36 decretos para ponerla en práctica y tener ese colchón de fondo que son los servicios sociales”, denunció Delgado.
Al respecto, la diputada y ex consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, alegó que esta normativa, aprobada al final de la pasada legislatura, “no habría resuelto el problema que nos ha dejado la crisis sanitaria pero sí que habría ayudado, si se hubiera desarrollado por el actual Gobierno canario, a clarificar bastante el panorama”. En este sentido, insistió que “no solo no se han desarrollado los decretos un año y medio después de su aprobación, sino que no se ha financiado adecuadamente con los 55 millones de euros que contempla incrementar cada año para su desarrollo”. Asimismo, señaló que el Gobierno canario “debe dedicarse a financiar correctamente las políticas y los recursos de los servicios sociales en todos los ámbitos. Es una cuestión de organización y planificación, de trabajo conjunto con ayuntamientos y cabildos. Si pusieran el dinero que la Ley de Servicios Sociales contempla se podría garantizar una respuesta de acorde a la situación y se podría dotar de más personal”.
Valido señaló que lo que hemos visto este año y medio “es que las políticas sociales no han sido prioritarias” ni han estado a la altura de “las políticas dirigidas a sectores económicos, a Educación, con la contratación de plantillas”. “Medidas -aseguró- necesarias, pero también eran y son muy necesarias las políticas sociales”.
El presidente de Cruz Roja Canarias, Antonio Rico, hizo un llamamiento “al trabajo conjunto para crear un marco que impida que se caiga el sistema porque detrás de cada cifra hay una persona con un problema al que tenemos que dar respuesta”.
El concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y viceconsejero de Políticas Sociales, Francis Candil, hizo especial hincapié en el papel que han jugado y están jugando las ONGs en Canarias, un papel, que destacó, “es fundamental para aquellos casos en los que la pobreza no ha sido detectada por la administración pública por la situación o porque estas personas sienten vergüenza o como ocurre con el Ingreso Mínimo Vital porque los requisitos de acceso dejan atrás a muchas de estas personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social”.
En este sentido, la investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, Inés Calzada, que intervino para exponer las conclusiones del Proyecto Monitor de Impacto de Covid19 en los Servicios Sociales, confirmó que “el Ingreso Mínimo Vital se afrontó con mucha ilusión, pero no ha tenido los resultados esperados porque se ideó hace tiempo. No era una política para atender la emergencia” y eso ha dado como resultado que se hayan denegado 3 de cada 4 solicitudes y que en el caso de Canarias solo haya llegado a 12.000 personas de las casi 100.000 que lo han solicitado en las Islas. Al respecto, Calzada apuntó que parte del fracaso de esta ayuda hasta ahora es que “entre los requisitos a los solicitantes se pedían las rentas de 2019”, cuando no había Covid19. “Ha sido una decepción para las familias”.
Calzada puso en valor la labor de los servicios sociales, concretamente de las trabajadoras sociales para atender la crisis. “Sensibilidad, confianza e implicación. Esas son las claves con las que se ha conseguido atender a la emergencia social durante el primer año de pandemia, pero ha dejado agotadas a las trabajadoras sociales”.
El expresidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, advirtió sobre “la falta de liderazgo de los servicios sociales en Canarias”, que añadió que “la falta de experiencia frente a esta situación y los discursos políticos -entre los que destacó la penalización a los trabajadores públicos que han llevado sobre sus espaldas la carga de gestionar los efectos de la pandemia- no han favorecido la tranquilidad poblacional”, dijo Morales que aseguró que la crisis económica y social provocada por la crisis sanitaria “ha destrozado la clase media” incentivando la brecha social, tecnológica y territorial durante esta crisis.
Esta segunda jornada contó con la participación de Francisco J. Sánchez Eizaguirre, decano del Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas, Candelaria Delgado Toledo, presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Marcial Morales, expresidente del Cabildo de Fuerteventura, Inés Calzada, investigadora de la Universidad Complutense de Madrid ( Proyecto Monitor de impacto de Covid19 en los Servicios Sociales), Antonio Rico, presidente de Cruz Roja Canarias y Cristina Valido, diputada del Parlamento de Canarias y ex consejera de Políticas Sociales del gobierno de Canarias.