13 Jul 2026

NC rechaza el dictamen al considerar que CC quiere una RTVC controlada y sin contrapesos democráticos

Carmen Hernández.//Cedida
Política

Hernández reconoce avances en el personal, pero denuncia la concentración de poder en el administrador general y que se vacíe de competencias al Parlamento

ELDIGITALDECANARIAS.NET/Las Palmas de Gran Canaria

13 de julio de 2026

La diputada de Nueva canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Carmen Hernández ha rechazado hoy, en comisión, el dictamen del Proyecto de Ley (PL) de Ordenación del Servicio Público de Comunicación Audiovisual de Canarias al considerar que Coalición Canaria (CC) quiere una Radio Televisión Canaria (RTVC) controlada y sin contrapesos democráticos. Hernández reconoció avances en el personal y el tiempo dedicado a los informativos, pero denunció una concentración de poder “omnipresente y omnipotente” en el administrador general, la institucionalización del bloqueo y que se vacíe de competencias al Parlamento

La parlamentaria Hernández recordó que NC-BC presentó una enmienda a la totalidad porque el proyecto de ley incumplía los dos grandes objetivos que debía perseguir, como es la adaptación de la legislación canaria al nuevo marco estatal y europeo y desbloquear la situación institucional de RTVC.

"A día de hoy no se cumple ninguno de esos objetivos. No solo no se resuelve el bloqueo, sino que esta ley lo perpetúa e institucionaliza, y además mantiene incumplimientos respecto a la normativa estatal y europea que incluso fueron advertidos por el Consejo Consultivo", denunció.

Reconoció que el trabajo parlamentario permitió mejorar algunos aspectos del proyecto inicial. Valoró las relativas a la protección de los derechos del personal de RTVC y el establecimiento de un mínimo de horas para los informativos canarios.

Sin embargo, subrayó que los avances son insuficientes porque la norma "afecta a un derecho fundamental como es el derecho de la ciudadanía a recibir una información objetiva, veraz e imparcial".

Sin control

Para Carmen Hernández, el aspecto más grave de la ley es que elimina los mecanismos de equilibrio institucional que garantizan la independencia de los medios de comunicación públicos canarios. Criticó que deje de ser obligatorio aprobar el mandato marco, el documento que fija los objetivos y principios de actuación de RTVC, y denunció que tampoco se garantice la constitución de la junta de control, al no establecer ningún plazo para su creación.

Han cambiado las mayorías reforzadas por mayorías absolutas diciendo que así resolvían el bloqueo, pero ni siquiera quieren fijar un plazo para constituir la junta de control”. Mientras tanto, “todas esas competencias pasan al director general", denunció.

A su juicio, la ley concentra en una sola persona, las decisiones sobre contratación, recursos humanos, gestión y línea editorial, eliminando los controles internos y externos que deben existir en cualquier medio público. "Coalición Canaria pretende una Radiotelevisión Canaria controlada y sin contrapesos” porque, como puntualizó Hernández, es “más fácil controlar a una persona que a un órgano colegiado”.

Esta televisión, recalcó la diputada de NC-BC, “no debe estar al servicio del Gobierno ni, mucho menos, de un partido político; debe estar al servicio de toda la sociedad canaria", afirmó.

Defendió que la misión de una radiotelevisión pública es garantizar el pluralismo político y la independencia editorial, principios protegidos por el artículo 20 de la Constitución. Recriminó la desaparición de los consejos informativos, órganos integrados por profesionales cuya función es velar por la objetividad y la independencia de los contenidos.

"El Gobierno elimina una garantía democrática consolidada y la sustituye por un supuesto comité profesional del que la ley no dice quién lo compondrá, cómo será elegido ni cuáles serán sus funciones", reprochó. Para NC-BC, esta indefinición abre la puerta a una mayor injerencia política en los contenidos informativos de RTVC.

Carmen Hernández defendió también una enmienda in voce, finalmente aceptada por acuerdo de los grupos, para incorporar entre los principios inspiradores del servicio público audiovisual el respeto a la dignidad humana, la promoción de la salud mental, el fortalecimiento de la cohesión territorial y el fomento de la identidad canaria.

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