Las declaraciones de dos testigos ponen en cuestión la defensa del Gobierno de Canarias en el caso Cuna del Alma

Los colectivos denunciantes consideramos que el desarrollo de las diligencias practicadas plantean serias dudas sobre la versión que el Gobierno de Canarias ha venido trasladando en los últimos días

 

 

 

Los colectivos La Gaveta20A, la Asociación de Taxistas Asalariados Costa Adeje, ARCAN y el afectado directo Juan Francisco Galindo, denunciantes todos del caso Cuna del Alma, valoramos muy positivamente el desarrollo de las diligencias practicadas hoy en el Juzgado de Arona, en las que prestaron declaración, en calidad de testigos, dos técnicos de Costas del Gobierno de Canarias.

 

Sin entrar en el contenido concreto de unas declaraciones que forman parte de una investigación judicial en curso y cuyo debido respeto resulta esencial, consideramos que ambos testimonios han venido a corroborar aspectos relevantes de los hechos denunciados desde el inicio del procedimiento y refuerzan de manera significativa la línea de investigación seguida por el Juzgado, el Ministerio Fiscal y la acusación popular que representamos. 

 

Conviene recordar que las personas que han declarado hoy lo han hecho en calidad de testigos, no de investigados. Y en nuestro ordenamiento jurídico, un testigo tiene el deber legal de decir verdad y puede incurrir en responsabilidades penales si falta deliberadamente a ella, mientras que un investigado tiene reconocido el derecho a no declarar, a no confesarse culpable y a ejercer plenamente su derecho de defensa. Precisamente por ello, entendemos que los testimonios prestados hoy revisten una especial relevancia para el esclarecimiento de los hechos que se investigan.

 

Estas declaraciones adquieren una importancia aún mayor a pocas semanas de que comparezcan como investigados responsables de la Dirección General de Costas, entre ellos el actual director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Antonio Manuel Acosta Felipe, ampliando así el alcance institucional de una causa que continúa avanzando.

 

Los colectivos denunciantes consideramos que el desarrollo de las diligencias practicadas hoy plantean serias dudas sobre la versión que el Gobierno de Canarias ha venido trasladando en los últimos días. Tanto el consejero competente Pablo Rodríguez (CC) como el portavoz del Gobierno Alfonso Cabello (CC) han defendido públicamente la actuación del director general de Costas, sosteniendo que había actuado conforme a los informes obrantes en el expediente. A juicio de esta parte, las declaraciones testificales practicadas hoy dibujan un escenario muy distinto que obliga al Ejecutivo autonómico a ofrecer explicaciones públicas y a valorar si mantiene la misma confianza en la actuación de los responsables investigados.

 

Aunque los colectivos denunciantes nos congratulamos de que la verdad empiece a abrirse paso en sede judicial, seguimos profundamente preocupados porque la destrucción del territorio y las excavadoras también avanzan a un ritmo imparable. Cada día de obras aumenta el riesgo de que los daños sobre el litoral, el patrimonio natural y los valores arqueológicos sean irreversibles. Así las cosas, a la vista del resultado de las diligencias practicadas y de la aparición de nuevos indicios de extraordinaria gravedad, consideramos más necesario que nunca acordar la paralización cautelar de la totalidad de las obras para evitar que la política de los hechos consumados prive de eficacia a una eventual resolución judicial.

 

Asimismo, recordamos que la paralización de las obras no depende exclusivamente de una decisión judicial. El propio Gobierno de Canarias dispone de competencias para adoptar medidas cautelares cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen, como ya ocurrió durante el anterior Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres. A la vista de la evolución de esta investigación y de los nuevos elementos que están aflorando, entendemos que el actual Gobierno no puede permanecer impasible o seguir defendiendo que todo se hizo conforme a la legalidad, pues la evolución de la investigación y las diligencias practicadas hasta la fecha plantean serias dudas sobre la corrección de las actuaciones realizadas y aconsejan actuar con la máxima prudencia.

 

Por tanto, en aras a la prudencia y a la protección que nuestro patrimonio merece, con la finalidad de evitar daños irreversibles, instamos al Gobierno de Canarias a que valore de manera inmediata la suspensión cautelar de la totalidad de las obras en defensa de la legalidad, del patrimonio y del interés general.