Daniel Díaz denuncia que el tripartito (PSOE, CC y PP) dejó caducar el convenio de la oficina del paro desde hace un año

Lamenta que, desde el cierre, hace un año y medio, el Gobierno local no ha buscado alternativas ni ha emprendido acciones para recuperar el servicio del que dependen más de 1.000 vecinos

ELDIGITALDECANARIAS.NET/Tacoronte

Un año y medio después del cierre provisional de la oficina del paro de Tacoronte, como consecuencia de la detección de gas radón en las dependencias municipales, y el consiguiente traslado de su personal a la oficina del municipio de Tegueste, así como la asistencia de los vecinos a otros emplazamientos, “no está claro que esta asistencia vuelva al municipio”, señaló José Daniel Díaz, portavoz del grupo mayoritario en la oposición del consistorio “debido a la actitud negligente de nuestros gobernantes”.

Díaz denunció, durante el pleno ordinario de febrero, que “el grupo de Gobierno local, conformado por PSOE, CC y PP, ha dejado caducar el convenio con las administraciones encargadas de la gestión del empleo, como son el SCE y el SEPE”, con lo cual, añadió, “han dejado sin cobertura a un inmueble de titularidad municipal, desde el 28 de enero de 2025, lo que representa 6 meses después de la clausura de la oficina”, por lo que, sostiene, “le corresponde a partir de ese momento al consistorio local, según informe de la Secretaría municipal, velar por su conservación y mantenimiento, pero han protagonizado durante más de medio año esta desidia”.

Durante la sesión, el grupo gobernante presentó una enmienda a la iniciativa propuesta por el grupo de Díaz Armas, en la que el grupo opositor solicitaba una serie de acciones, entre ellas, las tendentes a mejorar las dependencias con la intención de garantizar las condiciones de seguridad y salud laboral de los empleados, pero la negativa del grupo opositor a incorporar dichas medidas al texto, provocó el voto en contra del PSOE, CC y PP, “renunciando estas formaciones a respaldar estas garantías para trabajadores y los más de 1.000 usuarios del municipio”, con sus pertinentes comprobaciones de riesgo, reconocimientos, prevención, etc.

Así, el portavoz recriminó al Grupo gobernante que durante este tiempo no hayan presentado medias y alternativas para recuperar al servicio, “siendo los titulares del inmueble y es más”, le recriminó al ejecutivo que preside la socialista Sandra Izquierdo que “no haya resuelto el problema y no han actuado, siendo la entidad competente para resolver el problema de gas radón, hacer las obras pertinentes y firmar el nuevo convenio con el SEPE y el SCE para ceder el inmueble en perfectas condiciones”.

José Daniel Díaz afirma que, desde el punto de vista de las obligaciones “se ha hecho una auténtica dejación y una negligencia, porque no habiendo título habilitante, los responsables eran los responsables del consistorio, garantizando las mejoras y firmar un nuevo acuerdo, según reconoce la propia Secretaría municipal”, recriminando al ejecutivo local, que “se hayan gastado miles y miles de euros en la reforma de los despachos de concejales y de la alcaldesa, pero no ha resuelto un problema con el que se habría evitado a los tacoronteros tener que ir a las oficinas del paro de múltiples municipios de la isla”.

Durante el pleno ordinario, se contó con la presencia de trabajadores de la oficina del paro, tanto del SCE, como del SEPE, así como varios representantes sindicales, que expresaron durante su intervención que, ante la falta de garantías y alternativas fiables para su salud laboral, veían muy complicado “volver a la oficina de Tacoronte”.

Expusieron que “existe mucho temor en la plantilla”, de hecho, lamentaron que una compañera había fallecido, poniendo de relieve la peligrosidad del gas radón, y reclamaron un compromiso firme y factible para contar con un nuevo espacio, ya que no les convencieron propuestas como el Mercado Municipal o la construcción de un nuevo edificio, “muy lejanas en el tiempo”. A cambio, plantearon como alternativa una de las plantas de la biblioteca, que la alcaldesa rechazó, exponiendo a los presentes que planteen alternativas, algo que hace un año y medio después no ha impulsado el propio Gobierno local, que responsabilizó, en voz de la alcaldesa, al SCE y al SPE como entidades que debían asumir el mantenimiento, cuando no existía convenio y “a las que les exigió que asumieran el servicio, cuando ya no había convenio y las instalaciones no las tenían cedidas”.

José Daniel Díaz remarcó que “ha habido un notorio incumplimiento, y el informe de la Secretaría deja claro que la competencia del inmueble es municipal desde hace un año, como de dejarlas en condiciones”.