CSIF-Canarias reclama a la consejera insular del Cabildo de El Hierro, Lucía Fuentes, el derecho del personal de la empresa Meridiano de estabilizar sus puestos de trabajo

Desde CSIF Canarias se asegura que este proceso no supone incremento de gastos, solamente la regularización de los empleados equiparándolos al resto de las Administraciones

EDDC.NET/Canarias

La Central Sindical CSIF, sindicato mayoritario dentro de las Administraciones Públicas, y en la empresa pública del Cabildo de El Hierro, I.E.S. MERIDIANO, reclama al Cabildo de El Hierro, especialmente a la responsable política de la empresa, que aborde con “urgencia extrema” el derecho de la práctica totalidad de trabajadores de estabilizar sus plazas de trabajo, y finalizar así con la precariedad laboral en la que están inmersos.

Desde el propio sindicato se asegura que este proceso "no supone incremento de gastos, solamente la regularización de los empleados equiparándolos al resto de administraciones, en las que sus empleados son funcionarios y no personal laboral". Elías Martín, responsable de acción sindical de CSIF en Canarias, reclama que “además de regularizar la situación de las trabajadoras y trabajadores ya existentes en Meridiano que cumplan con el art. 2, la Disposición Adicional 6ª y 8ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, este sindicato, sigue trabajando las ofertas e incluso el desarrollo jurídico de las bases para que ningún empleado que presta sus servicios en cualquier Administración o trabajador de empresa pública, pierda el tren de estabilizarse y dejar así de ser personal temporal o irregular contractualmente”.

Asimismo, desde CSIF Canarias confiamos en que finalmente se entre en razón y en todas las empresas públicas, pendientes de ser aprobadas las ofertas extraordinarias de empleo, entre ellas el Consorcio de Servicios de La Palma, Sodepal, Fundación IDEO, Canarias Cultura en Red y un largo etcétera, cumplan con sus obligaciones con respecto a los trabajadores. Finaliza Martín afirmando que “que salgan bien estos procesos es responsabilidad de todos los implicados, especialmente de la Administración, y no debemos permitir que la inactividad perjudique a los verdaderamente castigados por lo que se ha hecho mal durante décadas en nuestro panorama público”.