La Justicia confirma la trama empresarial oculta del ‘Marqués’
La condena de cárcel por fraude fiscal revela una tupida red de empresas cuyo “nexo de unión” es Domingo González Arroyo
M.Riveiro (www.diariodefuerteventura.es) / Puerto del Rosario
La condena por fraude fiscal a Domingo González Arroyo, sentenciado a tres años de cárcel, que pueden aumentarse en otro año y ocho meses más si no hace frente a una multa de 815.000 euros, ha confirmado también el complejo entramado de empresas que controla el conocido como ‘Marqués de las Dunas’ como administrador “de hecho”.
La sentencia destaca que en el patrimonio declarado de González Arroyo “únicamente le figuran muchas tierras con irrisorios y absurdos valores catastrales”, además de “ningún saldo" en sus cuentas corrientes, y “dos camiones y un tractor como únicos vehículos a su nombre”.
El juzgado de lo Penal señala que por su trayectoria como alcalde de La Oliva, consejero del Cabildo y antes senador o diputado autonómico, “no serían a priori vehículos propios de su trabajo”.
“Todo ello”, añade, “sin poder ignorar además” que a González Arroyo “no se le ve nunca desplazándose por la Isla en tractor o camión –ni en ambulancia o silla de ruedas como apareció en el juicio oral-, sino habitualmente conduciendo –él mismo- turismos de alta gama que no aparecen en su averiguación patrimonial”, recalca la sentencia.
“Tampoco figuran” en esa averiguación patrimonial “las fincas en las que vive: como por ejemplo la de La Oliva”, que González Arroyo consignó como su domicilio en el juzgado “y es públicamente conocida”, o la de Antigua, “a la que tuvieron que desplazarse el médico forense y el letrado de la Administración de Justicia” para localizarle después de que hubiese presentado un certificado médico de una clínica privada y solicitado la suspensión del juicio.
La sentencia considera también “especialmente ilustrativo” que González Arroyo hiciera referencia “a uno de sus domicilios” al mencionar “la casa a nombre de su hija en Casa Vieja”.
La investigación reveló que Calaofu SL, la sociedad a través de la que se cometieron dos delitos contra la Hacienda Pública al defraudar 407.620 euros en 2009 y 2010, se constituyó en octubre de 1988, cuando González Arroyo era alcalde de La Oliva.
La empresa compró en enero de 1989 dos parcelas de terreno en El Cotillo, que “acababan de ser recalificadas” como urbanas el mes anterior mediante el Plan de Limitación del Casco Urbano de la localidad costera. “Pese a ello”, indica la sentencia, “el precio de compraventa fue de tan solo 7.813 euros (1.300.000 pesetas)”.
Una de las parcelas fue posteriormente revendida por 1,8 millones de euros, y la otra por 1,2 millones de euros. Entre 2005 y 2010, explica el Juzgado, Calaofu no estaba dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, carecía de personal y estructura empresarial mínima y “sus únicos ingresos procedieron de dichas ventas” de las parcelas en El Cotillo.
La sentencia detalla una serie de empresas “vinculadas” entre sí, en las que figura como administrador Eduardo Espinel, antiguo chófer del Ayuntamiento, entre las que figuran Calaofu, Tostón Playa, Radio Difusión Fuerteventura, Conlaofu y Prelao, “existiendo confusión patrimonial entre ellas” y que operaban como una “caja única”.
“Beneficiado”
“El nexo de unión” y “beneficiado” acaba siendo “siempre” Domingo González, subraya el Juzgado. La red empresarial es más amplia: la sentencia cita Lubricantes La Oliva, Infrarenta, Carburantes Lajares, Pila, Picón La Oliva, Suministros Cuatro, y cómo algunas empresas corrían con gastos de las otras.
En el juicio, González Arroyo aseguró que “no tiene nada que ver con las sociedades Calaofu ni con ninguna otra”, ni ahora ni nunca, y añadió que no sabía “de qué sociedad se trata ni quiénes son sus socios”.
“Para no tener relación alguna con Calaofu”, replica la sentencia, “le entregaban dinero sin más” desde la empresa, “por ejemplo un cheque a su favor firmado por el coacusado Espinel constando la anotación manuscrita ‘reposición de caja’”.
“Para no tener relación tampoco con Calaofu”, añade la sentencia, la sociedad “le pagaba la hipoteca de un inmueble en Tías a nombre de su pareja conviviente y los gastos también a nombre de su pareja conviviente de mantenimiento, limpieza y piscina de otro inmueble en Puerto Calero”.
“Para no tener tampoco relación con Lubricantes La Oliva”, agrega la resolución judicial, González Arroyo le vende a esa empresa “11 fincas rústicas que no pueden considerarse válidas para la materialización de la RIC dotada a los beneficios de 2005 de la [empresa] acusada Calaofu”.
Con respecto a la empresa Infrarenta, González Arroyo manifestó que su única relación fue la aportación de un solar que le regaló su padre, pero que había dejado de tener vínculos con la empresa hacía más de 15 años. Pese a ello, recuerda la sentencia, “figuran percepciones dinerarias a su favor”.
González Arroyo también negó tener relación alguna con las empresas Suministros Cuatro, Tostón Playa y con Carburantes Lajares. En cambio, la sentencia resalta que reside en un inmueble en La Oliva que es “titularidad de Tostón Playa, de la que por cierto es administrador el coacusado Espinel”. “De igual manera, le figuran también percepciones por el trabajo en Carburantes Lajares”, apostilla la sentencia.
Propiedades en Lanzarote
A través de Calaofu se pagaban gastos de mantenimiento de una vivienda en la urbanización Puerto Calero de Lanzarote. Además, el Juzgado relaciona al ‘Marqués’ con un préstamo de 848.834 euros por una finca “en Tías”, también en Lanzarote.
No solo Calaofu era la que abonaba las cuotas del préstamo hipotecario que grava un inmueble adquirido a nombre de la entonces pareja” de Domingo González Arroyo, “así como también los gastos de piscina y mantenimiento de otro inmueble también en Lanzarote”, sino que “también lo hacían otras sociedades vinculadas como Lubricantes La Oliva entre otras”, recalca la sentencia.
El Juzgado resalta los vínculos de González Arroyo con las citadas empresas. Así, recalca que “se realizaron operaciones de financiación conforme a las que Calaofu y Conlaofu fueron avaladas personalmente” por el exalcalde de La Oliva, Infrarenta, Pila, Lubricantes La Oliva, Radio Difusión Fuerteventura y Prelao “en un préstamo de 5 de noviembre de 2008 por importe de 980.000 euros de la Caja Rural de Canarias”, con la garantía de “varias fincas” y con la finalidad de inyectar “liquidez en el grupo empresarial”.
En otras dos operaciones de financiación también figura “nuevamente” Domingo González Arroyo, en concreto en préstamos con la Caja Rural de Canarias por 700.000 euros en mayo de 2009 y por 810.000 euros en diciembre de 2010.
“Así pues, pese a carecer aparentemente de bienes ni liquidez conforme la averiguación patrimonial, más que tierras, dos camiones y un tractor”, González Arroyo “avala operaciones financieras de empresas con las que según él no tiene nada que ver por importes de 980.000 euros el 5 de noviembre de 2008, 700.000 euros el 8 de mayo de 2009 y 810.000 euros el 3 de diciembre de 2010”, subraya el Juzgado.
Condena por fraude fiscal
Domingo González Arroyo, exalcalde de La Oliva inhabilitado por prevaricación y líder de Gana Fuerteventura, ha sido condenado a tres años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública. La sentencia considera acreditado que González Arroyo controlaba como administrador de hecho la empresa Calaofu, que defraudó 407.620 euros a Hacienda en los años 2009 y 2010.
González Arroyo tendrá que hacer frente a la citada pena de tres años de prisión (un año y seis meses por el fraude de 2009 y la misma condena por el de 2010), además de a sendas multas que suman 815.241 euros (437.849 euros por el año 2009 y 377.392 euros por el ejercicio 2010).
En el "caso de impago", aclara la sentencia, se le impondrá "una responsabilidad personal subsidiaria de 10 meses de privación de libertad" por cada uno de los dos delitos de fraude a Hacienda, lo que sumaría otro año y ocho meses de prisión adicional.
Además, en concepto de responsabilidad civil, González Arroyo tendrá que abonar otros 407.620 euros, como indemnización a la Hacienda Pública, de forma conjunta y solidaria con los otros dos condenados: el administrador de derecho de la sociedad, Eduardo Espinel, y la propia empresa.
