La abogada Sandra Rodríguez, pareja de Juan Fernando López Aguilar, consigue un contrato de asesoría jurídica en el Ayuntamiento de Pájara por 600.000 euros

La adjudicación de este contrato millonario ha sido paralizada por el tribunal de contratos públicos tras un recurso del despacho Montero Aramburu

EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife

Un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos paraliza la adjudicación de un contrato de 601.220 euros a la abogada socialista Sandra Rodríguez –vocal de la comisión de ética del PSOE canario– para el asesoramiento jurídico externo al Ayuntamiento de Pájara, en Fuerteventura, según ha publicado el periódico El Día.

Rodríguez, pareja del eurodiputado y exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar, se hizo con la adjudicación con la ayuda del despacho Delfa Losa Abogados, ubicado en Galicia y con el que constituyó una Unión Temporal de Empresas (UTE) para pujar por el contrato. La letrada, que también es la representante legal del senador y concejal de La Laguna Santiago Pérez en la denuncia del caso reparos –el segundo intento de Pérez contra el expresidente Fernando Clavijo tras el archivo sin paliativos del caso grúas–, no tiene los recursos necesarios para prestar un servicio jurídico integral en solitario, por lo que se asoció con el bufete coruñés. La concejalía de Pájara que propone contratar la asesoría externa es la de Personal, Régimen Interior, Parques y Jardines, Agricultura, Ganadería, Pesca y Cultura, que dirige el también socialista Farés Roque Sosa.

La UTE no resultó adjudicataria del contrato –quedó en tercera posición– pero pidió que se revisara la documentación. En una segunda reunión, la mesa de contratación, presidida por el propio Farés Sosa, corrigió su decisión inicial de dar el contrato al despacho Montero Aramburu, que había obtenido la calificación más alta, para otorgárselo a Rodríguez y Delfa Losa. Montero Aramburu ha recurrido la adjudicación ante el Tribunal Administrativo, lo que deja en suspenso el procedimiento.

El Ayuntamiento justifica la contratación de asistencia externa por la «complejidad» de la gestión del Consistorio, que «supera lo que se pudiera imaginar de un Ayuntamiento de algo más de 20.000 habitantes», según consta en la memoria justificativa del contrato que firma el propio Farés Sosa, que fue el candidato del PSOE a la alcaldía del municipio majorero. «La litigiosidad que tiene nuestra corporación es muy superior a los [sic] de otras instituciones de características formalmente similares», reza la memoria, fechada el 11 de noviembre de 2020 y donde se explica que el consistorio no tiene suficientes asesores y letrados porque no están cubiertas todas las plazas.

El anuncio de licitación y los pliegos se publicaron en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18 de noviembre. La elevada cuantía del contrato llamó la atención de varios despachos. Hasta seis bufetes pujaron para hacerse con la asesoría jurídica de Pájara. La mesa de contratación se reunió el 20 de enero.

La entidad que resultó adjudicataria fue Montero Aramburu, que obtuvo 97,87 puntos, frente a los 97,42 de Domínguez Vila Abogados y los 95 de Delfa Losa Abogados y Sandra Rodríguez. Sin embargo, y pese a quedar en tercera posición, la UTE acabó quedándose con el contrato.

La mesa de contratación se volvió a reunir el 4 de febrero después de que Travieso Abogados avisara que su oferta no había sido debidamente calificada y de que Delfa Losa-Rodríguez solicitara la revisión de la documentación. El alegato de Travieso Abogados no prosperó pero sí el del bufete coruñés y la letrada socialista. Tanto que su oferta pasó de tener la tercera mayor puntuación a colocarse la primera. La abogada tinerfeña y sus colegas gallegos habían obtenido diez puntos por la categoría profesional de Bernardo Díez García, secretario interino de la Administración que ejercería de letrado-coordinador del servicio si la UTE se hacía con el contrato. Los miembros de la mesa no valoraron en su primera reunión los cursos realizados por Díez García. Tras revisar su decisión, la mesa les dio a Delfa Losa y Sandra Rodríguez cinco puntos más. La UTE obtuvo así la máxima puntuación (100) en la segunda criba y se quedó con el contrato. Montero Aramburu, la adjudicataria inicial, ha recurrido la decisión.

El 19 de abril, el Tribunal Administrativo le comunicó al Ayuntamiento de Pájara el recurso especial en materia de contratación de Montero Aramburu. El despacho solicitó en su recurso la suspensión del procedimiento de adjudicación, lo que paraliza la tramitación de forma automática. El 20 de abril, el alcalde en funciones de Pájara, el mismo Farés Sosa, se vio en la obligación de suspender el procedimiento.

El polvorín majorero

El Ayuntamiento de Pájara se ha convertido en un polvorín político. El alcalde Pedro Armas comunicó este lunes a los ocho integrantes del grupo socialista, que lidera Farés Sosa –el concejal que promueve la contratación de un servicio de asesoría jurídica externa–, que serán destituidos el próximo viernes de sus cargos en el Consistorio majorero. Armas seguirá ocupando la alcaldía pero acompañado por los siete ediles de Coalición Canaria, los dos del PP, los tres de AMF-NC más el apoyo.