Un juzgado abre diligencias previas contra el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, varios consejeros, la gerente del IASS, la empresa Clece y al Obispado

La incoación de diligencias previas se dicta por un auto del juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife

EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife

Carlos Alonso sonríe. Descansa y respira aliviado. Ya no está solo. El presidente del Cabildo, el socialista Pedro Martín, el que le quitó la poltrona y el poder, tendrá también que hacer el paseíllo judicial, con la carga de una posible imputación, al igual que él. Es la primera, pero habrá más.

El ex alcalde de Guía de Isora y también secretario general del PSC-PSOE de Tenerife debe enfrentarse a las molestas luces de una causa penal. Mala pata. Justo a las puertas de los congresos del partido, con un AVT cesarista, triunfal y él metido en este lío.

¿Cómo y quién? Área social. Ahí está reinando su peculiar ‘Maléfica’, Mariam Franquet, que también va a ser investigada por esta causa, que nace de una denuncia o como dicen los entendidos de una querella criminal por prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. También arrastra a Nauzet Guagliotta, el consejero de Participación Ciudadana y Diversidad. Y a la gerente del IASS, Yazmina León Martínez. Y lo hace el sindicato Asamblea de Trabajadores de Canarias (ATC) los que mandan en el comité de empresa, siempre ahí, dirigidos por el también letrado José Luis Gutiérrez.

¿Y a cuenta de qué? Del traslado del Hospital Febles Campos. El mal estado que presentaba el Febles Campos, centro sociosanitario para enfermos crónicos, principalmente mayores, que precisan de altos requerimientos sanitarios, hizo necesario el traslado de sus residentes para proceder a su derribo y posterior reconstrucción. Así, y según la querella, el pasado mes de junio, el presidente del Cabildo, Pedro Martín, y la consejera de Acción Social, María Ana Franquet, confirmaron dicho traslado al edificio del Seminario Diocesano de La Laguna, edificio que, en 2018, fue arrendado en parte por la empresa Clece, que presta los servicios de Ayuda a Domicilio Especializada en la zona metropolitana de la isla. 

Y es en este proceso donde los trabajadores del IASS entienden que se han cometido irregularidades en el expediente. Así, señalan en la querella que la gerente del Organismo, Yazmina León Martínez, publica un anuncio “informando que el IASS busca un edificio para reubicar a 240 pacientes del Hospital Febles Campos” y que, “siendo conocedora que las instalaciones de que dispone Clece no son suficientes, a fin de adaptarse a la capacidad de dicha empresa, rebaja de forma considerable las condiciones mínimas del inmueble que buscan”. 

Ante esta publicación, Francisco Cipriano Lázaro, representante de Clece, informa al IASS que la empresa cuenta con un contrato de arrendamiento con el Seminario de La Laguna para la construcción y explotación de una residencia de mayores con capacidad para 167 plazas -la necesidad inicial era de 190- y que, además, se ha formalizado el arrendamiento de un edificio anexo para unas 50 o 55 plazas -la oferta del IASS solicitaba contar con, al menos, 70 plazas-. Sin embargo, este segundo edificio fue “arrendado de forma condicionada tan solo un día antes de presentar la documentación y de finalización del plazo” para ello.

Pese a, añaden, “las deficiencias”, el presidente del Cabildo y la consejera de Acción Social y presidenta del IASS, confirman el traslado del Febles Campos al Seminario Diocesano de La Laguna. A ello suman que, en la Memoria Económica-Financiera de la empresa Clece, “se desvela el concierto de los querellados para llevar a cabo un presunto delito de defraudación económica de caudales públicos”. Y es que, según la propuesta de dicha empresa, es el IASS quien “debe asumir todos los gastos incurridos hasta el momento (arrendamiento, proyectos, coste de las obras y su financiación, licencias) así como el abono de los beneficios de explotación que Clece había previsto, sin realizar ningún trabajo, ni trámite y sin ostentar ninguna responsabilidad sobre la explotación”. 

En la propuesta establecen que el subarriendo del edificio de 167 plazas supone una renta de 1,37 millones de euros al año durante un período de cinco años cuando el precio firmado con el Seminario Diocesano es de 220.000 euros al año. Asimismo, por el edificio anexo de 50 o 55 plazas, establece una renta anual 860.000 euros cuando al Seminario la empresa abona 70.000 euros. No obstante, el IASS, según se recoge en la querella, también debe asumir los pagos de impuestos, tributos, tasas o licencias que graven la actividad; costes de suministros; dotación y mantenimiento de todo el edificio; y el pago de los gastos comunes del recinto. 

Por otro lado, se señala que la gerente del IASS, Yazmina León, “consulta con Clece si estaría dispuesto a realizar las obras que resulten necesarias” y se ofrece a la empresa “que el importe de las obras sea incluido (irregularmente) como parte de la renta del arrendamiento que el Organismo debe abonar”, lo que podría incurrir en un fraude de Ley para eludir los condicionamientos impuestos a la ejecución de obras en los que sea parte la administración pública. Añaden en la querella que durante el desarrollo de las negociaciones y la tramitación del expediente, la dirección del IASS “ha excluido expresamente la participación de los Servicios Administrativos del Organismo de Gestión Económica y/o Tesorería Delegada, así como a la Unidad de Intervención y a la Secretaria Delegada del Organismo”.

Posteriormente, tanto Clece como el IASS amplían el subarrendamiento a un mínimo de 10 años, prorrogables de forma automática y con una renta de 980.000 euros al año (743.909 euros por el edificio principal y 236.091 euros por el anexo). Ante todo esto, los trabajadores del IASS, a través de los órganos de representación legal y sindical, “remitieron escritos al presidente del Cabildo para mantener una reunión en la que poner en su conocimiento los hechos denunciados y buscar soluciones”. Petición a la que, añade, “se negaba” por lo que, posteriormente, envían un nuevo escrito exponen una denuncia previa a la presentación de la actual querella. Pese a no responder, el presidente del Cabildo y la consejera de Acción Social “promueven la aprobación de un acuerdo colegiado por parte del Consejo Rector del IASS”, a quienes los trabajadores también remitieron un escrito en el que detallaban todo lo sucedido, por lo que “una parte de ellos se abstuvieron o votaron en contra de la propuesta”. 

Ante todo ello, entienden que se comete un presunto delito de prevaricación administrativa “desde la publicación del anuncio por parte del IASS que no se adapta a las necesidades reales para el traslado del Hospital Febles Campos, sino a las posibilidades del edificio arrendado por Clece”, así como por el “sometimiento reiterado y prolongado durante la tramitación del expediente a las exigencias y condiciones de la empresa” y por pretender “enmascarar un negocio complejo, que incluye la adjudicación de obras públicas, bajo la apariencia de un arrendamiento”.

Apuntan también a un posible delito de negociaciones prohibidas y tráfico de influencias en el supuesto de que las actuaciones “se han realizado mediando influencias por tener relaciones previas o personales”. Finalmente, señalan que se ha podido cometer un presunto delito de defraudación de caudales públicos “cuando se abonan por parte del IASS, cantidades económicas desproporcionadas y abusivas, en contra del interés público, al incluir en la renta de arrendamiento cuantías ajenas al uso y disponibilidad del edificio, añadiendo beneficios de explotación y otros dividendos para una empresa que no presta ningún servicio”.

Casi nada. Tiene muy mala pinta este asunto. Hoy rueda de prensa en el Cabildo por parte de este sindicato y sus representantes. Pobrecito Pedro Martín. Eso le pasa por no mirar bien a quien tiene al lado y preocuparse de otros y no de sí mismo. En fin.