La Pltaforma vecinal El Yodo acusa al alcalde de Santa Lucía de Tirjana de desprecio institucional
Consideran que hace maquillaje político ante la catástrofe ambiental de Pozo Izquierdo
Juan Santana / Las Palmas de Gran Canaria
La Plataforma Vecinal "El Yodo", colectivo que aglutina a los residentes del sector septentrional de Pozo Izquierdo, denuncia públicamente el trato ofensivo y degradante infligido por el alcalde Francisco García, su grupo de gobierno y el equipo redactor de la UTE Castellano-Cabrera hacia la ciudadanía del municipio, tras consumarse la cancelación unilateral y fraudulenta de las jornadas informativas del Plan General de Ordenación (PGO).
El pasado 20 de mayo, los vecinos estaban formalmente convocados a una sesión técnica en el local de la Asociación de Vecinos de Pozo Izquierdo para debatir las afecciones territoriales del nuevo planeamiento. Ante la relevancia del acto, el portavoz de nuestra plataforma se desplazó expresamente desde la isla de El Hierro para trasladar las propuestas de los afectados.
En un acto de cobardía política, el Ayuntamiento desconvocó el encuentro la noche anterior, sin notificar a los vecinos y dejando el local clausurado, impidiendo de forma deliberada el debate democrático sobre el futuro urbanístico de nuestro litoral.
La gravedad de este boicot se acentúa por la flagrante hipocresía demostrada por el alcalde Francisco García y la concejala de Participación, quienes solo un día después, el 21 de mayo, presentaron públicamente en redes sociales y medios de comunicación el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana de Santa Lucía.La plataforma vecinal califica de mentira y "paripé irrisorio" esta campaña propagandística del Ayuntamiento.
Mientras el alcalde se vanagloria de crear herramientas de diálogo vecinal, su administración practica de manera sistemática el bloqueo de información, ignorando y dejando sin respuesta las preguntas técnicas que son registradas de manera oficial por el registro electrónico general del Ayuntamiento, vulnerando el derecho elemental de los ciudadanos a relacionarse de forma transparente con su administración.
Detrás de este silencio institucional se esconde un desprecio absoluto hacia la emergencia de salud pública que padece el arco septentrional de Pozo Izquierdo. La inacción en el mantenimiento de la red de alcantarillado, cuya titularidad de la Finca Pública 32792 corresponde exclusivamente al Ayuntamiento desde el año 2002, ha provocado la rotura de los colectores de saneamiento en la Avenida de las Gaviotas.
Diariamente, se vierten aguas fecales directas al mar, creando una insalubridad insostenible ("sopa bacteriológica") con vertidos fétidos y manchas oscuras que han provocado graves infecciones en los usuarios de las aguas de baño. La plataforma denuncia que el Ayuntamiento dispone de recursos y de proyectos técnicos redactados para dar solución al saneamiento, como el informe elaborado por Trama Ingenieros en 2022, pero prefiere mantenerlo oculto para forzar un estado de ruina técnica inducida que devalúe las viviendas preexistentes de la zona.
Esta desidia obedece a los intereses especulativos del nuevo PGO, cuya "Alternativa 1" busca desplazar a los residentes consolidados anteriores a 1988 bajo el pretexto del riesgo de inundación costera (ARPSI), mientras autoriza la implantación de grandes desarrollos hoteleros y deportivos en esa misma franja costera para incentivar la gentrificación litoral.
Frente a este trato degradante y vejatorio, la Plataforma Vecinal "El Yodo" anuncia que no se someterá a los chantajes políticos de un gobierno municipal débil y fragmentado. Exigimos la dimisión inmediata de la concejala de Obras Públicas, Minerva Pérez, y del concejal de Ordenación del Territorio, Ramón Leví Ramos.
Asimismo, comunicamos que hemos iniciado los trámites para la impugnación completa de la "Alternativa 1" del planeamiento ante la jurisdicción contencioso-administrativa, así como la presentación de la correspondiente querella penal ante los juzgados competentes para que se depuren las responsabilidades del alcalde, de sus concejales y de la dirección técnica del equipo redactor como presuntos autores de un delito de prevaricación urbanística y de omisión del deber de perseguir delitos ambientales.
