Los empresarios chulos

Javier Doreste Zamora (*)

Es tradición en nuestra tierra que determinados empresarios o personajillos acudan a la chulería como forma de vida. Son los que, al encontrarse con la oposición de un ciudadano normal, se engallan y sueltan lo de “usted no sabe con quién está hablando”. Los que se ríen de los convenios, evaden capitales, utilizan todos los resquicios de las leyes para no pagar a la Hacienda pública y se entretienen con menores. Las leyes están para otros, no para ellos.

Con esa filosofía, Lopesan ha ocupado el barranco y la playa pública en Las Meloneras para extender su campo de golf: un campo privado, de explotación privada, donde solo juegan los que han pagado. Ha puesto barreras que impiden que los coches de los ciudadanos normales lleguen a la playa y ha levantado diques en medio del cauce, que suponen un peligro en caso de lluvias torrenciales. Y no lo decimos nosotros, sino un informe de la Guardia Civil, del Seprona, que recoge además una declaración del Ayuntamiento de San Bartolomé: las obras realizadas por Lopesan se han hecho sin licencia ni permiso municipal y son, además, ilegalizables.

Lopesan se ha visto obligada por Costas a levantar las barreras que privatizaban el acceso a la playa de Los Hornillos y su conexión terrestre con Pasito Blanco. Y esto ocurre mucho tiempo después de esa privatización encubierta. Ni el Cabildo ni el Ayuntamiento de San Bartolomé dijeron nada cuando se produjo. Es ahora, a instancias de la Jefatura de Costas —que solicita la intervención y el informe del Seprona— cuando la ciudadanía se entera de que las barreras eran ilegales y que las obras ejecutadas por Lopesan en el entorno del campo de golf invaden dominio público y ponen en peligro el propio del barranco, al tratarse, una de ellas, de un dique en medio del cauce. Y es ahora cuando, a instancias del Seprona, el Ayuntamiento responde que las obras son ilegales e ilegalizables. Hasta ahora habían callado con un silencio cómplice, mirando para otro lado ante la chulería de la empresa.

En realidad, bajo la excusa de las mejoras del campo de golf, del cauce del barranco, etc., lo único que pretende Lopesan es aumentar su patrimonio a costa del suelo público y construir un nuevo hotel en la zona. Por si éramos pocos, parió la abuela: otro hotel en una isla con sobrecarga de turistas. Como si no tuviéramos camas turísticas suficientes.

Todo esto nos deja un par de certezas. La primera, que Lopesan está acostumbrada a hacer lo que le viene en gana, sin encomendarse a dios ni al diablo. Cree, y de hecho actúa, como si pudiera intervenir en el medio natural sin respetar ni cauces de barrancos, ni caminos del agua, ni dominios públicos. Actúa desde la impunidad absoluta. Con chulería.

La segunda, que la administración local mira para otro lado cuando se trata de esta empresa. Solo cuando otra administración o la Guardia Civil intervienen y piden información, descubren que se están realizando obras ilegales e ilegalizables. Es decir, que Marco Aurelio prefiere mirar para otro lado cuando de Lopesan se trata. Con esa actitud, lo único que hacen es alimentar la chulería empresarial.

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