En patera a Inglaterra

Vizago (*)

 

La semana pasada marcó un hito: desde 2018, han llegado a Inglaterra en patera más de 200.000 personas. En inglés se denominan small boats (pequeñas embarcaciones). ¿Desde dónde zarpan estas pateras? ¿Desde un país en guerra? ¿Desde un país con hambruna? No. Zarpan desde Francia. Los principales países de origen de estas personas son Eritrea, Afganistán, Somalia, Sudán, e Irán.

 

El flujo de pateras desde Francia a Inglaterra, a través de una de las rutas marítimas más peligrosas pone en tela de juicio la idea, frecuentemente enunciada en el contexto canario, de que nadie emprendería un viaje en patera si su vida no corriera mayor peligro en caso de no hacerlo.

 

La motivación de las personas que cruzan en patera el Canal de La Mancha para llegar a Inglaterra es diversa. Principalmente, obedece a la percepción de un mercado laboral más favorable que en Francia; el deseo de unirse a comunidades ya implantadas en Reino Unido de similar cultura, religión y etnia; la preferencia por la lengua inglesa frente a otros idiomas europeos.

 

Todos los años decenas de personas mueren ahogadas intentando llegar a Inglaterra desde la costa francesa. A pesar de ello, el número de personas que llega a Inglaterra en patera ha ido en aumento.

 

Esto lleva a una conclusión tan innegable como ausente en la narrativa oficial sobre la migración: las personas están dispuestas a jugarse la vida y la de sus hijos por la promesa de una vida mejor, sin que sea necesario estar pasando hambre o estar en peligro.

 

A lo largo de los años, la actitud de los británicos ha pasado de la incredulidad al enfado. Este enfado no va dirigido a los migrantes sino hacia los gobernantes británicos. Sucesivos gobiernos se han mostrado incapaces de confrontar el problema. Los eslóganes rimbombantes han resultado vacíos de contenido. El anterior gobierno conservador prometió “Parar las Pateras”. El actual gobierno laborista dijo que iba a “Reventar las mafias de inmigración”. Más allá de la retórica, el flujo de pateras hacia Inglaterra continúa.

 

En el periodo 2023-2026 el gobierno británico entregó al gobierno francés 545€ millones para dotar de medios a la policía francesa en un infructuoso intento de parar la llegada de pateras a Inglaterra. El mes pasado, el gobierno británico acordó entregar al gobierno francés durante el próximo trienio 767€ millones. Este tipo de medidas sólo ha producido una reciente disminución en el número de pateras, sin que se haya logrado atajar el problema.

 

Cuando los gobernantes se revelan impotentes para dar solución a los problemas de los ciudadanos, el terreno está abonado para el populismo. En las elecciones autonómicas y regionales celebradas la semana pasada en Inglaterra, Gales y Escocia, el partido anti-inmigración Reform UK fue a nivel nacional, con diferencia, el más votado.

 

Durante más de veinte años las encuestas de opinión han venido mostrando que el volumen de inmigración (legal e ilegal) es una de las mayores preocupaciones de los británicos. Durante el mismo periodo de tiempo se ha llevado a cabo una transformación demográfica del país sin precedente, en contra de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Las cotas más altas de inmigración se han alcanzado bajo la presidencia de políticos que antes de llegar al poder habían criticado niveles de inmigración “fuera de control” y habían prometido reducirlos.

 

En 2025, por tercer año consecutivo el nombre más frecuente entre los recién nacidos en Inglaterra y Gales fue Mohammed. Hay quienes ven en la creciente fragmentación cultural, religiosa y étnica algo positivo que hay que celebrar. Quizá esté faltando espíritu crítico al aceptar como valor incuestionable la ‘diversidad’. Si bien a nivel local la inmigración masiva incrementa la diversidad, sea bueno o malo, si se eleva el punto de mira se constata que tiene el efecto opuesto. Excepto en Europa, en ningún otro continente se está difuminando la identidad cultural a través de un proceso de transformación demográfica. El mundo perdería en diversidad sin una civilización reconociblemente europea.

 

El actual gobierno laborista británico (equivalente políticamente al PSOE) ha endurecido notablemente los requisitos de asilo, residencia y ciudadanía. Por ejemplo, el estatus de refugiado será revisable periódicamente y no conllevará el asentamiento indefinido en el país. Las personas que hayan entrado ilegalmente al Reino Unido tendrán que esperar hasta treinta años para obtener la condición de asentados en el país.

 

En estas reformas de las leyes de inmigración británicas se ha utilizado explícitamente el modelo danés como referente. Dinamarca tiene las leyes de inmigración más duras de la Unión Europea, impulsadas por el partido de izquierda Social Demócrata que ha gobernado el país durante los últimos siete años. Su gestión se ha caracterizado por la defensa del estado del bienestar y los derechos de los trabajadores, así como una política migratoria fuertemente restrictiva. Al mismo tiempo, Dinamarca es uno de los países de Europa que más dinero destina a la ayuda humanitaria internacional. En las elecciones generales danesas del pasado marzo, el partido Social Demócrata volvió a ser el más votado.

 

En España, el PSOE transita por la senda opuesta, regularmente modificando las leyes de inmigración para hacer aún más rápida y fácil la residencia indefinida de quienes llegan o permanecen en el país de forma ilícita. La actual amnistía masiva por decreto del gobierno, sin votación en el Parlamento, acelera un proceso de legalización que de otro modo se hubiera producido por otras vías en un plazo de tiempo algo mayor.

 

También en España, la inmigración es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos. El presidente del gobierno ha sido franco declarando que la Patronal de Empresarios y la Iglesia Católica habían “demandado” la amnistía de inmigrantes en situación irregular. El gobierno ha desoído la opinión social mayoritaria, prefiriendo satisfacer el insaciable apetito de mano de obra barata de los empresarios. A un lado se deja la saturación de los servicios públicos, el impacto en el precio de la vivienda y la masificación urbana.

 

Posiblemente sea desde la oposición, tras las próximas elecciones generales, donde la izquierda española quizás encuentre la capacidad autocrítica para valorar si sus actuales políticas migratorias representan o favorecen a sus votantes y a la sociedad en su conjunto.