Nada más comenzar el mes de marzo conocemos dos noticias que diferencian los objetivos de Izquierda Unida Canaria y el Partido Popular en materia sanitaria, por una lado Izquierda Unida lleva a los treinta y un municipio mociones encaminadas a la defensa de la construcción de los hospitales públicos del Norte y Sur de la isla de Tenerife, además de que plantea la aprobación plenaria de instar, desde los consistorios, al ejecutivo autonómico a impedir la privatización de los servicios sanitarios y, por otro lado el Partido Popular, a través de sus consejero insular de sanidad, propone que el capital privado entre a formar parte en los escasos hospitales públicos existentes en la isla.

El consejero insular y senador por Tenerife del Partido Popular, afirma que mediante una fórmula empresarial denominada Responsabilidad Social Corporativa (RSC), se abriría la posibilidad de que el capital privado entrase en la gestión de los hospitales públicos, argumentando esta intromisión de los privado en los público, por la existencia de un agujero de 70.000 millones de euros en el sistema público de sanidad y, que la única solución que se le ocurre es invitar al sector privado a participar, pero elude y obvia decir que contrapartida tiene esta participación del sector privado, pues sería difícil creer en el altruismo empresarial.

Argumentar la idoneidad de la privatización, en base al coste económico que supone mantener un sistema público de sanidad es un grave error, pues no se expone de que forma la gestión privada reduce los costes, lo que nos llevaría a pensar que es reduciendo la calidad de los servicios y costes laborales entre otros, fundamentos que no son permisible en una sociedad moderna, que camina hacia el estado del bienestar. Que caso de que se opte por alcanzarlo, tendríamos que las patologías deficitarias económicamente, no tendrían el mismo tratamiento y atención que el resto, fomentando la diferenciación entre clases, dependiendo de que tipo de patología se sufra, en el caso que nos ocupa.

El acceso a los servicios sanitario públicos ha aumentado y debe continuar ese proceso, para garantizar el derecho de igualdad de todas las personas, sea cual sea su condición social, no se puede descartar un tratamiento por esporádico o especifico que sea, pues para el sufridor de esa patología es prioritario ese tratamiento médico. ¿Cómo se le puede decir a una persona que no puede optar al cambio de sexo, cuando ya se ha comprobado científicamente, que no es un capricho? ¿Qué argumentos se le da a quien precise una intervención de cirugía plástica, derivada por deformaciones accidentales?

El análisis del aumento del uso de los servicios sanitarios debe hacerse de forma integral y, no de una manera tan superficial, como la expuesta por el consejero, enfocada a que la única salida es la privatización del servicio, debiendo realizar estudios y propuestas en la mejora de las relaciones laborales, que redundarían en prevención de enfermedades profesionales, en mejoras salariales que le permitan a la ciudadanía erradicar de su dieta los productos industrializados altamente calóricos, sustituyéndolos por los naturales. Recordemos que tenemos un grave problema de obesidad en la población y, sobre todo en la población infantil, condicionante principal de deterioro de la salud, especialmente en las relacionadas con las enfermedades cardiovasculares. El estrés, que esta repercutiendo de manera importante en el estado de salud, es otro de los temas a corregir, que mayoritariamente viene dado por las condiciones de trabajo y, las exigencias de una sociedad cada día más exigente. Mejorar el sistema educativo, determinaría que las personas conociesen y estudiasen las ventajas de elegir mejor su alimentación y su comportamiento diario, exigiendo que se impartan clases formativas de salud preventiva. El impacto medioambiental, como efecto colateral de lo que han venido a llamar desarrollismo esta repercutiendo negativamente en la salud de los individuos, mayoritariamente por los altos niveles de emanación de gases tóxicos, datos expuestos en el informe del ministerio de medio ambiente del año 2007, que determinaba que 16.000 personas morían prematuramente al año en España, por efectos de la contaminación. En estos aspectos es donde se debería dirigir las políticas sanitarias, no sólo para disminuir los recursos que se destinan a la sanidad, sino para mejorar la calidad de vida del ser humano.

El pretender calificar a un paciente de cliente, porque se diga que el cliente puede reclamar a diferencia del paciente, es un insulto a la inteligencia humana. Los usuarios de la sanidad pública podemos y debemos reclamar, cuando así lo consideremos oportuno, amparados en normativas y derechos adquiridos durante mucho tiempo, sin que se repercuta represalia a reclamante, pero en cambio si reclamas a una empresa y se determina, de dicho requerimiento, no tiene cabida o no se detecta algún error en dicha reclamación, la empresa esta facultada en exigir al reclamante daños y perjuicios, amparándose entre otros casos en el lucro cesante, o en el deterioro ocasionado en la imagen corporativa, consiguiendo, caso de privatizar el servicio, la debida obediencia al servicio prestado o al diagnostico recibido.

La puesta en escena del proyecto privatizadora de la sanidad, expone que “el cliente” podría optar a elección de médico, como algo novedoso, cuando ese derecho ya lo tenemos recogido en nuestro estado de derecho, sin que las administraciones públicas lo hayan potenciado, fomentado y promocionado, trasladando a la ciudadanía la sensación de que el sector privado es el único que podría facilitarlo, cuando la experiencia nos demuestra todo lo contrario, entre ello tenemos algunos ejemplos. La Banca oferta los mismos servicios, pudiendo cualquier personas contratarlos con la entidad que quiera o, que mejor le solvente su demanda, en cambio se ponen de acuerdo en épocas de vacas flacas, como la que ellos mismos han propiciado, para no ofrecer créditos, estrangulando a las Pymes y familias, en cambio con una banca pública podría dar oxigeno a la situación actual. La introducción de las grandes superficies se vendió como que abarataría la cesta de la compra y, creación de empleo. La realidad es que la cesta más cara del estado la tenemos en Canarias y, el trabajo ofertado por estas distribuidores es precario, destruyendo muchos puestos de trabajo del pequeño comercio y así podríamos continuar con varios casos, acciones que tienen un común denominador: la concentración de la riqueza en pocas manos.

La afirmación de Antonio Alarcó de que la Seguridad Social puede quebrar, sino se privatiza la prestación de atención sanitaria y hospitalaria, es un dislate indigno de alguien que ostenta la responsabilidad política de la sanidad insular, ya que las cotizaciones a la seguridad social no van destinadas a cubrir los gastos sanitarios, éstos se financian a través de partidas presupuestarias dentro de los presupuestos generales del Estado y de las comunidades autónomas, por lo que debemos reformar el sistema fiscal, para que sea más justo, que quien más gane más pague, que exista pleno empleo de calidad, que la educación sea eficaz, que la información sea la correcta, plural y veraz, para que las personas opten por conductas saludables, evitando invertir en patologías provenientes de malos hábitos. La teoría de que lo privado es mejor que lo público, sólo es entendible de los que están debidamente pastoreados por el empresariado interesado.

(*) Presidente del colectivo ecologista Tagoror Achinech y miembro de la plataforma pro hospital del Sur de Tenerife.